Disponer de una habitación segura donde poder refugiarse o pactar señales con los niños o niñas y los vecinos para que sepan cuándo tienen que pedir ayuda son algunas de las medidas que aconseja el nuevo protocolo para la seguridad de las víctimas de violencia machista y la valoración de su nivel de riesgo.
Unos consejos policiales que se repartirán a las víctimas y que se recogen en la instrucción que acaba de remitir la Secretaría de Estado de Seguridad a las fuerzas de seguridad y que recoge el nuevo protocolo para la valoración del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de la seguridad de las víctimas.
La instrucción, a la que ha tenido acceso EFE, establece las medidas que deben adoptar los agentes –tanto las obligatorias como las complementarias– para cada uno de los niveles de riesgo de la víctima –no apreciado, bajo, medio, alto y extremo–.
Pero también otras de autoprotección en los distintos niveles dentro del plan de seguridad personalizado con cada víctima y para los menores. Más de 52.000 víctimas de violencia de género estaban en situación de riesgo en España a finales de 2015, de ellas más de un centenar en nivel alto y extremo, y casi 3.000 en nivel medio.
Preparar “una habitación segura”
Desde las más sencillas, como portar siempre un teléfono móvil, hasta preparar una habitación segura, la instrucción ofrece todo un listado de recomendaciones. En el caso de los menores, la instrucción recomienda que se les enseñe a ir a la habitación segura en cuanto se produzca una situación violenta, avisarles de que está ocurriendo y acordar una palabra o un gesto clave para que sepan cuándo tienen que pedir ayuda.
Crear una lista de teléfonos de emergencia y asistencia para llevarla siempre consigo, “instalar en el móvil la aplicación del Ministerio del Interior AlertCops u otras equivalentes, realizar algún curso de defensa personal” y portar las fotocopias de las disposiciones judiciales de protección son otros de los consejos.
Si el agresor ha abandonado el domicilio, lo más conveniente, dice el protocolo, es cambiar las cerraduras y mejorar las medidas de seguridad en el domicilio, como videoporteros o alarmas conectados a las centrales de recepción.
También “identificar a los vecinos de más confianza que pueden ser contactados en caso de emergencia”, informarles de la situación y pedirles que llamen a las fuerzas de seguridad si advierten la presencia del agresor o si oyen gritos o sonidos de un ataque violento.
Incluso, “acordar señales con ellos para avisar, como un número determinado de toques de teléfono, luces encendidas, etc...”, pero también bloquear las llamadas o mensajes desde los números del agresor, restringir el acceso al perfil en las redes sociales o no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos.
Informar al centro escolar de los hijos de la situación y de las medidas judiciales que haya en vigor, como las órdenes de alejamiento, así como al responsable del centro de trabajo de la víctima es también conveniente.
“No ir solas a desayunar o comer”
Las fuerzas de seguridad recomiendan a las víctimas que no usen las mismas rutas de traslado al centro de trabajo, que “procuren no ir solas a desayunar o comer”, que sean acompañadas hasta el medio de transporte que se use y, si es posible, que pidan el cambio de centro de trabajo o de horario dentro de la empresa.
Para el caso de que el agresor entre en la casa, tener planificada y practicar una “rutina de escape de emergencia”: salir del domicilio y, si no se puede, “confinarse en un lugar seguro con un teléfono móvil par a llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Igualmente alejarse de los áreas de la casa más pequeñas donde el agresor puede atrapar más fácilmente a su víctima.
El nuevo protocolo instruye a los agentes para el uso de los formularios donde se evalúa la situación de riesgo de la víctima y su nivel. Es el conocido como VioGén. Cada uno de esos niveles conlleva medidas policiales, de las que se informa a las víctimas, como vigilancias esporádicas, frecuentes o permanentes según el riesgo.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y seis casos se mantienen en investigación.