La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha elaborado un informe en el que no encuentra indicios de delito en las acusaciones de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su actividad profesional. Según adelanta esta mañana el diario El País, la unidad policial encargada de estudiar el caso ha entregado al juez un documento en el que no encuentra sospechas del tráfico de influencias que el pseudo sindicato ultra, apoyado en su acusación por Vox y HazteOir, denuncia que ejerció Gómez para que varias empresas obtuvieran contratos públicos con la administración.
La denuncia que presentó Manos Limpias se basó en ocho noticias publicadas en diversos medios de comunicación, una de ellas un bulo de The Objective que atribuía falsamente una subvención a Begoña Gómez cuando, en realidad, era de una hostelera cántabra que se llama igual. Noticias que apuntaban a que Gómez favoreció a empresas con las que colaboraba a través del Africa Center que dirige, bien firmando cartas de apoyo en licitaciones públicas que también firmó el Ayuntamiento de Madrid o bien manteniendo reuniones con directivos en fechas próximas al rescate de Air Europa.
La UCO, puesta al frente de la investigación bajo secreto por el juez instructor, no ha encontrado indicios de tráfico de influencias. Hasta el momento el magistrado había llamado a declarar a dos de los periodistas que firmaban varias de las informaciones contenidas en la denuncia. Unas declaraciones que, según El País, tampoco arrojaron luz sobre el posible tráfico de influencias que denuncia Manos Limpias.
“No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa”, dice el informe citado por el rotativo. Una de las acusaciones esgrimidas por Manos Limpias, organización liderada por Miguel Bernad que desde hace años impulsa denuncias y querellas contra líderes políticos que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite, era que el Gobierno había accedido al rescate de Air Europa en plena pandemia con cientos de millones de euros por las reuniones de Gómez con directivos de Globalia.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario y por el momento se desconoce si el juez ha puesto en marcha más diligencias, o si lo hará después de analizar el contenido de este informe. De momento no ha trascendido que haya llamado a declarar a Gómez como imputada.