Guía sobre el caso Perla Negra: las estrechas relaciones de la Consejería de Economía con una constructora y los 27 investigados

Año 2005. La Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León quiere unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo edificio. Tras varios intentos fallidos en Valladolid, el entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, decide que alquilará un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación, amañado, el precio, inflado, y la constructora, ya con condenas firmes sobre sus dirigentes por facturas falsas y delitos fiscales en otro caso, conforman una causa en instrucción desde 2013 y que mantiene imputada a la cúpula de la Consejería y a una decena de empresarios hasta sumar 27 investigados

¿Por qué Perla Negra?

Perla Negra es el nombre con el que se conoce popularmente al edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía. El diseño, del estudio de arquitectos Lamela, se caracteriza por las cristaleras negras que conforman las fachadas. Prácticamente desde el inicio del proyecto hubo sospechas sobre su legalidad, por eso, atendiendo a esas sospechas y al color,  se le empezó a llamar como el barco pirata de la película protagonizada por Johnny Depp.

¿Qué delitos se investigan?

La Fiscalía de Valladolid investiga la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales.

¿Cómo se adjudica el edificio?

La consejería de Economía, a través de su empresa pública Gesturcal, convocó un concurso para la construcción de un edificio que alquilaría con opción de compra. El plazo habitual para la presentación de proyectos es de un mes pero en este caso se redujo a 15 días y se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León en plenas fiestas navideñas, el 30 de diciembre de 2005. La empresa Urban Proyecta PM3, promotora del Grupo Parqueolid, sólo necesitó 13. Ofertaba un edificio sin construir  de 10.000 metros en la finca 49 del sector 15 de Arroyo de la Encomienda. A pesar de desconocer el resultado del concurso, compró el terreno el 11 de enero de 2006.

¿Cuánto se ha pagado por Perla Negra y cuánto cuesta en realidad?

La oferta de alquiler con opción de compra de Urban Proyecta PM3 era de 34.900.000 euros. El mismo precio que le puso el estudio de arquitectos Lamela al que encargó el proyecto. Pero tuvo que hacerlo mucho antes de que se convocase el concurso, porque la factura del arquitecto tiene fecha de 14 de septiembre de 2005, y el concurso se publica el 30 de diciembre. Aparentemente, alguien avisó a Urban Proyecta PM3 meses antes para que pudiese concurrir al concurso.

El edificio no tuvo 10.000 metros cuadrados sino 17.000. El precio de alquiler que proponía la adjudicataria era además muy superior al precio de mercado y un alquiler con opción a compra durante 15 años suponía un precio final de 100 millones de euros. El consejo de Gesturcal, una sociedad pública que estaba para gestionar suelo pero no para promover construcciones, tenía que aprobar esas cifras, pero hubo dudas. De este consejo formaba parte Pablo Trillo, hermano del exministro, que se reunió con Herrera para advertirle de que se estaban barajando precios disparatados. Finalmente, la Junta decidió renunciar al alquiler y cerró una compra que también superaba el precio original: 52 millones de euros más IVA (60 millones). Sin embargo, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) precisa que se han pagado 70 millones porque la Junta ha asumido pagos que no le correspondían e incluso se han abonado conceptos por partida doble. Por otro lado, a lo largo de la causa, se aporta la tasación que se mostró a Gesturcal y que era de 52 millones. Sin embargo, tal y como adelantó este diario, Economía ocultó otras dos tasaciones que calculaban un precio de entre 39 y 41 millones de euros.

Por otro lado y fuera de las cuentas oficiales del edificio quedan 4,4 millones de euros que la Junta paga, sin adjudicación ni procedimiento administrativo de ningún tipo, a Unifica Servicios integrales, el mismo estudio de arquitectura que reformó la sede del PP en Génova y que se pagó en dinero negro.

 ¿Qué otras relaciones tuvo la Junta de Castilla y León con Urban Proyecta PM3 y forman parte del caso?

Durante los años 2005 y 2009 Urban tuvo una intensa relación con la Junta de Castilla y León. Además de la construcción del edificio Perla Negra, con los supuestos sobrecostes, forma parte del caso la compra de los terrenos para un polígono industrial en la localidad de Portillo. La empresa pública Gesturcal  (hoy absorbida por ADE) compró los terrenos por algo más de 34 millones a Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba. El beneficio para ambas sociedades pudo alcanzar unos 25 millones, ya que las parcelas, que los empresarios compraron entre 2005 y 2009 para su posterior venta a la Junta, costaron 10,7 millones. La sospecha es que la compra de esos terrenos y el negocio que se hizo con la Junta, se había concertado de antemano Entre las empresas propietarias de los terrenos está Urban Proyecta PM3. De las 14 fincas que compró, vendió 11 a Parque Empresarial Portillo. Le pagaron 8,5 millones y había invertido 5. Los terrenos costaban 3 euros el metro cuadrado cuando se compraban a agricultores, pero las ventas sucesivas los elevaron a 20 que pagó la Junta de Castilla y León a través de la ADE. En total pagó 34 millones de euros, pero ahora los valora en 14. 

