La guerra del Gobierno de Rajoy contra el anarquismo termina sin condenados y con indemnizaciones para los detenidos

El Gobierno de Mariano Rajoy convirtió el terrorismo anarquista en una de sus prioridades policiales hace una década. Operaciones con decenas de detenidos en las que el Ministerio del Interior publicitaba la desarticulación de comandos a los que atribuía ataques a bancos, elaboración de explosivos y colaboración con otros grupos terroristas y que, una década después, han terminado en nada. La indemnización a uno de los anarquistas de la 'operación Ice' por pasar año y medio en prisión de forma injusta retrata cómo la Policía, la Fiscalía y algunos jueces de la Audiencia Nacional impulsaron causas fallidas mientras el ejecutivo del Partido Popular difundía el miedo a un “terrorismo anarquista implantado” cuya existencia nunca se demostró.

Todas estas operaciones policiales contra el anarquismo que acabaron en el archivo o la absolución tuvieron su origen en un atentado real. En octubre de 2013 un explosivo casero, fabricado con una bombona de camping-gas, explotaba en el interior de la basílica de El Pilar de Zaragoza. Unos meses antes otro artefacto similar había estallado en la madrileña catedral de La Almudena. Un grupo criminal llamado “Mateo Morral”, nombre del anarquista que atentó contra Alfonso XIII en 1906, reivindicó ambos atentados. Dos personas fueron condenadas a cuatro años y medio de prisión por delitos de terrorismo.

La sentencia del Supremo declaró probada su afinidad a grupos anarquistas, aunque no su pertenencia a ninguno de ellos. En especial a los supuestos Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), siglas que resonaron en las tres operaciones policiales dirigidas contra el anarquismo radical bajo la batuta de la Audiencia Nacional: 'Piñata', 'Ice' y 'Pandora'. Cuatro decenas de detenidos –15 de ellos pasaron por prisión provisional– en causas que acabaron archivadas o con sentencias absolutorias y con algunos de los imputados indemnizados por el Estado con cargo a las arcas públicas.

Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, dejó claro en junio de 2014 que la administración consideraba que el anarquismo radical era un problema de seguridad pública. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información”, afirmó. Pocos meses después llegaron las grandes operaciones policiales y judiciales tuteladas desde la Audiencia Nacional, organismo competente para investigar delitos de terrorismo.

La primera fue bautizada como 'operación Pandora' y fue dividida en dos fases. Una veintena de personas acusadas de colaborar con grupos terroristas anarquistas fueron detenidas por los Mossos y la Policía en Catalunya y Madrid, ocho personas enviadas finalmente a prisión provisional por el juez Javier Gómez Bermúdez, que pocos días después les permitía salir tras pagar fianzas de 3.000 euros por cabeza. La causa estuvo abierta casi tres años hasta que en mayo de 2017 la magistrada Carmen Lamela decidió archivar las diligencias: ninguna de las acusaciones policiales había podido ser probada.

El “único” resultado tras varios años de investigación fue comprobar que los imputados “se relacionan con personas del colectivo anarquista”, algunos con antecedentes y “condenadas por su pertenencia a los GAC”. Pero ninguna prueba para sostener “la sospecha policial” de que los detenidos de las dos fases de la 'operación Pandora' hubieran formado parte de un grupo terrorista o hubieran colaborado con él. En un primer momento, el juez Gómez Bermúdez les había llegado a atribuir la autoría de “diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional”.

Piñata y Ice: guerra al “terrorismo anarco”

Una segunda operación policial contra el anarquismo se ponía en marcha unos meses después, en marzo de 2015. Causa bautizada como 'Piñata' en la que hubo 15 detenidos, cinco de los cuales pasaron varios meses en prisión provisional, acusados de participar en atentados contra más de un centenar de cajeros automáticos y preparar ataques contra comisarías y agentes de Policía Nacional. Supuestamente relacionados, otra vez, con los GAC.

El caso arrancó en manos del juez Eloy Velasco y murió con un auto de Manuel García Castellón en febrero de 2018, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional reconoció que no había pruebas para sostener una sola de las acusaciones. Con el apoyo de la Fiscalía, el juzgado de instrucción reconoció que no se había podido acreditar “suficientemente” que los detenidos y encarcelados fueran los autores de los ataques investigados.

