Guerra de fiscales en el Tribunal Supremo, lo último que le faltaba a la ley de amnistía

La carrera judicial por ver quién tumba antes la ley de amnistía está abierta y se calienta en cada curva (y eso que la ley todavía no existe). Es difícil que alguien pueda recuperar la ventaja que les lleva a todos el juez Manuel García Castellón, que es hasta capaz de descubrir delitos de terrorismo después de pasar cuatro años sin advertir de su existencia. Sin embargo, la contienda no se juega sólo en la Audiencia Nacional. 

Este lunes, se produjeron hechos que no se dan con frecuencia. Alguno es hasta insólito. Estamos acostumbrados a ver magistrados conservadores que pisan el acelerador con el beneplácito de dos de las tres asociaciones judiciales. Ahora lo que tenemos en el Tribunal Supremo es un conflicto entre fiscales conservadores, porque uno de ellos ha decidido no alistarse en el ejército de García Castellón. 

El informe que el fiscal Álvaro Redondo presentará el martes ante la Junta de Fiscales de Sala del Supremo rechaza que se puedan investigar las movilizaciones de Tsunami Democràtic como delitos de terrorismo, como pretende García Castellón, y por tanto que se pueda dirigir la misma acusación contra Carles Puigdemont.

Primera sorpresa: varios medios conservadores informan entre el domingo y el lunes de que había otro informe anterior en sentido contrario elaborado antes de que el fiscal Redondo se reuniera con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En otras palabras, se sugiere que se había muerto de miedo ante el fiscal general, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Segunda sorpresa: no busquen a Redondo en ninguna lista de juristas progresistas que quieran ayudar al Gobierno. Tampoco es alguien que esconda su punto de vista. En octubre de 2023, publicó en La Razón un artículo contra la ley de amnistía con un titular muy directo: “Una nueva ley de amnistía es inconstitucional” con argumentos más jurídicos que políticos.

Tercera sorpresa: el fiscal Redondo se agarra un buen cabreo y toma una decisión extremadamente poco habitual entre fiscales. Enviar un comunicado a los medios de comunicación en el que niega los elementos centrales de esas informaciones. Afirma que, al día siguiente de recibir por reparto la orden de ocuparse de la cuestión, elaboró “un primer borrador interno como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal”.

No lo llama informe. Fuentes jurídicas afirman que incluía de forma resumida los principales elementos del caso. Había uno que podía sustentar la acusación de terrorismo, la sospecha de que los manifestantes de Tsunami no habían permitido salir a los controladores de la torre del aeropuerto de El Prat, lo que podría suponer un delito de detención ilegal. En un análisis posterior, el fiscal vio que no era cierta.

El fiscal informó de ese borrador inicial al fiscal de sala jefe de su sección penal, Fidel Cadena, según ABC. Cadena fue uno de los cuatro fiscales que representaron la acusación pública en el juicio del procés en el Tribunal Supremo (junto a Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue también fiscal general nombrada por el Gobierno de Rajoy). Fracasaron en su intento de que el tribunal condenara a los acusados por el delito de rebelión. Lo fueron por el de sedición.

Fue varios días más tarde cuando Redondo redactó su informe definitivo, que dice que concluyó antes de su reunión del día 30 de enero con el fiscal general. En esa cita, “no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir”, explica. El fiscal general también ha negado haber ejercido cualquier tipo de presión. Redondo le ofreció una copia del informe, pero García Ortiz no lo consideró necesario.

Otros fiscales de forma anónima le acusan de haber cambiado de opinión, por tanto de haberse arrodillado ante el fiscal general y escrito después un segundo informe “a toda prisa”. Es una forma de llamarle chapucero con la intención de desprestigiar su análisis, que se debatirá en la reunión de fiscales del martes.

Otro motivo para que Álvaro Redondo se deje llevar por la cólera. Defiende que cuenta con una trayectoria de 46 años, algunos de ellos en el País Vasco en los años del terrorismo, “sin aceptar presión alguna de nadie”. Está quemado porque ha leído que algunos sugieren que está buscando un ascenso. Poco probable con 68 años de edad, más cerca de la jubilación que de ninguna promoción y escribiendo en La Razón contra la ley de amnistía.

Hay que ver cómo se tratan los fiscales de derechas en la carrera jurídica por impedir la amnistía y propinar un golpe crucial a Pedro Sánchez.

La posición jurídica de Redondo coincide con la de otro fiscal conservador, Miguel Ángel Carballo, en la Audiencia Nacional. Su posición es radicalmente opuesta a la de García Castellón al que acusa de cometer “flagrantes contradicciones”. Considera “totalmente injustificada e inmotivada” la exposición enviada por el juez al Tribunal Supremo para que investigue a Puigdemont por terrorismo. Declara que el magistrado en su escrito “no ha incidido en absoluto ni ha aportado dato nuevo alguno” sobre la supuesta implicación de Puigdemont.

La pelea no ha hecho más que comenzar. Es difícil ignorar la impresión de que estamos ante una segunda vuelta del juicio del procés, cuando los fiscales sostenían que la violencia había sido un elemento central del procés y por ello el delito cometido debía ser el de rebelión. Los cuatro fiscales veían violencia en todo. Fue Fidel Cadena el que llevó el mayor peso argumental y afirmó en las conclusiones finales que “la violencia física no es requisito indispensable” para condenar por rebelión, sino que era suficiente con la “vis intimidativa y la vis compulsiva”.

Y aunque Cadena sostuvo que no era necesario el uso de armas para acreditar la violencia, destacó que el Gobierno de Carles Puigdemont puso “un Cuerpo armado al lado de la rebelión”. Se refería a los Mossos d'Esquadra.

En resumen, los fiscales que no creen imprescindible que haya violencia para que se pueda hablar de violencia pueden estar ahora entre los que relacionan a Puigdemont con el terrorismo. Con razón fiscales conservadores como Redondo y Carballo están tan alarmados. Y lo que les queda por ver.