Aún hay más. En 2006, la Junta alquilaba un edificio en Bruselas para su sede comercial. Aparentemente, se arrendó a una sociedad belga, Co-Louis, pero era una instrumental. La compró uno de los socios de Urban Proyecta PM3, al igual que el edificio, y meses antes de firmar el arrendamiento. También en este caso alguien pudo avisar a la promotora. La renta mensual era de 13.920 euros durante 15 años. Si antes de los cinco la Junta rescindía el alquiler, debería pagar hasta completar los 15. La Junta asegura que no pagó penalización, pero aún no el documento de rescisión.

Fuera del caso, pero también destacable, es la subvención que concedió Economía a otra sociedad del Grupo Parquesolid, Hotel San Pablo Va, y de la que se niega a ofrecer explicaciones.

¿Qué papel tiene la Junta en el caso?

La Junta de Castilla y León ha negado en todo momento que pagase un sobrecoste por el edificio y por los terrenos de Portillo y resta importancia al contrato de alquiler de Bruselas. No se personó en el caso hasta que este diario publicó los pagos a Unifica. Pretendió entonces hacerlo pidiendo al juez una pieza separada. Era una condición imprescindible porque su pretensión era ir únicamente contra quien firmó los pagos de esas facturas, el consejero delegado de Gesturcal y secretario general de Economía, Rafael Delgado. Sin embargo el juez no accedió a trocear el caso. Así, la Junta que está personada, aunque no ha aclarado al juez en calidad de qué, no acaba de tener un papel claro en el caso. En teoría su presencia sólo puede justificarse si se considera perjudicada, pero es que niega tajantemente que exista malversación. A la vez, los servicios jurídicos de la Junta, y el despacho de abogados Garrigues, contratado por la Agencia de Desarrollo Económico de la Consejería de Economía, son quienes defienden a la mayoría de los imputados del Gobierno regional, por lo que se podría entrar en conflicto de intereses. Por si eso fuera poco, la Junta, que si se considera perjudicada tendría derecho a la correspondiente indemnización, no reclama los más de 9 millones calculados hasta el momento por la Fiscalía. Si nadie reclama en esta fase, no se pueden pedir embargos cautelares de bienes y no se puede asegurar que se recupere la totalidad del dinero público malversado.

¿Quiénes son los imputados?

Figuran como investigados todos los que conformaban el consejo de la sociedad pública Gesturcal, el consejero delegado, Rafael Delgado, también imputado en la Trama Eólica, los directivos de Parqueolid y Urban Proyecta PM3, el hermano del principal beneficiado de la Trama Eólica, Francisco Esgueva, y otros empresarios. Además,  recientemente el juzgado declaró formalmente investigado al que fue vicepresidente de la Junta y consejero de Economía, Tomás Villanueva. Los sucesivos recursos que hace llegar al juzgado pretenden evitar una investigación patrimonial que  él considera prospectiva, sobre él, sus familiares y allegados. También está molesto con las filtraciones del caso. La Junta le ha apoyado en esto último. Días antes de su imputación, Herrera había asegurado que tenía plena confianza en Villanueva, que fue su mano derecha.

¿Qué ha pasado con el dinero?

Uno de los problemas que arrastra el caso es la lentitud de los informes policiales por la escasez de efectivos  que se ha destinado a esta investigación. En septiembre del año pasado, la Policía detectó que Unifica Servicios Integrales había abonado cantidades al Grupo Parqueolid, por lo que iba a seguir el rastro de unos pagos que, en principio, no tienen explicación. 

Pero desde entonces no se ha presentado un solo informe más y ello a pesar de que la Fiscalía ha pedido la investigación de más sociedades y cuentas. El caso, con nexos en común con la Trama Eólica por sus imputados, avanza también porque se están compartiendo informes. Así, un documento elaborado por la Agencia Tributaria a petición del fiscal de la Trama Eólica, se ha aportado a Perla Negra: el presunto cohecho que recibió Rafael Delgado en las fechas en que se estaba tramitando la construcción del edificio, un piso y 220.000 euros.

Podrían arrojar luz sobre el caso tanto la investigación patrimonial a Tomás Villanueva como las comisiones rogatorias a Suiza de las que se espera respuesta desde hace más de un año.