Los guardias civiles que prometieron “derramar” su sangre son expedientados y se arriesgan a la expulsión

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir expediente por falta muy grave –que puede conllevar la expulsión del Cuerpo– a tres miembros del instituto armado en relación con distintas manifestaciones vertidas en los últimos días en relación con el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y la futura ley de amnistía. Dos de esos agentes, un sargento primero y un guardia civil, son miembros de la dirección de Aprogc, la asociación que emitió un comunicado el pasado viernes en el que prometían “derramar” su sangre para evitar el acuerdo de Gobierno que, según ellos, atenta contra la Constitución y el Estado de Derecho, han informado a elDiario.es fuentes del instituto armado.

El tercer guardia expedientado con falta muy grave integra la dirección de Jucil, la asociación mayoritaria que acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer “una gran felonía” al defender el acuerdo con Junts ante el Comité Federal de su partido. La orden del director general de la Guardia Civil contra los tres agentes incluye la medida cautelar de que se les aparte del servicio inmediatamente y por el plazo de tres meses mientras se resuelve el expediente.

La Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 2007 recoge entre los supuestos de falta muy grave “la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional”. La orden del director general de abrir los tres expedientes implica el nombramiento de un instructor y un secretario que desarrollaran esos expedientes, esto es, la investigación interna. Una vez concluidos los expedientes estos derivarán en propuesta de sanción o de archivo de las actuaciones.

En el caso de que Regimen Disciplinario proponga para sanción por falta muy grave y la Dirección General resuelva en ese sentido este tipo de falta puede conllevar la expulsión de la Guardia Civil para los tres investigados. “La separación del servicio supondrá para el sancionado la pérdida de la condición de militar de carrera de la Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos excepto los derechos pasivos que hubiese consolidado”, recoge la citada Ley. En menor gravedad, un sancionado por falta muy grave puede ser suspendido de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o perder puestos en el escalafón.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, había ordenado a la Jefatura de Información del Cuerpo –la estructura de élite– identificar a los miembros de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) responsables del comunicado en el que reaccionaban al acuerdo de Gobierno asegurando estar “dispuestos a derramar hasta la última gota” de su “sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”.

La Dirección del instituto apreció “grave incumplimiento del deber de neutralidad política y otras obligaciones básicas” como miembros de la Guardia Civil. El escrito de Marcos fue remitido a la Dirección Adjunta Operativa y a la Asesoría Jurídica y llevaba copia para la Jefatura de Información, encargada de identificar a los responsables del comunicado, que se había difundido únicamente con la firma de Aprogc.

La directriz impuesta por Marcos para hacer cumplir el Reglamento Disciplinario y la neutralidad política a la que están sometidos los agentes arrancó el pasado 29 de octubre. Jucil, la asociación que surgió de la plataforma Jusapol, había difundido un tuit en el que respondía a la intervención de Sánchez ante su partido: “La mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”.

Jucil y Jupol, las herederas de Jusapol

Ese tuit era una muestra más de los mensajes encendidos que parten habitualmente de Jucil contra el Gobierno de España y sus miembros. Pocos días antes habían extendido la sombra de la inacción ante el terrorismo yihadista y Hamás por parte del Ministerio del Interior por la escasez de agentes que, a su entender, deben controlar a los migrantes que exhaustos alcanzan las costas canarias huyendo del hambre y las guerras.

elDiario.es adelantó que la Dirección General de la Guardia Civil había enviado el mensaje publicado por Jucil en X –antes Twitter– a los servicios jurídicos por si cabía una investigación interna o emprender acciones legales. La respuesta de Jucil fue una entrevista de su portavoz en El Mundo en el que se expresaba en términos similares una vez más y acusaba a la vicepresidenta del Gobierno en funciones Yolanda Díaz de cometer un delito por haberse reunido con Carles Puigdemont.

Otros mensajes de Jupol, la organización 'hermana' de Jucil en la Policía Nacional, están siendo analizados por si el director general de este Cuerpo, Francisco Pardo, decide extender la política de “tolerancia cero” emprendida en la Guardia Civil contra el incumplimiento de la neutralidad política.