Hundido por la orden de la Audiencia Nacional de poner fin a su investigación prospectiva sobre Podemos, Manuel García Castellón se encaminó a los archivos del tribunal para ver qué podía encontrar que le sirviera para continuar con sus indagaciones sobre ese partido político. Necesitaba algo, cualquier cosa, con tal de poder seguir dando sentido a su vida. Tuvo que irse muy lejos en el tiempo, aunque a estas alturas ya no está en condiciones de ser muy exigente. Se plantó en 2015 e inició esta semana una investigación a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, sobre unos hechos que, aunque provocaron mucho ruido, nunca llegaron a ser tratados como un posible delito en los tribunales.
Cuenta con la ayuda del Pollo Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, que en estos momentos está dispuesto a contar lo que sea con tal de impedir que lo extraditen a Estados Unidos. Si es declarado allí culpable de diversos delitos, incluido el de narcotráfico, pasará el resto de sus días en una prisión norteamericana. No hay que ser jurista para saber que García Castellón se tomará la instrucción con mucha calma, por lo que es seguro que este nuevo caso llegará hasta las próximas elecciones generales.
El juzgado de García Castellón es uno de los epicentros de la guerra judicial que tiene lugar ahora en España. Su campo de batalla más conocido es el del Consejo General del Poder Judicial (CGPG), pendiente de renovar desde hace más de 1.300 días. El PP se niega a pactar la elección de nuevos vocales con el objetivo de mantener su mayoría conservadora hasta que toque volver a las urnas.
La Fiscalía General del Estado es otro de los frentes abiertos, esta vez por la dimisión de Dolores Delgado por razones de salud y su sustitución por su número dos, Álvaro García Ortiz.
El futuro fiscal general compareció el jueves en la Comisión de Justicia del Congreso en el paso previo preceptivo antes de su nombramiento por el Consejo de Ministros. Dado que los jefes de la Fiscalía son designados en España por el Gobierno, su elección siempre es polémica y su trayectoria suele ser examinada con microscopio electrónico. Tanto el PSOE como el PP han criticado con dureza en el pasado a los fiscales generales cuando estaban en la oposición. Nunca se aplican el cuento cuando están en el Gobierno.
Podrían haber cambiado el sistema de nombramiento y dejar que lo haga el Congreso con mayorías reforzadas, como es el caso del CGPJ, lo que tampoco es una garantía de éxito, como estamos viendo estos meses. Pero es la Constitución la que establece que lo designa el Gobierno y ya se sabe que la Constitución no se toca.
En base al principio jerárquico del funcionamiento de la Fiscalía, los gobiernos siempre dejan claro que los fiscales deben seguir las órdenes del fiscal general, aunque en algunos casos muy relevantes interviene la Junta de Fiscales de Sala. Es lo que hizo José María Aznar en 2001 cuando exigió a los fiscales que cumplieran las órdenes del entonces fiscal general, Jesús Cardenal. El Estatuto del Ministerio Público “establece muy claramente cuál es el orden jerárquico de la Fiscalía y las responsabilidades de cada uno al respecto”, dijo. Algunos fiscales reclamaban que el ministro Josep Piqué declarara como imputado en el caso Ercros, a lo que se negaba Cardenal.
García Ortiz se presentó en el Congreso con el pecado original de ser hasta ahora la mano derecha de Delgado y eso ya era suficiente para que la oposición lo considerara indigno del cargo. Les ayudaba el hecho de que siete vocales del CGPJ habían votado en contra de su nombramiento –doce lo hicieron a favor– por no creerlo lo bastante independiente, un razonamiento subjetivo que es curioso viniendo de personas que han sido elegidas por partidos políticos a través de una votación en el Parlamento.
Como el CGPJ se ha convertido en una correa de transmisión de las opiniones que surgen de los partidos y los medios de comunicación, tampoco podemos mostrarnos muy sorprendidos.
El fiscal no se cortó y acusó a esos siete vocales del CGPJ de comportarse como “un tribunal de honor”, una idea más medieval que democrática. “Se han lanzado a buscar recortes de prensa contra mí”, dijo. No les fue muy difícil encontrarlos en la prensa de derechas.
Sin embargo, el Congreso siempre puede llegar más lejos de lo que podamos imaginar. No es suficiente con criticar a una persona elegida por el Gobierno, sino que hay que levantar la voz para afirmar que es un delincuente. Si lo hace un ciudadano fuera del Parlamento, le cae una querella de las que sales condenado, pero en el legislativo hay barra libre para las imputaciones sin pruebas.
Así lo hizo Edmundo Bal, que en Twitter comentó que García Ortiz se ha puesto “del lado de los verdugos en el caso Miguel Ángel Blanco”. En la Comisión de Justicia, el portavoz de Ciudadanos lo planteó en términos de pregunta: “¿No será mejor ponerse del lado de las víctimas que de la protección de los verdugos a través de la institución de la prescripción, de la impunidad de los delitos?”. Bal estaba dando por hecho que el fiscal es poco menos que un colaborador de los terroristas.
El representante del Partido Popular, Luis Santamaría, casi copió el argumento al reprochar al fiscal “una actitud de complicidad y colaboración” con los terroristas.
García Ortiz les respondió que no hay ningún dictamen de la Fiscalía General sobre la prescripción de la investigación judicial del asesinato de Miguel Ángel Blanco. “No ha habido directrices de ningún tipo, mucho menos de tipo político”, dijo. Sobre la posible prescripción de esos delitos, no se ha tomado ninguna decisión, porque “no es el momento procesal oportuno”. Garantizó que la decisión no la tomará él solo, sino que se llevará a la Junta de Fiscales de Sala, donde figuran los fiscales más importantes de la carrera.
El PP también sacó a relucir la participación de García Ortiz en una conferencia organizada por el PSOE gallego en la época en que los socialistas gobernaban en esa comunidad autónoma. Hace sólo unas semanas, Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo, estuvo presente en otra conferencia sobre temas jurídicos organizada por el Partido Popular.
García Ortiz recordó que el tema del acto al que asistió eran los incendios forestales, sobre el que aportó la actuación de los fiscales en la investigación penal de los siniestros, y que también asistieron dos catedráticos. Había pedido permiso a la inspección fiscal y se lo habían concedido.
Los portavoces de izquierda le preguntaron por la reunión que mantuvieron Delgado y él con Eduardo Inda en marzo de 2021. Respondió que fue un encuentro similar al que celebraron con otros medios de comunicación y dejó una frase que cada uno puede interpretar como quiera: “OK Diario es un medio que los fiscales españoles consultan con asiduidad, con relativa frecuencia”. Dejémoslo en que leer no es un delito, siempre que los lectores no se crean todo lo que leen en algunos medios. García Ortiz no dijo nada sobre la poco presentable decisión de celebrar la reunión no en el despacho de la fiscal general, sino en un piso de Baltasar Garzón, lo que pareció un intento de que la reunión no trascendiera.
El portavoz socialista, Francisco Aranda, dijo que la oposición había convertido la comparecencia en “un lodazal argumental”. En otras palabras, el legislativo estuvo a la altura de lo que se espera de él en estos tiempos de martillo y navaja.