El reverso de los años felices del PP con la mayoría absoluta de José María Aznar emergerá a partir del próximo martes en el primer juicio en la Audiencia Nacional a la red Gürtel, la trama de corrupción en la que convergían el empresario Francisco Correa y un grupo de políticos, valores entonces en alza del bastión que la formación tenía y conserva en las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid.
De las 37 personas que se sentarán en el banquillo por la 'Primera Época’ de Gürtel, la mitad ocuparon cargos relevantes en aquel PP y en las instituciones locales, incluyendo de Castilla y León y Málaga. Uno de ellos hasta estuvo en el mismo corazón de la sede central, el gerente y después tesorero Luis Bárcenas, quien se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 125 años.
Malversación, fraude, apropiación indebida, tráfico de influencias... el rosario de delitos que se les imputa a los acusados en Gürtel completa el círculo de la corrupción. El que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, se arriesga a una condena de medio siglo, y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a otra de 15. El exconcejal en Madrid y después mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico, Alberto López Viejo, deberá responder a una petición de 45 años por los contratos adjudicados desde esos dos puestos. Aguirre declarará como testigo en la vista a petición de Anticorrupción.
El escrito de acusación de la Fiscalía hace hueco al PP nacional, que aparece con su NIF como uno de los 21 presuntos responsables civiles de los delitos que habrían cometido los que se sientan en el banquillo. En concreto de 245.000 euros procedentes de los chanchullos de Sepúlveda y Ortega con Correa, destinados a la financiación de campañas locales y otros gastos del partido. La formación tuvo que abonar una fianza por ese importe que no recuperará si se demuestran los hechos descritos por la Fiscalía.
En su misma situación está Ana Mato Adrover, la pieza política más importante que se ha cobrado el caso Gürtel. Su inclusión en la lista de los presuntos responsables civiles de la ‘Primera Época’ provocó su dimisión como ministra de Sanidad. A Mato, el juez Pablo Ruz le impuso una fianza de 28.500 euros, una cifra procedente del cálculo de lo que costaron los regalos en forma de ropa cara y fiestas infantiles por parte de la red de corrupción cuando ella estaba casada con Jesús Sepúlveda.
Aparece la caja B del PP
El juicio por esta ‘Primera Época’, como la bautizó Ruz en su auto de apertura de juicio oral, desborda una y otra vez con las manzanas podridas del PP de Madrid. Ocurre, por ejemplo, cuando Anticorrupción se dedica a describir la actuación de Luis Bárcenas, al que acusa de quedarse con 299.650,61 euros del Partido Popular, pero no de su contabilidad oficial sino de la caja B que la Fiscalía da por hecho que existía en la formación de Mariano Rajoy.
“Los fondos de los que se apoderó procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, escriben las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.
Por estos mismos hechos se iba a sentar también en el banquillo el antecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, pero el tribunal le ha eximido de hacerlo por la demencia que sufre, según han determinado los peritos de la Audiencia Nacional.
Las acusaciones populares del caso Gürtel, tanto en esta pieza como en la que investiga la caja B y la reforma en Génova con dinero negro, han llegado a la fase de juicio oral con la frustración de que la investigación no haya alcanzado algunos peldaños más altos en la jerarquía del Partido Popular. Solo pudieron interrogar como testigos a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus predecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como a Ángel Acebes, que llegó a estar imputado, todo ello en otra pieza que se juzgará más adelante, la de la caja B.
Sin embargo, un giro casi de última hora permitirá interrogar como testigos durante el juicio de la ‘Primera Época’ a los citados Arenas, Acebes y Álvarez Cascos, a Rodrigo Rato, a Jaime Mayor Oreja y a Gerardo Galeote; la plana mayor de José María Aznar, pero sin Aznar. Se debe a una petición de la defensa de Luis Bárcenas -anterior a que retirara su acusación del caso de los discos duros y el PP pudiera acogerse a la doctrina Botín- que provocó una profunda fractura en el seno del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego votaron a favor, con la férrea oposición del presidente, Ángel Hurtado.
Correa y sus “estrechas relaciones” con el PP
El epicentro de la trama de corrupción juzgada es Francisco Correa, un empresario que empezó de botones en un hotel del centro de Madrid y que en la primera mitad de los noventa olió el dinero fresco que podía manar del Partido Popular, la formación de Aznar presta a dar el relevo en el Gobierno a los socialistas. Solo en esta pieza, Correa está acusado de haber conseguido 8,4 millones de euros de contratos amañados con las administraciones controladas por el PP y otros 2,85 por mediar para que los obtuvieran terceros.
Para todo ello se servía de sus “estrechas relaciones” con políticos del PP, asegura Anticorrupción. Para atestiguar esa proximidad a la cúpula del partido está la foto de Correa y su entonces esposa -también en el banquillo- en la boda de la hija de Aznar, a cuya celebración la trama de corrupción contribuyó con más de 30.000 euros. El yerno del expresidente, Alejandro Agag, era uno de los principales amigos de Correa en el PP.
Todo fue bien hasta 2008, cuando uno de esos “amigos” políticos se revolvió porque no obtenía lo que quería y entregó a la Fiscalía y la Policía abundante información del funcionamiento de la trama, sazonada con jugosas grabaciones a sus protagonistas. Es así, con el testimonio del acusado José Luis Peñas y no por Esperanza Aguirre -la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que acuñó la frase “yo destapé la Gürtel”- cómo los españoles tuvieron oportunidad de empezar a conocer, meses después, el complejo funcionamiento de la trama.
En febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, las fiscales y la UDEF decidieron que era el momento de explotar las investigaciones y comenzaron las detenciones. Emergió entonces la red de amaño de contratos y sus derivadas, como la ocultación de fondos en el extranjero a través de una madeja de sociedades que, pasando por paraísos fiscales, escondían la verdadera identidad de los titulares de los fondos procedentes de la corrupción. A su regreso a España eran convertidos en lujosos inmuebles, un valor seguro en los años anteriores a la crisis económica.
La simbiosis era tal que la estructura opaca creada por el abogado Luis de Miguel, hoy en prisión por otra condena, era compartida por Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo -exsecretario de Organización del PP gallego-, con algunos de los políticos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda.
El poder omnímodo que alcanzó el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana reproduce mecanismos de corrupción. La actuación de la trama Gürtel en Valencia es objeto de otras causas distintas a la que se comienza a juzgar este martes en la Audiencia Nacional, pero no tiene la relevancia de la penetración en Madrid porque según ha demostrado la Operación Taula, el PP valenciano tenía su propia Gürtel. El propio Correa así lo explicaba, casi a modo de queja, en la confesión que entregó a eldiario.es: “En cuatro o cinco años, a Orange Market (empresa Gürtel) se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba (Taula), en un solo año, unos sesenta con la Generalitat”.