La Guardia Civil sitúa a un cargo del Gobierno de Aznar entre los chivatos de la trama Lezo

La Administración de Justicia, el Gobierno de España, los consejos de empresas públicas y una gran constructora. Estos son los cuatro ámbitos en los que ha desarrollado su trayectoria José Manuel Serra Peris, a quien la Guardia Civil señala como una de las personas que pudo facilitar a la “organización criminal” de Ignacio González información sobre la investigación que se estaba realizando sobre ella. Serra Peris es un viejo conocido del PP: llegó a secretario de Estado de Industria y Energía en el Gobierno de José María Aznar y mantiene a día de hoy una relación directa con varios miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre ellos el ministro de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes del entorno del investigado.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), incorporado al sumario de la Operación Lezo, concluye que hay “sólidos indicios de que José Manuel Serra Peris puede haber sido una de las personas que habría facilitado a Edmundo Rodríguez información sobre asuntos de carácter secreto”. “Estas circunstancias podrían haber causado un grave perjuicio a la investigación, provocando que se hubieran destruido pruebas, ocultando patrimonio, etc…”, añade el informe de la UCO.

En esas gestiones los investigadores vuelven a atribuir un papel clave a Edmundo Rodríguez Sobrino presidente de Inassa, el hombre de Ignacio González para los asuntos del Canal en Latinoamérica y hoy en prisión provisional, como el expresidente de la Comunidad de Madrid. El 19 de octubre de 2016 habla por teléfono con María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal y también detenida en la Operación Lezo. Le comenta que un tal Diego le ha dicho que la Fiscalía española ha solicitado información a la suiza a raíz de la querella presentada respecto a la compra de la brasileña Emissao por Canal de Isabel II. Los agentes creen que Rodríguez Sobrino alude a Diego Fernando García Arias, representante de Inassa en Colombia, país al que la Audiencia Nacional le reclama. Rodríguez Sobrino comenta a Richmond que va a intentar cotejar la información a través de “José Manuel”.

“Voy a intentar averiguar a través de… eh, es que esta semana no he podido verle, me dice que la semana que viene, de nuestro amigo, de nuestro amigo eh… JM, José Manuel, a ver si me puede ayudar con algo de información de cómo van los temas aquí ¿sabes? Te acuerdas que era el amigo de uno de éstos y no sé qué ¿no?”, afirma Rodríguez Sobrino. Richmond contesta afirmativamente, y el expresidente de Inassa añade: “A ver si sabemos algo porque ellos dicen que el fiscal de aquí ha mandao, ha pedido al fiscal de Suiza información y no sé qué, yo no me lo creo eso, o sea me parece tal patochada”

Dicho y hecho. Seis días más tarde, el 25 de octubre, la secretaria de Rodríguez Sobrino telefonea a la de José Manuel Serra Peris. Al final, es el propio Serra Peris el que telefonea a Rodríguez Sobrino. “Yo quería tomarme un café rápido contigo eh… para un tema puntual que por teléfono no, no… no es adecuado”, le dice Rodríguez Sobrino. Quedan para el día siguiente a las 11:30 en el barrio de Salamanca.

Los agentes que escuchan la conversación comienzan desde ese momento a organizar el dispositivo para lograr captar el contenido de la charla que se va a producir. Sin embargo, les resulta imposible: Edmundo recoge a Serra Peris en su vehículo y luego hablan mientras caminan por la calle. Pueden hacerles fotos, pero no escuchan lo que dicen. Sin embargo, una llamada poco después del encuentro entre Edmundo y su secretaria permite confirmar que Serra Peris ha prometido a Rodríguez Sobrino que le realizará la gestión.

 “¿Qué tal te ha ido con éste?”, le pregunta Clarisa Guerra. “Bien, lo que quería pedirle me dice que me lo va a hacer, o sea, bien”, contesta Rodríguez Sobrino. “¿Pero es un favorcillo, no?”, dice ella. Y Rodríguez Sobrino contesta: “Es un favorcillo, sí. Hombre, si me lo hacen… es un favor grande”. “Ya me comentarás in person”, añade ella.

“Anticorrupción es la Santa Inquisición”

Los agentes continúan atentos a las escuchas hasta que dos meses después vuelve a aparecer el hilo del chivatazo. Es 20 de diciembre y Rodríguez Sobrino habla en persona con Ignasi Maestre, consultor e investigado igualmente en la operación Lezo. En esa conversación, Edmundo Rodríguez ya parece saber mucho más de lo que ocurre en la Fiscalía de lo que conocía cuando recurrió a Serra Peris.

“Joer, se ha hecho de todo Ignasi. No… no ha habido nada… mira, el tema lo mandan a Fiscalía General, lo ve y dice yo aquí no veo nada, mandárselo al Fiscal de la Comunidad de Madrid por si acaso, se lo mandan al Fiscal de la comunidad de Madrid y el Fiscal de la Comunidad de Madrid lo ve y dice yo aquí no veo nada, mandárselo a Anticorrupción por si acaso, y acaba en Anticorrupción y Anticorrupción es… es la Santa Inquisición”, registran los agentes.

