En la madrugada del 4 de octubre de 1993, el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, Borís Yeltsin, ordenó bombardear el Parlamento heredado de la URSS para desalojar a los diputados que se habían atrincherado allí, un asalto que marcó definitivamente el final de una época.
La “Casa Blanca”, como llaman en Rusia a la antigua sede del Soviet Supremo, y que actualmente acoge al Gobierno, fue destruida a cañonazos por los tanques y blindados del Ejército; cerca de 200 personas murieron, según distintas fuentes, y un millar resultaron heridas.
Veinte años después, los rusos aún están divididos o confusos sobre quién llevaba la razón en aquella lucha de poder que estalló en la Rusia postsoviética entre el presidente Yeltsin, por un lado, y su vicepresidente, Alexánder Rutskói, y el jefe del Legislativo, Ruslán Jasbulátov, por otro.
El bombardeo de la Casa Blanca fue el punto culminante de una pugna que había comenzado desde la desintegración de la Unión Soviética que siguió al golpe de Estado de 1991 contra Mijaíl Gorbachov.
Yelstin y el Soviet Supremo, que durante el fallido golpe se erigieron en defensores de la democracia, se enzarzaron luego en una lucha por el poder que llevó al presidente, el 21 de septiembre de 1993, a disolver por decreto ese legislativo.
Los diputados, encabezados por Jasbulátov, y a quienes se sumó Rutskói, se negaron a acatar la orden y se encerraron en la sede, donde ofrecieron una resistencia desesperada que llevó, el 3 de septiembre, a que una multitud tratara de tomar el edificio de la Televisión, con el resultado de varias decenas de muertos.
Uno de los protagonistas de los hechos, el chechén Jasbulátov, recordaba hoy a Efe “aquella tragedia, que tuvo una significación histórica similar al golpe de 1991 y a la Revolución bolchevique de 1917”.
“Las secuelas de ese incidente aún se pueden sentir hoy en Rusia”, asegura.
En opinión del que fuera presidente del Soviet Supremo, el cañoneo de la sede tuvo como primera consecuencia “la instauración de una semidictadura, un régimen autoritario y anticonstitucional en el que el Parlamento tiene menos prerrogativas que en tiempos de Stalin”.
Por otro lado -agrega- “la rampante corrupción que afecta a Rusia desde entonces, es una consecuencia de la falta de control social sobre el Estado”.
Jasbulátov también cree que el asalto a la Casa Blanca trajo la pérdida de la posición de Rusia en el mundo, la impunidad general y las guerras en su Chechenia natal, además de que “Rusia perdió una gran oportunidad para construir una democracia”.
Para Jasbulátov, fue además “lamentable” el respaldo que Yeltsin obtuvo de Occidente y de Estados Unidos en particular, bajo la Presidencia de Bill Clinton.
Su compañero de asedio, el entonces vicepresidente Alexánder Rutskói, general veterano de la guerra de Afganistán, también recuerda hoy aquellos días en una entrevista en la emisora “Radio Svoboda”, en la que descalifica las acusaciones de que eran nostálgicos del comunismo que se atrincheraron frente a las reformas que quería impulsar Yeltsin.
“Yo solo quería una cosa, que las reformas económicas no fueran en interés de la lista de los más ricos de la revista 'Forbes', sino en interés de la población del país”, afirma.
Cree que los hechos le dieron la razón: “lamentablemente, vea en qué acabó la privatización: en el empobrecimiento de la población y la destrucción del potencial industrial, agrícola y del complejo militar. Y cinco años después de 1993, llegó la bancarrota, la incapacidad del país para pagar sus deudas”.
Rutskói subraya que “no hubo ninguna crisis constitucional” y frente a quienes apuntan que el asalto al Parlamento evitó una guerra civil cuando las protestas populares llegaban a su punto álgido, inquiere: “¿Es normal, disparar desde tanques al Soviet Supremo?. ¿Poner a la gente contra la pared y dispararle?”.
“La decisión de atacar el Parlamento fue un crimen. Mi opinión de antes y de ahora no ha cambiado”, subraya.
“La mayoría de los muertos fueron simplemente fusilados, puestos contra la pared y fusilados por 'omones' (antidisturbios) borrachos”, asegura el exvicepresidente.
Para Rutskói, aquel día “no hubo ni vencedores ni vencidos. Pero se perdió totalmente cualquier posibilidad de crear en Rusia nuevas relaciones económicas”.
Yelstin siempre defendió que disolvió el Parlamento para liberarse de las amarras de la legislación soviética que le impedía aplicar las reformas liberales que exigía la transición al capitalismo.
Como señala a Efe Pável Salin, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Finanzas, “los acontecimientos de 1993 supusieron un giro total, después del cual ya no era posible retornar a los años de la Unión Soviética”.
Tres meses después del asalto se aprobó una nueva Constitución presidencialista y se celebraron las elecciones a la primera Duma postsoviética.
Virginia Hebrero