El día de las detenciones que finalmente terminaron en sobreseimiento, fue Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, quien dio continuidad al discurso de Ignacio Cosidó. Martínez, hoy encausado por la operación Kitchen, atendió a los medios de comunicación en Granada para defender que el objetivo de operaciones como Piñata era evitar la expansión del “terrorismo anarco e insurreccionalista”. La Policía, detalló entonces, ejercía una “labor preventiva” contra estos supuestos grupos terroristas cuya existencia la Audiencia Nacional nunca pudo probar.

Fue a finales de 2015 cuando estalló la 'operación Ice'. Batería de detenciones nuevamente dirigida desde la Audiencia Nacional y contra cinco miembros de 'Straight Edge Madrid', grupo anarcovegano al que nuevamente se acusaba de atentar contra sucursales bancarias y cajeros automáticos. A día de hoy la página web de La Moncloa mantiene las acusaciones que entonces la Policía vertía contra los acusados: “El hallazgo de este material confirma los vínculos que relacionan a Straight Edge con los Grupos Anarquistas Coordinados”.

Uno de los arrestados pasó casi tres semanas en prisión provisional. Otro de ellos, hasta un año y medio en el régimen de aislamiento más restrictivo. La causa ya adelgazó bastante antes del juicio, con la Fiscalía retirando las acusaciones más graves, y terminó en absolución, un dictamen que el Ministerio Público ni siquiera recurrió. El balance de las tres causas destinadas a desmantelar los “Grupos Anarquistas Coordinados” es, por tanto, de ningún condenado por terrorismo, ninguna prueba sobre la implantación de ese supuesto grupo en España y, por contra, dos indemnizaciones para dos de los encarcelados a cuenta de las arcas del Estado.

Tal y como reveló elDiario.es, una primera sentencia condenó a Justicia a reconocer una indemnización de 1.660 euros a uno de los anarquistas de 'Straight Edge' por las casi tres semanas que pasó en prisión provisional para finalmente ser absuelto. Recientemente una segunda resolución ha firmado una reparación de 54.650 euros para el acusado que pasó año y medio en prisión provisional. En ambos casos por la misma razón: la causa que les llevó a prisión, en ese caso por orden de Carmen Lamela, terminó en una absolución

Eduardo Gómez: “La Policía ganó”

La Fiscalía participó activamente en estas causas para terminar apoyando el archivo o renunciando a recurrir las sentencias absolutorias contra los anarquistas encausados. Sus memorias anuales reflejan cómo la incidencia de lo que considera “anarquismo insurreccional” han ido descendiendo desde 2014 hasta ser, en la actualidad, una amenaza “en niveles bajos y contenidos” y con una “actividad violenta residual” centrada en “sabotajes de pequeña entidad”.

Eduardo Gómez Cuadrado es abogado de Red Jurídica y uno de los letrados que ha llevado la defensa de encausados en las tres operaciones, entre otros al joven que acaba de ser indemnizado por pasar 16 meses en prisión para después ser absuelto. “No estaban buscando condenas porque no hacía falta. Lo que querían era desorganizarles y eso lo consiguieron. La Policía ganó, no ha habido condenas pero se desmontaron esos colectivos”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Las investigaciones no encontraron nada de lo que anunciaban las notas de prensa de la Policía comandada por altos cargos de la confianza de Mariano Rajoy. Ni GAC ni su vertiente internacional. “Nosotros teníamos la certeza de que iba a haber sobreseimientos, y en el peor de los casos condenas pero nunca por terrorismo y ni siquiera fue así”, explica.

Someterse a un proceso judicial de años de duración en la Audiencia Nacional y, en algunos casos, con meses de estancia en prisión provisional, afectó a todos los anarquistas: “Sin duda, todos han quedado muy marcados”. Y su auténtica condena no llegó en una sentencia sino a través de autos y providencias y órdenes de detención: “La instrucción de estas causas fue, en sí misma, la condena. Se buscaba desestructurar a personas y colectivos. No ha habido condenados pero se desmontaron los colectivos”, zanja el letrado.

Las memorias anuales de la Fiscalía reflejan cómo el propio Ministerio Público presume del éxito de estas operaciones mientras soslaya que los grandes operativos policiales terminaron en nada. En 2015, explicó que los datos evidenciaban “la importante afectación que ejerce sobre este terrorismo la eficiente actividad policial, que se ha visto incrementada a lo largo de 2015 con el desarrollo de las operaciones policiales bautizadas como Ice, Piñata y Pandora-2”.