La jueza Carmen Rodríguez-Medel está empeñada en desentrañar la presunta red de favoritismos e irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos con los alumnos vinculados al Partido Popular. La última medida en este sentido ha sido encargar a la Guardia Civil un informe en el que desentrañe la posible red de contactos políticos y académicos con los que contaba Pablo Casado en el curso 2008/09, así como otros cuatro compañeros del máster de Derecho Autonómico y Local en aquel curso a los que se les convalidaron asignaturas.
Antes del 6 de agosto, los investigadores del instituto armado deberán presentar a la jueza un informe sobre los cinco alumnos en el que se detalle la “actividad laboral” que desarrollaban en 2008 y 2009, “así como si, directa o indirectamente, a través de familiares directos, con anterioridad a esas fechas, o durante el curso académico mencionado, tenían cargo público o pública y especial vinculación con partidos políticos o vinculación de algún tipo con la propia Universidad Rey Juan Carlos de Madrid”.
Con independencia del resultado de dicho informe, la jueza imputa ya a tres de los cuatro compañeros de Casado. Contra el actual presidente del PP no puede actuar de esa forma porque está aforado ante el Tribunal Supremo, como diputado del Congreso de los Diputados en la presente legislatura.
Un simple repaso en fuentes abiertas sobre la trayectoria de la mayoría de los compañeros de Casado arroja el mismo resultado que con el nuevo líder del PP: todos tenían algún vínculo político o académico. Es el caso de María Mateo Feito, exasesora de la Secretaría de Estado de Empleo e hija de la asesora de Cifuentes que, según la profesora que falsificó las firmas del acta, le trasladó que, o le enviaba el documento o la expresidenta la mataría.
La Guardia Civil también deberá informar sobre Alida Consuelo Mas Taberner, antigua subsecretaria de la conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana. Los agentes indagarán igualmente en María Dolores Cancio Álvarez, profesora de la Rey Juan Carlos que ha escrito libros con el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso Cifuentes y también en la pieza separada que investiga el máster de Pablo Casado.
La jueza ya ha imputado a estas tres alumnas, cuya situación puede ser la misma que la de Pablo Casado, ya que les fueron convalidadas asignaturas y la magistrada quiere saber si, como en el caso del presidente del Partido Popular, aprobaron el resto con la simple presentación de trabajos. “En el caso de que fueran evaluadas por trabajos en las asignaturas no convalidadas, que aporten los mismos y cualquier documento que evidencien que lo entregaron en el año 2009 (correo postal, correo electrónico o cualquier otro documento”, afirma la magistrada.
En esa misma providencia, la jueza reclama a los profesores de Pablo Casado lo mismo que a estas tres imputadas, ya que la Universidad le ha informado de que los cuatro trabajos del presidente del PP no aparecen. Hay una cuarta compañera de Casado, Suasana de Valentín Grau, que es citada como testigo. Imputadas y testigo declararán el próximo 2 de agosto.
18 asignaturas convalidadas
El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas. Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel trata de averiguar si la Universidad Rey Juan Carlos utilizó una norma favorable a Pablo Casado en la obtención de su máster a pesar de que ésta no fuera la que debía estar vigente en su momento. Por este motivo, la magistrada ha solicitado aclaraciones a la ANECA y a la Rey Juan Carlos.