La trama de los ERE diseñó un plan, con líneas “trazadas” a modo de “cortafuegos”, para impedir que el incendio de las ayudas irregulares terminara por abrasar al escalón más alto del Gobierno de la Junta de Andalucía. A esta conclusión llegan los investigadores de la Guardia Civil en el informe que ya tiene en su poder el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien este martes toma declaración a Manuel Chaves, el político socialista que ocupó ese último escalón durante casi dos décadas.
Chaves, al igual que su sucesor en la presidencia de Andalucía, José Antonio Griñán, está imputado al llegar la jueza Mercedes Alaya a la conclusión de que las subvenciones fraudulentas respondían a un plan diseñado desde el corazón de la Junta, con objeto de evitar los controles a los que la ley somete la concesión de subvenciones. Según sugiere la Guardia Civil, ese plan incluyó que las decisiones relevantes no salieran formalmente de la Consejería de Empleo y tampoco trascendieran a los Consejos de Viceconsejeros, los denominados “consejillos”, un órgano inferior a la Junta de Gobierno y que tiene como misión elevar propuestas a esta.
Como Griñán, Chaves y otros tres miembros de sus Gobiernos gozan de la condición de aforados, y por eso el Tribunal Supremo es el encargado de investigarlos. Y en el marco de esta instrucción, el juez Alberto Jorge Barreiro solicitó varias diligencias, entre ellas un informe a la Guardia Civil sobre la responsabilidad de los exconsejeros de presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno. En ese informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, los investigadores exculpan a Moreno por no haber participado en los consejillos donde se adoptaron las decisiones sobre las transferencias de financiación.
Por el contrario, el Grupo de Delincuencia Económica precisa que Zarrías presidió ocho sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros en los que se habrían abordado acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa '31L' –que acogía las transferencias de financiación–, y que presidió otras cuatro dedicadas a dar lectura y aprobación de los acuerdos adoptados en consejillos anteriores.
Por una parte, apuntan los agentes, la trama preveía que “en la sucesión de las ayudas concedidas con los fondos de la partida '31L' debían concurrir unas normas trazadas”, consistentes en que el ámbito de decisión no debería “superar” la Consejería de Empleo (al frente de la que se encontraba el también imputado José Antonio Viera) y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía, dependiente de Empleo)“.
Como exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán atribuyó el pasado a Viera la responsabilidad de “cómo” gastar el presupuesto que le destinaba su departamento. Griñán y la Guardia Civil coincidirían si no fuera porque el Instituto Armado sugiere que ese estancamiento de los departamentos era solo en apariencia y tenía por objeto que la presidencia y otras consejerías no se vieran salpicadas.
La mecánica queda descrita en el atestado con varios casos, entre ellos, el de la empresa Pickman. A esta iba destinada una ayuda de 1,8 millones de euros que, al sobrepasar la cantidad de 1,2 millones, debía ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente al frente. Pero la ayuda nunca llegó a ser abordada por Chaves y su consejeros. El 25 de febrero de 2004, el consejillo decidió retirar la ayuda a Pickman del orden del día. “Se deduce que nunca elevada y, por tanto, aprobada por el Consejo de Gobierno”, escriben los agentes.
Después de que el consejillo rechazara abordar el tema, el director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el del IFA, Francisco Mencía, revocaron el 2 de marzo de 2004 la ayuda de 1,8 millones a Pickman. Pero antes de que acabara la jornada, Pickman iba a ser beneficiada por el IFA con tres subvenciones: 625.000 para 2004, 600.000 en 2005 y 575.000 a recibir en 2006. En total, 1,8 millones de euros.
La ayuda a Pickan fue concedida según el plan inicial: sorteando cualquier control y sin que la primera fila del Gobierno andaluz se viera envuelta en la decisión. La reunión en la que se concedió la subvención fraccionada estuvo presidida por el consejero de Empleo, José Antonio Viera. Los agentes de la UCO afirman en su atestado que el procedimiento “sugeriría que la Comisión de Viceconsejeros habría impedido, a modo de cortafuegos, que el más alto Consejo de Gobierno de Andalucía adoptara un acuerdo controvertido, a tenor de lo investigado en relación a estas subvenciones y de la arbitrariedad con la que se concedieron las del programa 31L”.
El decreto que nunca llegó
Otra de las actuaciones a modo de cortafuegos que denuncian los investigadores del órgano de viceconsejeros es el retraso y marginación del decreto que podría haber regulado las ayudas investigadas, siempre que lo hubieran ratificado el presidente y los consejeros. Pero ese decreto nunca pasó del consejillo, quedando el sistema de transferencias de financiación regulado por un convenio marco de 2001 firmado por Empleo.
Como recuerdan los investigadores, el decreto pasó en “sucesivas” ocasiones por el consejillo, se modificó por diferentes órganos de la Administración autonómica y, finalmente, no prosperó hacia “instancias mayores”. Se trataba de, conscientemente, “no dotar a esa actividad subvencionadora de un marco normativo singular y apropiado”, añaden los agentes, que siempre que van a exponer una conclusión anteponen la expresión “a juicio policial”.
En otro punto del atestado, los investigadores recuperan las intervenciones de Zarrías en la comisión de investigación del Parlamento andaluz, y de Guerrero ante la jueza. El primero habló de la necesidad de establecer “criterios de singularidad” para conceder las subvenciones; el segundo, directamente de “criterios de discrecionales”. Y es, precisamente, esa forma de actuar la causante del “uso descontrolado de los fondos correspondientes al programa 31L”; esto es, las transferencias de financiación investigadas, dicen los agentes.
A este respecto, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) señalan al propio Gobierno de la Junta: “Desde la perspectiva policial parece obvio ponderar que todo este presunto marco de corrupción tiene su génesis en el abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas, y de un sistema arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos sociales que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía, así como a la consecución de una concertación social planteada en un programa político”.
La Guardia Civil dedica un apartado de su atestado de 175 páginas a “otros indicios vinculados” a Gaspar Zarrías, como su “relación” con Juan Lanzas, conocido como “el conseguidor”. En él incluyen declaraciones de imputados, caso del comercial de Vitalia Francisco González, quien asegura que “se decía que Zarrías es la persona que había introducido a Juan Lanzas en el mundo sindical y en las relaciones con el Partido Socialista”.
Juan Francisco Trujillo Blanco, chófer de Guerrero y acompañante de correrías con cocaína y prostitutas, aseguró que su jefe “presumía de tener línea directa con Gaspar Zarrías, que podía pasar que le transmitiera a Guerrero alguna orden, petición o consejo de Zarrías”. Otro abogado, imputado también, aseguró que en la sede del Gobierno andaluz se produjeron varias comidas con la asistencia de Zarrías, Lanzas y miembros de la familia de Ruiz Mateos.