El caso del suboficial de la Guardia Civil que ha confesado en una grabación los métodos ilegales que empleaba salpica también al asunto más relevante de cuantos se han ocupado él y el resto de su grupo, la causa del 8M. El brigada, imputado por las consecuencias que tendrían sus confesiones en un caso de narcotráfico, participó también en el intento de responsabilizar al Gobierno central de la expansión de la COVID cuando estalló la pandemia. Ahora, otro informe de su grupo asegura que él y dos compañeros abandonaron los seguimientos que hacían a los presuntos ‘narcos’ para dedicarse a impulsar el caso contra el feminismo y el Ejecutivo central.
Los atestados realizados por el Equipo de Delitos Económicos sirvieron para imputar al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, y concluir que el Ejecutivo autorizó la marcha feminista del 8M, pese a que sabía del riesgo que suponía para la salud. En sus atestados, los guardias civiles de la Comandancia de Madrid apuntaban también al epidemiólogo Fernando Simón y a distintos ministros. Estas tesis fueron permanentemente utilizadas por PP y Vox para desacreditar al Gobierno progresista y su gestión de la pandemia, llegándole a responsabilizar de la propagación de los contagios.
Los informes resultaron estar plagados de conjeturas, bulos y mentiras, y teñidos de un claro sesgo ideológico. Y la jueza del caso terminó por archivarlo todo después de un extraordinario terremoto político.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al jefe de la Comandancia, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no haber informado a sus superiores de las pesquisas, un cese que el Tribunal Supremo ha revertido por ilegal. Pero de los investigadores del caso no se había vuelto a saber hasta que trascendió una grabación en la que uno de ellos confiesa los métodos ilegales que despliega el Equipo de Delitos Económicos en las investigaciones que realizan.
La grabación, realizada por una mujer que mantenía una relación incipiente con el brigada, fue incorporada a una de las causas por narcotráfico que investigan el suboficial y sus compañeros, la operación Águila-Frozen. Y es en el marco de esa causa donde el equipo de guardias civiles intenta defenderse de la acusación que apunta a que algunos de los seguimientos que figuran en sus atestados nunca se hicieron. El informe aportado para defenderse de esas acusaciones apunta que algunos agentes participaron en un seguimiento a un investigado por narcotráfico el 5 de mayo de 2020, pero lo abandonaron en un momento de la mañana para encargarse de citar a testigos y tomar declaraciones en el caso del 8M.
“Los agentes con TIP [Tarjeta de Identificación Profesional] G72913A [correspondiente al brigada Sergio B.], C27790W, V18403P y S29387M, de forma escalonada, por instrucciones específicas marcadas por el responsable operativo, se dirigieron a su base operativa a realizar distintas funciones, llevando a cabo tareas relativas a la actividad operativa de ese día combinada con otras relativas a otras operaciones”, recoge el nuevo informe al que ha tenido acceso elDiario.es y que lleva fecha del pasado 23 de septiembre.
Esta ceremonia de alusiones a la “operatividad” y las “operaciones” alude a que el jefe del equipo, el capitán Abel Marín Seoane, ordenó a cuatro agentes dejar el seguimiento al presunto 'narco' y que continuaran otros dos con esa tarea. La vigilancia del 5 de mayo de 2020, que las defensas de los investigados consideran que nunca se hizo, sirvió para dar un salto en la Operación Águila-Frozen e indagar sobre un segundo grupo de presuntos narcotraficantes.
Los cuatro agentes que salieron de la vigilancia, el brigada Sergio B y dos de sus compañeros, “realizan ficheros pdf de las citaciones que posteriormente se envían a las personas que van a prestar declaración en calidad de testigo en el marco de la Operación SANITARIO”, el nombre con el que los guardias civiles bautizaron sus pesquisas sobre el Gobierno y el 8M, añade el atestado al que ha accedido este periódico.
Interrogar a sindicalistas y funcionarios
Los agentes al mando de Marín Seoane aportan “una imagen del explorador” como “prueba no modificable” de que los citados ficheros se abrieron entre las 10:27 y las 10:38 del 5 de mayo de 2020. El equipo de Marín Seoane añade en su escrito a la Audiencia Nacional que los testigos de la causa del 8M fueron a continuación citados por teléfono, correo electrónico “e incluso personalmente” por sus agentes “en el marco de la operación encartada [8M] y de otras llevadas a cabo por la misma UOPJ [Unidad Orgánica de Policía Judicial]”.
Tal y como publicó elDiario.es en septiembre, el ahora brigada y entonces sargento tomó declaración a seis testigos, tres sindicalistas y tres funcionarios de la Delegación del Gobierno y firmó esos testimonios con el número de su Tarjeta de Identificación Profesional (G72913A), en calidad de instructor de esas diligencias.
Las sindicalistas le explicaron entonces que no habían sido advertidas por la Delegación del Gobierno de riesgo alguno por la celebración de la manifestación feminista del 8M y los funcionarios alegaron que no tuvieron conocimiento real del mismo hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrara la marcha multitudinaria en defensa de las mujeres.
Fuentes de la propia Guardia Civil aseguran que, más allá de ese rastro tangible de su participación, el brigada y otros mandos participaron activamente en la confección de los voluminosos atestados (repletos de manipulaciones), aunque fuera otro compañero y su jefe del Grupo de Delitos Económicos, el entonces teniente Abel Marín, quienes rubricaran los dos informes más polémicos, encaminados a intentar demostrar que el Gobierno conocía el alcance del Covid-19 desde el mes de enero de 2020 y que aún así autorizó la manifestación feminista, lo que acabó disparando los contagios.
Dos fotos de Google Maps
En esta argumentación, la Guardia Civil se defiende de haber incorporado imágenes en sus atestados en la investigación por tráfico de drogas sacadas de Google Maps y que no responden a seguimientos auténticos. El equipo de investigadores alega en su defensa que “en un informe operativo puede empezar un determinado número de agentes, cuyos TIP encabezan el informe, y posteriormente, por causas operativas, los agentes participantes pueden desarrollar otras funciones distintas al control de actividades del objetivo propiamente dicho”.
El equipo de Marín Seoane dice que las dos fotos de Google Maps que reconoce incorporadas a sus atestados de Águila-Frozen son “ilustrativas sobre fachadas, referentes a la ubicación, aportando una imagen gráfico del dato de calle, número y localidad, sin mayor trascendencia jurídica o procesal”.
En la grabación al brigada, la mujer le pregunta por su trabajo y él es profuso en detalles. El suboficial explica, sin saber que esta siendo grabado, a la mujer cómo funciona una baliza, un dispositivo de seguimiento que se coloca en los vehículos de los investigados, y el sistema por el que los agentes reciben la alerta de que se está moviendo.
Testigo: “Y luego, por ejemplo, si ves dónde va, ¿tienes que decir por qué lo has encontrado, con la baliza y todo?”
Guardia Civil: “No, porque es falso todo. Esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos. Nos había quitado dos balizas. Y con lo que es, en el coche, les digo: montadle en el coche y le lleváis al juzgado vosotros, encapuchados o como queráis. Y rascadle un poquito a ver por qué (…) Vamos a jugarle un poquito psicológicamente a ver qué nos cuenta”.
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