Los inmigrantes que consiguieron llegar a territorio español la madrugada del pasado jueves fueron inmediatamente expulsados por la Guardia Civil destacada en Ceuta.
Así lo confirma a eldiario.es un portavoz oficial del Instituto Armado que señala que el Gobierno marroquí autoriza estas entregas que la ley española prohíbe, en un nuevo cambio de versión oficial de la tragedia que ha acabado con la vida de al menos 13 personas en la frontera.
Según este portavoz oficial, “Marruecos permite la expulsión en caliente de la gente que ha salido de su costa”. Sin embargo, diga lo que digan las autoridades marroquíes del reino alauí, la legislación española impide estas prácticas que reconocen los portavoces de la Guardia Civil. Durante la conversación con los portavoces policiales, eldiario.es advierte a su interlocutor que la devolución en caliente es ilegal, a lo que la Guardia Civil responde: “Se les entregó en un punto habilitado para hacerlo”.
¿Dónde empieza España?
En esta misma línea, otro portavoz de la Guardia Civil de Ceuta mantiene una versión que pretende desmentir la ilegalidad porque, según dice, depende de algo tan variable como la situación de los agentes. Sostiene que los agentes no incumplieron la ley porque, según su forma de actuar, “el inmigrante no está en territorio español hasta que no haya sobrepasado el cordón de seguridad”.
¿Cuál es ese cordón de seguridad? “Somos nosotros. Tienen que superarme a mí”, explica el agente, quien matiza que, si los inmigrantes se hubiesen encontrado en apuros, las fuerzas de seguridad habrían iniciado el protocolo de salvamento correspondiente.
El espigón más próximo a la playa del Tarajal (prolongación de la frontera con Marruecos en el agua) divide el territorio marroquí del español. Las imágenes difundidas muestran que los inmigrantes no sólo cruzan la desviación del espigón, sino que llegan a la orilla y pisan suelo español. Estas declaraciones evidencian los procedimientos aleatorios por los que podría regirse la Guardia Civil.
Tras ser preguntados por las declaraciones del portavoz ceutí, fuentes de la Guardia Civil contradicen esta interpretación de la división fronteriza pero señalan que “por razones humanitarias y, para no frenar al grupo de inmigrantes que se acercaba a la playa del Tarajal con sus barcos, se decidió que los agentes formasen una columna humana que hiciese de frontera”. Después de frenar a estas personas, la Gendarmería devolvió a los inmigrantes a la policía marroquí. Por tanto, cometieron una ilegalidad.
Según la Ley de Extranjería, “si una persona accede a España de forma irregular, los encargados de la custodia de costas y fronteras que hayan interceptado a los extranjeros –Guardia Civil en este caso– los conducirán a la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución”. Además, el extranjero “tendrá derecho a la asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete”. Así, se garantiza que las personas que lo necesiten puedan solicitar el asilo.
En un primer momento, durante las primeras horas transcurridas después de la tragedia, estas mismas fuentes aseguraron a eldiario.es que las autoridades españolas no habían tenido que efectuar ninguna intervención. Después de la publicación del vídeo, emitido inicialmente por La Sexta Noticias, donde se muestra una “devolución en caliente”, el portavoz de la Gendarmería ceutí mantiene su postura y reconoce que “esto se hace habitualmente”.
El sistema de seguridad somos nosotros. La actuación se habría producido si hubiésemos tenido que “cargar”, disolver o actuar sobre un grupo. Una vez salieron del agua, les acompañamos al punto de inicio, que está a un metro, para que se encargasen de ellos las autoridades marroquíes“, zanja el representante del Instituto Armado en Ceuta.
Este desconocimiento por parte de los agentes sobre lo que pueden y no pueden hacer las fuerzas de seguridad del control fronterizo (tanto en Ceuta como en Melilla) no es nuevo. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lleva tiempo exigiendo un protocolo de actuación que regule las intervenciones que pueden llevar en la frontera. En el caso de Melilla –que recibe una presión mayor a nivel migratorio y mediático–, la Delegación del Gobierno lo considera innecesario y prefiere dejar la responsabilidad en las decisiones de la Gendarmería.
Tras hablar con diferentes fuentes de la Guardia Civil, la respuesta generalizada sostiene que “los agentes deben saber cómo actuar en cada caso”. El propio ministro del Interior, tras ser preguntado por la devoluciones ilegales de inmigrantes, defendió que generalmente se cumple la ley, salvo en "casos puntuales". La AUGC indicó a eldiario.es que “esta incertidumbre jurídica hace pensar que prefieran que no conozcamos los límites de la legalidad”.