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La Mesa del Congreso pospone 24 horas el debate sobre la suspensión de los diputados presos
Los primeros días de la XIII legislatura han traído una tensa bienvenida para la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La dirigente socialista ha visto como las tres derechas le han exigido la inmediata suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva y a los que el Supremo acusa de delitos de rebelión.
Batet ha intentado sin éxito obtener una orden clara del Supremo para descargar en el tribunal la responsabilidad sobre esta medida. Este viernes la Mesa del Congreso se reúne por segunda vez para afrontar la decisión de retirarle a los líderes independentistas sus derechos y obligaciones como parlamentarios.
En este contexto, respondemos a 11 preguntas básicas para intentar entender qué hay detrás de la decisión que está a punto de adoptarse y cuáles son las principales consecuencias de la misma.
¿Por qué es urgente decidir la suspensión de los políticos independentistas en prisión?
No lo es. El parlamento no celebrará sesiones plenarias en las próximas semanas, por lo que la urgencia para decidir sobre los diputados en prisión no es cosa de horas o días. La cercanía de las elecciones ha empujado el debate para que se acuerde la medida antes de la jornada electoral del domingo. PP y Ciudadanos han sido los principales impulsores de una decisión exprés, sin siquiera pedir un informe a los letrados de la cámara.
El Partido Popular ha llegado a amenazar a la presidenta del Congreso con una querella por prevaricación si no impulsaba la suspensión de manera inmediata. Por el momento no hay noticias de que esa querella se haya presentado.
¿A quién corresponde decidir la suspensión de los políticos presos?
Según fuentes jurídicas la suspensión de los presos “es una medida cautelar penal” que debe ser acordada por el tribunal y ejecutada por el Congreso. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha trasladado toda la responsabilidad a la cámara que este viernes ha citado a los miembros de la Mesa para acordar la suspensión. Ahí reside la tensión entre el Supremo y el Congreso.
¿Ha ordenado el Supremo la suspensión de los políticos presos?
No lo ha hecho, a pesar de que en su último escrito pretende dar a entender que sí. En su respuesta de este jueves a la solicitud de aclaraciones planteada por el Congreso, el Supremo se ha negado a dar la orden de suspensión de manera clara, asegurando que su función no es consultiva y negando las aclaraciones solicitadas por la presidenta Meritxell Batet.
En ese escrito se dice que todas las instrucciones sobre la materia están en un auto anterior, del 14 de mayo, también remitido al Parlamento. Sin embargo, en aquel auto el Supremo solo tomó dos decisiones: permitir la asistencia de los presos a la sesión constitutiva de las Cortes y negar la reclamación de un suplicatorio como trámite necesario para seguir con el juicio.
¿En qué ley se apoya el Supremo para reclamar que el Congreso suspenda a los cinco parlamentarios?
El artículo clave es el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según ese texto, quedarán automáticamente suspendidas de cualquier cargo público las personas “integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”. Ese “o rebeldes” al final del texto es a lo que se agarra el Supremo para considerar que su aplicación es extensible a los líderes del Procés. La introducción de esa novedad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se produjo por el revuelo causado en 1987, cuando Juan Carlos Yoldi, en aquel momento miembro de ETA, fue propuesto para la investidura a Lehendakari. Es un artículo pensado como elemento de lucha contra el terrorismo.
¿Qué es el suplicatorio y qué importancia tiene en este caso?
El suplicatorio es una figura destinada a proteger la inmunidad de los diputados y senadores y está recogido en el artículo 71 de la Constitución. Según esta figura el Tribunal Supremo debe pedir permiso a las cámaras para proceder contra un parlamentario. Ese permiso no se solicitó al inicio del proceso porque los encausados todavía no eran diputados. Ahora que sí lo son, el tribunal que preside Manuel Marchena opina que no necesita suplicatorio y así se lo ha comunicado a Congreso y Senado, saltándose lo que señalan los reglamentos de ambas cámaras.
En caso de que se hubiera tramitado un suplicatorio, el juicio del Procés tendría que paralizarse a la espera de la decisión del Congreso.
¿Qué dice el reglamento del Congreso sobre la suspensión de un diputado en prisión?
El reglamento de la cámara es muy claro. En su artículo 21 se asegura que los diputados procesados y en prisión preventiva deben ser suspendidos siempre y cuando haya sido “concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio”. En el caso de los líderes del procés ese permiso del Congreso (suplicatorio) no ha sido solicitado.
¿Qué dice el reglamento del Senado sobre la suspensión de un senador en prisión?
Es mucho más claro aún. En su artículo 22, el reglamento del Senado dice: “Los senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador”.
¿Por qué ha pedido la Mesa del Congreso un informe de los letrados?
Lo ha hecho ante la falta de aclaraciones por parte del Tribunal Supremo y ante la presión recibida para suspender a los diputados en prisión.
La presidenta Meritxell Batet quiere tener en su mano una opinión jurídica que avale la decisión. En su entorno dan por seguro que los políticos encarcelados acudirán en amparo al Tribunal Constitucional tan pronto como sean suspendidos. Partido Popular y Ciudadanos se han opuesto a la petición de informes, entendiendo que hay motivos suficientes para limitar las funciones políticas de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jusep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva de manera inmediata.
¿La suspensión de parlamentarios podría alterar el reparto de fuerzas en el Congreso?
Sí. La suspensión es una medida temporal, asociada a la situación de prisión provisional. Mientras se mantenga en vigor los cuatro diputados independentistas no podrán participar en los debates ni en las votaciones. Sus votos no contarán en la sesión de investidura, rebajando a 174 el límite que marca la mayoría absoluta.
Si Pedro Sánchez se enfrenta a la investidura en ese escenario podría salir elegido sin necesidad de contar con los apoyos de las formaciones independentistas como se explica en este artículo del 30 de abril.
ERC y JxC podrían evitar esa alteración de las mayorías si sus diputados dimiten a todos los efectos tras ser suspendidos. En ese caso correría la lista y el Pleno del Congreso volvería a contar con 350 miembros.
¿Tras la suspensión de los diputados en prisión, seguirá Raül Romeva siendo senador?
Durante un tiempo sí. El proceso para suspender a un senador no es igual que el del Congreso. La mesa del Senado se reunió el pasado martes 21 y no abordó la cuestión. Su próxima cita en agenda está prevista para el miércoles 29. Hasta entonces no se avanzará en la previsible suspensión de Raül Romeva, aunque sus compañeros del Congreso ya hubieran sido suspendidos.
Además, la suspensión de senadores debe ser acordada en sesión plenaria y no basta con una reunión de la Mesa como en el caso del Congreso. Habrá que votar.
¿Puede un diputado suspendido asistir a la ronda de consultas del rey?
La Constitución fija en su artículo 99.1 que “el rey, previa consulta con los representantes designados por las formaciones políticas con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno”. JxC ya ha anunciado que su representante en esa ronda de consultas será Jordi Sánchez, uno de los diputados en prisión preventiva.
El elegido por JxC tendrá que solicitar el permiso del tribunal para abandonar la prisión y poder participar en las consultas con el jefe del Estado. Carece de relevancia que para entonces esté suspendido como diputado, ya que la ley no obliga a que los representantes en esa ronda ostenten tal condición. El rey tampoco podrá opinar ni incidir en la elección de la persona que representa a cada formación política en esa ronda de contactos.
Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciado que no acudirá a Zarzuela a departir con el monarca, por lo que Oriol Junqueras no tendrá que alterar su vida en prisión para ir a ver al rey.