Ignacio González actuó como el “crimen organizado” en sus maniobras sobre la justicia
El poder acumulado durante años en primera línea de la política fue utilizado por Ignacio González para tratar de frenar las investigaciones que le amenazaban. En las grabaciones del caso Lezo hay conversaciones con altos cargos del Gobierno, intentos de influir en los nombramientos de la Fiscalía o por cambiar a los jueces que iban tras él. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil se refieren en sus escritos a esa utilización del poder en busca de impunidad como una práctica propia del “crimen organizado”.
Los agentes le siguieron durante meses, le intervinieron el teléfono y colocaron micrófonos en su despacho. Gracias a esa vigilancia, detectaron que González estaba intentando librarse de las investigaciones a base de influir en miembros del Gobierno, jueces y fiscales. Así lo reflejan los informes incorporados al sumario del caso Lezo, en los que se reúnen todos los indicios que prueban que la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre actuaba como el líder de una organización mafiosa. Tanto es así que el juez Eloy Velasco le envió a prisión por seis delitos, uno de ellos pertenencia a organización criminal.
Sus intentos de frenar las investigaciones se centraron primero en el caso Ático. Las conversaciones revelan que González empezó a mover sus hilos en Málaga, donde se instruye la causa, pero su desesperación ante la falta de avances le llevó a ampliar el foco de sus influencias hasta intentar conseguir la ayuda del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y presionar para el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, con la intención de que éste nombrara a fiscales cómodos en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil alude a una circular de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal y las organizaciones criminales. En la instrucción fiscal se recoge como indicador de crimen organizado que los investigadores detecten “influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñen su función en la esfera política, medios de comunicación social, funcionarios de la Administración Pública, y/o de la Administración de Justicia o sobre la actividad económica mediante la corrupción”.
“Si quieren guerra, vamos a tenerla”
Las primeras conversaciones captadas por los agentes se remontan a agosto de 2016. González habla con el empresario Enrique Cerezo, sobre cómo frenar la causa. Tras comentar si la única alternativa es “pegarle dos tiros a la juez”, intentan trazar una estrategia que pase por presionar al fiscal del caso. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le abordarán: “Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra”.
Su estrategia parece no funcionar y vuelven a hablar en octubre, una conversación en la que dejan claro que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando ambos abren el campo de sus influencias y apuntan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación del Ático.
El empresario relata en una conversación que habla a menudo con Catalá “por el tema del Estadio”, y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. “Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando”, explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del Ático. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: “No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él”.
En ocasiones, González se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. “A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja”. Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la “convulsa” situación política, pero parece que González no lo interpretó así.
“Influir parriba, pabajo”
parribapabajoCon una vía de comunicación abierta con el responsable de Justicia, González intentó también influir en los nombramientos del Ejecutivo. Se puso en contacto con el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas para tratar de averiguar quién iba a ser el nuevo fiscal General del Estado. Este le asegura que está tratando de presionar para el nombramiento.
La designación del fiscal General no influía directamente en las investigaciones que amenazaban a González, pero su plan pasaba por descender de ahí al resto de nombramientos. “Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción”, señala Alcubillas, que recibe la aprobación del expresidente madrileño. Comentan que “es una garantía” que Catalá siga al frente de Justicia porque eso agilizará los cambios, y González remata la conversación con un “a ver si damos un paso en la buena dirección joder”.
Ese paso se produce una semana más tarde, el 11 de noviembre. El Gobierno propone a José Manuel Maza como nuevo fiscal General del Estado, lo que provoca la alegría de González y Alcubillas. “¡Estamos muy contentos!”, dice Alcubillas en una conversación grabada ese mismo día, en la que define a Maza como “una persona con criterio y valiente” que reclamará “el conocer los asuntos antes de perseguir implacablemente y sin sentido a la gente”. González también muestra su alegría por el nombramiento y apremia a seguir “pabajo, parriba (sic)”. “Vamos a ver si lo celebramos, a ver si seguís”, emplaza a su interlocutor.
González se mueve entonces para lograr que coloquen en Anticorrupción a fiscal que cree que le puede ser más beneficioso. Se reúne con el exministro Eduardo Zaplana y le expresa sus deseos de que Manuel Moix sea nombrado para esa plaza porque “es un tío bueno y serio”. Añade que el “ya lo intentó en su día” -se entiende que auparle a Anticorrupción- y más tarde comenta que intentará trasmitirle al ministro de Justicia sus preferencias: “Voy a ver si se lo puedo hacer llegar”.
Esa reunión que Zaplana y Gonzalez mantiene en un Hotel de Madrid revela los contactos del expresidente madrileño con miembros del Poder Judicial. Relata que come habitualmente -siempre en un reservado, aclara- con Enrique López, ahora ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y explica que va a tratar de servirse de su influencia porque es “quien mueve a todos éstos es ese círculo”. Lo que pretendía era apartar al juez Eloy Velasco del juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid, desde el que investigaba los casos Púnica y Lezo.
“Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia”
Lo revela él mismo en esa conversación, donde recuerda a Zaplana que Velasco no tiene esa plaza de la Audiencia Nacional en propiedad: “Aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño”. El expresidente madrileño se ve con posibilidades de conseguirlo porque, dice en esa reunión, “tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia”.
La última conversación que incorporan los agentes a su informe data del pasado diciembre y se produce de nuevo entre Cerezo y González. Vuelven a hablar de la investigación del Ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a “las comisiones rogatorias de los cojones”. Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: “yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe”.
La Guardia Civil es prudente respecto a los logros de González. “Se desconoce el resultado de estos contactos y si realmente pueden llegar a reportarle beneficios”, recogen en un informe, y añaden que eso no impide que el expresidente de la Comunidad de Madrid cometiese un delito al tratar de influir en la justicia en su propio beneficio. La UCO concluye que sus movimientos “permiten apreciar la existencia de crimen organizado” y recuerdan que Anticorrupción coincide con ellos, como los fiscales reflejan en su querella inicial del caso Lezo.
