Esperanza Aguirre dice que nunca supo de las tramas corruptas que extendían sus tentáculos en la Comunidad de Madrid ayudadas por algunos de sus subordinados. Es más, ha presumido de haber cortado los de Gürtel cuando Francisco Correa se dispuso a hacer caja con unos terrenos en Majadahonda. Nunca supo nada, hasta que lo supo y lo atajó. Las primeras semanas del juicio de Gürtel, sin embargo, dejan un relato de los hechos que sitúa a la expresidenta regional en la cumbre de un Gobierno que fomentaba las prácticas corruptas.
A falta de que declaren quienes estuvieron más cerca de la expresidenta del PP madrileño durante sus años de Gobierno, los principales acusados ya han pronunciado en nombre de Aguirre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El primero fue Correa, quien relató ante el tribunal la intervención de Aguirre en la venta de las parcelas de Majadahonda.
La ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid presume siempre que puede de haber paralizado en 2004 la venta de unos terrenos en ese municipio madrileño. La polémica por el precio de venta, que algunos consideraban muy por debajo de mercado -Aguirre dijo que era la mitad- abortó la venta y acabó con la salida del alcalde, Guillermo Ortega, y del concejal José Luis Peñas, que años más tarde acudiría a la justicia cargado de grabaciones a los cabecillas de Gürtel.
Ambos declararon en el Tribunal Supremo que Aguirre conocía los tejemanejes de Majadahonda, en contra de lo que ha defendido ella, que dice que no sabía nada y que solo intervino por el bajo precio de los terrenos. Al final, las parcelas, que inicialmente se iban a destinar a pisos sociales, se sacaron de nuevo a subasta por orden de la propia Aguirre. Acabaron en manos de Sacyr por 21.000 millones de pesetas, 5.000 más de los apalabrados por Correa con una constructora que le pagaría por cada chalet construido. Éste terminó su relato de la maniobra de Aguirre ante el Tribunal con un enigmático “sobran las palabras”.
Su Gobierno ordenaba trocear las facturas
Tras Correa fue el turno de su lugarteniente, Pablo Crespo, quien señaló directamente a la administración de Aguirre como la responsable de ocultar los contratos que se hacían con las empresas de Gürtel. La cantidad de actos que la red organizaba para la presidenta y sus consejeros quedaban fuera de todo control, porque se troceaban en contratos pequeños que se adjudicaban sin publicidad ni concurso público.
“Yo estaba al tanto de que la Comunidad de Madrid nos encargaba actos, sobre todo eran actos referidos a la presidenta de la Comunidad, doña Esperanza Aguirre”, dijo Crespo. Durante su declaración se escuchó una grabación en la que Correa definía esos actos como “chorizadas”. Fueron, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al menos 104 eventos.
“Era la administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, relató Crespo. Este jueves, Isabel Jordán explicó que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid conocía a Special Events -la empresa de Gürtel que organizaba los actos- y a sus trabajadores. Jordán precisó que los contactos para organizar los distintos actos se hacían directamente con las personas más cercanas a Aguirre: “Era el equipo de Presidencia, el equipo de Esperanza Aguirre”.
Jordán fue más allá y aseguró que la presidenta madrileña “opinaba y muchas veces”. Para esta responsable de algunas empresas de la trama corrupta, la cantidad de actos que organizaban para Aguirre -en ocasiones tres o cuatro diarios- respondía a la su voluntad de posicionarse políticamente: “Tengo claro que es el posicionamiento de la señora Esperanza Aguirre a nivel político, porque ella era la que salía en estos eventos”.
Entre los actos que la Comunidad de Madrid pidió fraccionar está el homenaje a las víctimas de atentado del 11 de Marzo que se celebró dos semanas después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de 10 facturas por valor de 11.954,39 euros, según explicó Jordán este viernes.
Regalos de Gürtel a miembros de su Gobierno
Aguirre ya ha sido protagonista en las declaraciones de los principales imputados, y aún quedan por declarar quienes más relación tuvieron con la expresidenta del PP, entre los que están dos de las personas que se sentaron con ella en los consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid: Alberto Lopez Viejo, que fue consejero de Deportes, y Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración y Cooperación.
López Viejo está considerado cómo una de las figuras centrales de la Gürtel. Aguirre le fichó del Ayuntamiento de Madrid, donde había perpetrado uno de los grandes pelotazos de la trama: la adjudicación de contrato de recogida de basuras de Moratalaz a una empresa que le agradeció la gestión con casi 700.000 euros.
Clemente tiene menos peso dentro de este juicio, pero se convirtió en uno de los protagonistas de la declaración de Correa, en la que el cabecilla de Gürtel detalló las dádivas con las que cuidaba a quienes le daban un buen volumen de negocios. Este viceconsejero le invitó a la comunión de su hija, y Correa le dijo que sí, y que además la pagaba él: “Me dijo, te quieres venir, y le dije no te preocupes, que me hago cargo yo”. “Nos está dando eventos, y en un momento determinado me ofrezco a pagar la comunión de su hija”, dijo Correa intentando revestir de normalidad ese hecho.
También quedan por declarar Jesús Sepúlveda, que llegó a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón ayudado por el dinero en efectivo que le daba Correa, y que una vez ahí le pedía regalos en forma de Range Rover. O Guillermo Ortega y José Luis Peñas, los dos políticos del PP apartados por Aguirre tras la polémica por la venta de las parcelas de Majadahonda.
Para que declare la propia Aguirre aún hay que esperar mucho. Lo hará durante el próximo año, y podría acompañarla buena parte del que fue su Gobierno. Varios abogados han pedido que testifiquen hasta 60 altos cargos de su Ejecutivo para dar explicaciones por el troceamiento de las facturas. Entres quienes pueden declarar está el que fuera su número dos y sucesor, Ignacio González, o el exconsejero autonómico Juan José Güemes.