Un juez de la Audiencia Nacional, dos fiscales Anticorrupción y un grupo de guardias civiles llamado de Delitos contra la Administración destrozaron este miércoles el penúltimo espejismo de la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Donde había un político asertivo, implacable en la denuncia de noticias en su contra, la televisión mostraba a un hombre que se tapaba el rostro camino de la Comandancia de Tres Cantos, donde los agentes le darán hasta el viernes la oportunidad de dar su versión sobre las cinco operaciones en las que habría participado presuntamente para desviar dinero público a cuentas en Suiza con la herramienta del Canal de Isabel II.
Una vez más, la supuesta gestión ejemplar que propició las mayorías absolutas del Partido Popular se desmorona para que una investigación judicial escriba “organización criminal” o “blanqueo de capitales” al lado del nombre que ocupó la segunda posición en la lista electoral en Madrid, solo por detrás de Esperanza Aguirre. Nada menos que nueve años presidió González la empresa pública de 1.000 millones de presupuesto anual y más de 2.000 empleados con la que se hicieron ricos, presuntamente, González y su entorno.
La Operación Púnica comenzó a mostrar señales preocupantes a Ignacio González cuando su sucesor al frente del Canal de Isabel II, Salvador Victoria, resultó imputado. Fue entonces cuando la empresa pública apareció por primera vez como sospechosa de desviar fondos de la gestión del agua a cometidos como pagar los trabajos de reputación online del conseguidor Alejandro de Pedro para Ignacio González. Pero quien dio con sus huesos en la cárcel con la Púnica fue Francisco Granados, el enemigo íntimo de González en el PP madrileño, y también mano derecha de Aguirre.
Se cumplía un año de la detención de Granados cuando la Fiscalía Anticorrupción arrancó unas pesquisas centradas en exclusiva en el Canal de Isabel II, a raíz de una denuncia cuyo contenido los investigadores guardan aún con celo bajo el argumento que resulta clave para actuaciones que todavía les quedan por realizar.
Diez meses después, el consejo del Canal de Isabel II afín a Cristina Cifuentes votaba a favor de llevar a la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre una de las cinco líneas de investigación que sigue hoy la Audiencia Nacional, la adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes, una firma cuya valoración cayó en medio año en cinco millones de euros. La oposición en la Asamblea de Madrid cree que solo con esa operación se desviaron 33 millones de euros del Canal de Isabel II.
Pero la investigación de la Guardia Civil trasciende Brasil para expandirse por otros países de Latinoamérica donde opera la empresa pública. Canal de Isabel II Gestión controla el Canal Extensia, vehículo que a su vez controla el 81% del Grupo INASSA, que luego ejerce de matriz de las inversiones a través de una constelación de empresas que se ha extendido ya a siete países: Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Panamá, México y Haití, según publicó eldiario.es. En Panamá, país que se asemeja bastante a un paraíso fiscal, INASSA tiene delegación directa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha fijado en la trama colombiana del Canal de Isabel II para bautizar la Operación Lezo, en referencia al marino español Blas de Lezo, quien en 1741 defendió Cartagena de Indias del ataque de los ingleses. A finales de 2014, la ciudad de Santa Marta -ubicada como Cartagena en el Caribe colombiano- rescindió el contrato que mantenía con el Canal de Isabel II por abusivo, ilegal y de origen dudoso.
Fue precisamente en una visita al Caribe colombiano en 2008 del entonces vicepresidente madrileño y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, donde se registró uno de los episodios más polémicos y aún no aclarados relacionados con el hoy presidente de la Comunidad: González y varios directivos del Canal fueron grabados en vídeo por un detective privado en Cartagena de Indias, capital del Estado limítrofe a Santa Marta, transportando unas extrañas bolsas blancas. Entre esos directivos está Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal residente en Bogotá, que cobraba hasta abril pasado más de 20.000 euros mensuales, y que ayer fue detenido por la Guardia Civil.
Y de Latinoamérica a Suiza. Según fuentes próximas a la investigación, la Guardia Civil ha rastreado el dinero de la corrupción hasta llegar al país helvético. El secreto de la investigación mantiene a buen recaudo los avances de la Fiscalía y la Guardia Civil sobre el destino final del dinero presuntamente desviado por Ignacio González y su hermano Pablo, entre otros.
Otras de las líneas de investigación apuntan a un ámbito más próximo. En la tarde del miércoles, agentes de la UCO trasladaron una decena de cajas incautadas en las sedes de Urbaser y Auditel, pertenecientes al grupo ACS, al Juzgado de Eloy Velasco en la Audiencia Nacional.