La detención de Rodrigo Rato ha resultado inédita no solo por tratarse de un exvicepresidente. El Gobierno decidió activar unos resortes policiales y judiciales absolutamente inusuales, que causaron confusión durante toda la tarde del jueves, incluso en la élite de los funcionarios destinados a combatir los delitos económicos y la corrupción. Según informaron fuentes jurídicas, el Ministerio de Hacienda actuó a espaldas de la Fiscalía Anticorrupción, que se enteró por los medios de comunicación de la judicialización de la investigación a Rato y de que el Gobierno había acudido directamente a la Fiscalía provincial de Madrid.
La cuando menos discutible elección de Hacienda dirigiéndose a una fiscalía no especializada será corregida rápidamente. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas, telefoneó a la máxima responsable del Ministerio Público al poco de tener conocimiento por los medios del registro en la casa de Rato. Salinas expuso su extrañeza a Consuelo Madrigal por el desarrollo de los acontecimientos y reclamó para su Fiscalía las actuaciones. Madrigal aceptó de inmediato.
El exvicepresidente está imputado por varios delitos en el marco del caso Bankia, tanto en la pieza principal de la salida a bolsa como en la pieza separada que investiga las tarjetas 'black'. Todo el caso ha sido conducido por los fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol. El primero de ellos soltó una bomba en pleno interrogatorio a Rato por las tarjetas 'black' el 16 de octubre pasado. Estaba a punto de concluir su turno cuando Luzón preguntó al exvicepresidente sobre un ingreso de algo más de 6 millones de euros por parte del banco de inversión Lazard, según se conoció después, en una cuenta bancaria abierta en un paraíso fiscal.
“Sabemos mucho de Rato”, recordaba este jueves una fuente de Anticorrupción. Este fue uno de los motivos esgrimidos por Salinas para reclamar a Madrigal en su conversación que la Fiscalía especializada se haga con el caso. Este jueves estaba previsto que el propio Salinas redacte un escrito con la solicitud y que lo envíe el mismo viernes a la Fiscalía General del Estado. A principios de la próxima semana, Anticorrupción ya podría haberse hecho con el control de las actuaciones.
En un principio, según las fuentes consultadas, Anticorrupción se personará en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, cuyo titular provisional, Enrique de la Hoz, fue sorprendido con la petición de la Fiscalía provincial de registrar el domicilio de Rato por encontrarse el jueves de guardia. Pero en el caso de que Anticorrupción considere que el tribunal que debe entender del caso es la Audiencia Nacional, pedirán a De la Hoz que se inhiba.
Rato está acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. De confirmarse que alguno de los hechos presuntamente delictivos de los que se le acusa ha sido cometido en el extranjero –por ejemplo, el blanqueo–, el caso pasará a la Audiencia Nacional a petición de Anticorrupción. Esta Fiscalía reclamará para sí toda la investigación, que afecta a “otras personas” distintas al exvicepresidente, según fuentes jurídicas.
Acostumbrado a trabajar con la Agencia Tributaria –o lo que es lo mismo, con el Ministerio de Hacienda–, el departamento de Montoro sabe que Anticorrupción tiene más medios y especialización contra los delitos que se atribuyen a Rato. Estos argumentos también serán utilizados por Salinas en su escrito a la Fiscalía General. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene una unidad adscrita de la Agencia Tributaria trabajando en su sede de la calle Manuel Silvela.
A 5 semanas del 25M
Apenas una hora después de que trascendiera el registro policial en el domicilio de Rodrigo Rato, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró públicamente que la investigación al exvicepresidente del Gobierno demuestra que la Justicia es “igual para todos”. El número dos del Grupo Parlamentario Popular, José Luis Ayllón, añadía a la actuación el adjetivo de “implacable” desde los pasillos del Congreso. El Gobierno y el PP se coordinaban para lanzar un mensaje de contundencia a cinco semanas de las elecciones municipales y autonómicas.
Los hechos se han precipitado desde que Vozpópuli publicara el martes que Rato era investigado por irregularidades fiscales descubiertas a raíz de que se acogiera a la amnistía fiscal del Gobierno. El asunto se apoderó de la actualidad informativa entre negativas del Ejecutivo a ofrecer información, en público, de la investigación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
El que más lejos llegó fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien confirmó el jueves por la mañana que la investigación de la que es objeto Rato afecta a “hasta 705 personas de lo que se considera, de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, que son personas que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas”.
A media tarde, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, dependiente de Hacienda, se personaban en el domicilio de Rato en pleno centro de Madrid. Para cuando llegaron, ya había cámaras de televisión grabando su entrada. Rato fue detenido con una orden judicial porque era necesario para trasladarlo al registro de su despacho. A última hora de la noche se conoció que la Fiscalía iba a solicitar su puesta en libertad en cuanto acabara este segundo registro. Para entonces, la foto de un funcionario, subordinado de Montoro, obligando a Rato a agachar la cabeza para entrar en el coche detenido ya era la portada de todos los medios.
Poco después de las doce de la noche, acabó el segundo registro y los agentes trasladaron a Rato a su domicilio, donde quedó en libertad.
Los miembros de Vigilancia Aduanera son agentes de la autoridad armados que centran sus investigaciones en el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Colaboran habitualmente con la Policía y la Guardia Civil, pero no es frecuente verlos protagonizar una operación contra la corrupción. Ocurrió en el caso Pokemon, que sirvió para desarticular una gran red de corrupción en la provincia de Lugo en la que estaban implicados policías y guardias civiles. De ahí que la jueza a cargo de la instrucción optara por un servicio al margen de las pesquisas.
Esta redacción pudo comprobar en la tarde del jueves que ni la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambas especializadas en blanqueo y corrupción, estaban al tanto de la operación. El hecho de que el departamento de Montoro haya actuado en solitario queda de manifiesto en el momento en que la Policía desplazó a quince agentes de la Unidad de Intervención Policial, encargada de mantener el orden en situaciones complicadas. Los policías llegaron dos horas después que los primeros periodistas a la casa de Rato, cuando en el lugar ya se concentraba un número importante de medios de comunicación y curiosos.