Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de esta tarde en la Universidad Rey Juan Carlos en busca de soportes informáticos que puedan determinar el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre el título que Cristina Cifuentes obtuvo con notas falsificadas, han informado fuentes próximas al caso.
Los agentes actúan por orden del juez Pedro Antonio Domínguez, instructor de la causa abierta a raíz de una querella de Cifuentes y por la que están imputados el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique. El juez adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía de Madrid.
En una providencia, el juez reclamaba a la URJC que entregue a los agentes los logs de acceso a la base de datos de gestión académica de la Universidad entre noviembre de 2014 y marzo de 2018. En concreto, pide que se identifique a quien accedió a la asignatura 'La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales' y a los datos sobre el Trabajo de Fin de Máster (TFM).
La primera noticia que publicó eldiario.es aludía a que esas dos asignaturas habían sido modificadas en 2014, dos años después de que Cifuentes cursase el máster: una funcionaria de otro campus entró en el sistema en 2014 y cambió los dos “No Presentado” a “Notable” dejando rastro. La funcionaria declaró que lo hizo por indicación del profesor Pablo Chico de la Cámara. La URJC acabó reconociendo que no hay rastro del TFM ni de que lo presentase ante un tribunal.
En esa misma providencia, el magistrado pide a la Universidad que identifique en un plazo de 15 días al responsable de la gestión informática de sus bases de datos. Además, hacía una petición mucho mas general: que la Universidad aporte cualquier dato o información que permita conocer quién accedió a la base de datos y “procedió a efectuar capturas de las pantallas posteriormente divulgadas” por eldiario.es.
El juez también reclamaba que se entregue a los agentes de la Guardia Civil un listado con todas las personas que tenían autorización para acceder a la base de datos, con detalle de los permisos que tenían. Por último, la providencia pide al Juzgado de Instrucción número 51, el que investiga el caso Máster, que entregue toda la documentación que pueda ayudar a la investigación del origen de la noticia.