La guerra sucia contra Podemos emerge en medio de una trama de policías corruptos y jerarcas venezolanos

La cúpula policial del último Gobierno del PP utilizó a una presunta organización criminal formada por miembros corruptos de las Fuerzas de Seguridad, abogados y un ex militar israelí para intentar conseguir información de Podemos dentro de su guerra sucia contra el partido. Los miembros de esta nueva trama están siendo investigados en un juzgado de Madrid por extorsionar a antiguos ministros del Gobierno de Hugo Chávez, un contacto que la brigada política del PP utilizó para acceder a esos jerarcas venezolanos y solicitarles supuestas pruebas de la financiación del partido español por parte de la Administración de su país. 

El pasado 30 de septiembre fue un día importante para la Operación Caranjuez, como bautizó la Policía a la investigación contra el grupo de presuntos extorsionadores. En el Juzgado de Instrucción número 29 declaró como testigo Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, con quien contactó la organización investigada para ofrecerle sus contactos en las fiscalías y los cuerpos policiales de Estados Unidos y España. 

Ante la magistrada María Cristina Díaz Márquez, Javier Ochoa Alvarado explicó que fue citado en dos ocasiones en la sede de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía durante el primer Gobierno de Rajoy, en el otoño de 2015. El comisario que el PP había elegido para dirigir la Policía, Eugenio Pino, fue directo: quería información de Podemos. 

Ochoa Alvarado había acudido allí con documentos sobre corrupción de dirigentes venezolanos en su país de origen, pero lo que interesaba a los mandos españoles eran supuestas pruebas de entregas de dinero por parte de la Administración de Chávez a los fundadores de la formación morada, pese a que no existía causa judicial alguna contra el partido, más allá de una querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Pablo Iglesias.

Javier Ochoa Alvarado ya residía en España y había conocido a un individuo llamado Martín Rodil en un viaje a Estados Unidos. Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado a la causa, Rodil “es un importante lobista de Estados Unidos” de origen venezolano que se presenta como colaborador de la DEA (la Agencia Antidroga estadounidense).

Martín Rodil tentó a Ochoa Alvarado, que entonces no era investigado, ofreciendo sus servicios para solucionar cualquier problema que pudiera tener en el futuro. Rodil le dijo que ya trabajaba para otros ex ministros de Chávez que tenían problemas con la justicia por el expolio de empresas públicas venezolanas, como Nervis Villalobos o Rafael Isea. A sus clientes les ofrecía protección y ayuda para recuperar el dinero expoliado que tienen repartido internacionalmente. También se ofreció para proteger a Ochoa en España.

Rodil tenía como jefe de su grupo aquí a Alberto Galán Ferrer, al que todos se refieren como Avi. Se trata de un ex militar israelí que se reúne en Madrid con Alvarado Ochoa, le ofrece protección y la posibilidad de advertirle de cualquier orden de detención contra él. También le asigna un abogado, José Aliste.

Rodil, Galán y Aliste figuran como investigados en la causa que investiga el juzgado número 29 de Madrid. Según reveló El Periódico de España, Aliste aparece en las agendas del comisario Villarejo: “Alvarado Ochoa. No extraditar”. En la actualidad, Alvarado Ochoa figura como imputado en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional por el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

De Martín Rodil, los investigadores aseguran que utiliza sus contactos en la Administración para resolver problemas a cambio de importantes cantidades de dinero a sus clientes y luego vuelve a utilizarlos para crearles nuevos frentes judiciales, con los que seguir pidiéndoles dinero. Las promesas de Rodil y de ‘Avi’, su hombre en España, eran ciertas: entregaron a Ochoa un DNI en curso legal, perteneciente a un ciudadano canario que se le parecía, y un número de teléfono por si le daba el alto la Policía. En ese momento, Venezuela ya había cursado a Interpol una orden de detención y entrega de Javier Ochoa. 

Entra en juego la brigada política

Hasta aquí un presunto grupo de extorsionadores sin placa. Pero hay más. A una de esas primeras reuniones con Alvarado Ochoa acudió un tal ‘Boni’, según relató el testigo. Se trata del inspector jefe, ahora jubilado, Bonifacio Díaz Sevillano, mano derecha de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y juzgado junto a él en el caso del pendrive de los Pujol. También está imputado con su jefe y el resto de aquellos mandos de la brigada política en la Operación Kitchen, donde se les atribuyen los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, malversación y tráfico de influencias. 

En un momento de su declaración ante la jueza el pasado 30 de septiembre, el exministro venezolano Ochoa Alvarado se refiere a su primera reunión en la sede de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía española en otoño de 2015. “Estuvimos con toda esta gente como cuatro horas, documento tras documento, este contrato, este punto de cuenta de Chávez, esta orden de pago de Chávez, a esta empresa, a esta… nos paseamos por 300 folios de múltiple gente (…). Allí, el director me pregunta que si tengo algo relativo al partido Podemos. De hecho no es la primera vez que yo lo escucho, lo escucho con Martín Rodil, luego se lo escucho a Nervis Villalobos: 'Javier, están buscando del partido Podemos.' Yo le digo al director Pino que papeles no tengo, pero que puedo hablar con las agencias de inteligencia”.

Javier Ochoa Alvarado acabó rompiendo con la organización que dirigía en España el exmilitar israelí ‘Avi’, al que la Policía española considera “vinculado a los servicios de información”. Le pedía 1,4 millones de euros por protegerlo de la orden de detención internacional y Ochoa terminó por averiguar que la nota roja de Interpol había decaído y que ya no estaba en busca y captura. Pagó 40.000 euros por los supuestos servicios prestados y, según respondió al fiscal Anticorrupción Juan José Rosa, rompió su relación con la organización. 

Del informe PISA al “mandato de Rajoy”

Las maniobras contra Podemos desde el Ministerio del Interior habían comenzado mucho antes, en cuanto el partido cosechó su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como revela el diario del comisario Villarejo. Las reuniones del exminsitro venezolano y la cúpula policial del PP se produjeron en el otoño de 2015, apenas cuatro meses antes de que fuera publicado el informe apócrifo PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo en 2016 y que el juez Manuel García Castellón ha reutilizado para seguir investigando al partido recientemente. 

En el momento en que Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del dosier PISA, en enero de 2016, acababan de comenzar las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno. Cualquier información que conectara al partido entonces liderado por Pablo Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y el Gobierno de Rajoy. 

Tan importante era aquella operación como para enviar a Nueva York al jefe en funciones de la UDEF, José Manuel García Catalán, y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino, a entrevistarse con el también exministro venezolano Rafael Isea en mayo de 2016. 

El caso Caranjuez ha permitido descubrir quién fue el muñidor de aquel encuentro, uno de los nombres que aparecían hasta ahora ocultos en la última guerra sucia del Ministerio del Interior. Su nombre, Álvaro Martín Rodil, presunto jefe de la organización criminal investigada en el Juzgado 29 de Madrid. 

En la reunión de Nueva York, cuya grabación se conocería años más tarde, Fuentes Gago asegura a Isea que viaja con “un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, dijo Fuentes Gago.