En un momento parece que uno de los teléfonos suena. Rodríguez Sobrino explica a su interlocutor que lleva dos teléfonos, y que el utilizado en ese momento es “colombiano”. “Este es el único con el que puedo hablar con algo de privacidad, porque en éste estoy pinchado”, añade. Maestre y Rodríguez Sobrino se llaman a través de whatsapp y un día el abogado y consultor comenta a su amigo que otra aplicación, Signal, tiene un sistema de encriptación que dificulta cualquier seguimiento.

El posible chivatazo de Serra Peris no es el único que recibe Edmundo Rodríguez Sobrino, por otra parte consejero del periódico La Razón. El 22 de noviembre, Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana charlan en el despacho del primero. Por teléfono mantienen precauciones, pero en la oficina se sienten a salvo. En un momento dado, González le cuenta a Zaplana que Mauricio Casals, presidente del citado periódico, le ha contado que una magistrada “amiga de la casa”, en referencia a La Razón, le ha dicho que Edmundo Rodríguez está “grabado” manteniendo una conversación “muy extraña”.

Con estos elementos, la UCO hace “una valoración policial”. “La certeza que Edmundo Rodríguez parece tener respecto a la intervención de sus comunicaciones, su conocimiento sobre actuaciones de la Fiscalía en la presente causa penal, así como del grado de detalle de los departamento del Ministerio fiscal que intervinieron en el curso de la denuncia presentada por el presidente de Canal Gestión en Fiscalía General del Estado el 13 de julio de 2016, y evidentemente la coincidencia con la realidad de estas cuestiones, constituyen indicios claros de que alguien con capacidad de acceso, directo o indirecto, a la presente causa habría estado informando a Edmundo Rodríguez Sobrino de aspectos relevantes de la misma, siendo preciso incidir en el carácter secreto de las informaciones”, escribe el instructor de las diligencias.

“Facturación ficticia triangular”

Serra Peris está imputado por participar presuntamente en una trama de blanqueo de capitales dentro del caso Lezo. Los investigadores creen que puso dos de sus sociedades como pantalla para que el empresario Jaime Antoñanzas pagara en negro a Ignacio González, “una presunta facturación ficticia triangular”, en palabras de la UCO. González y Serra Peris mantienen “una estrecha relación personal”, precisan los agentes.

Entre 2012 y 2015, Serra Peris fue consejero y vicepresidente de Canal Gestión, una filial del Canal de Isabel II que llegó a presidir durante tres meses. Hay que dar un salto hacia atrás en el espacio y el tiempo para encontrarlo en el primer escenario de la Operación Lezo, concretamente hasta Cartagena de Indias en septiembre de 2008. Allí aparece junto a Ignacio González y su hombre para los asuntos de Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, un viaje seguido y grabado por unos detectives y que da nombre a la operación, por haber defendido el marino Blas de Lezo la ciudad colombiana de un ataque inglés en el siglo XVII.

Llama la atención de los investigadores que Serra Peris participara con ellos en un viaje cuyos protagonistas defienden que estuvo exclusivamente vinculado a la actividad del Canal y sobre el que se ciernen sospechas de cobro de comisiones. En aquel momento, Serra Peris era consejero de la constructora Martinsa, vinculada al mayor pelotazo de la trama Gürtel en Arganda del Rey y que, según apunta una linea de la investigación, podría estar detrás del ático que Ignacio González disfruta en Estepona y por el que está imputado en otro sumario. Serra Peris no se incorporaría al Canal hasta cuatro años después del viaje a Colombia.

Documentación interna del Canal de Isabel II ha permitido conocer a los investigadores que Serra Peris también era consejero de AAA Dominicana, una empresa participada por Inassa y de la que existen sospechas por el pago de sobornos a funcionarios y cargos públicos en aquel país. En su informe, los agentes destacan los “numerosos vuelos” que Serra Peris ha seguido realizando a República Dominicana, Reino Unido, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos y la propia Colombia.

José Manuel Serra Peris es abogado del Estado, de la misma promoción que Iván Rosa Vallejo, el marido de la vicepresidenta del Gobierno. Estuvo destinado en la Delegación de Hacienda y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De ahí, y con la victoria de Aznar en 1996, dio el salto a un cargo político, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Energía, del que después fue subsecretario y secretario de Estado. En aquella época conoció a Ignacio González, ambos integraban la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se reúne todas las semanas en Moncloa.

El abogado del Estado ha pasado por los consejos de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la de Participaciones Patrimoniales y de Red Eléctrica, entre otros muchos. Amigo de Rodrigo Rato, en 2011 se convirtió en consejero de Bankia y participó en la investigada salida a bolsa de la entidad. El 11 de mayo pasado, ya imputado en el caso Lezo, el juez Fernando Andreu le procesó junto al resto de acusados del desastre en la entidad financiera.