El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha dicho hoy que deber ser el Gobierno de Cataluña el que ponga fin “a la situación de excepcionalidad”, porque al Gobierno de España le corresponde “preservar la legalidad en términos presupuestarios y extrapresupuestarios.
En conferencia de prensa en Córdoba, donde ha firmado un convenio con la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, Fernández de Moya ha explicado que la situación de “excepcionalidad” creada en Cataluña responde al “incumplimiento del Gobierno de la Generalitat”, que se ha negado a suministrar la información que le pide el Gobierno, a la que está obligado.
El secretario de Estado de Hacienda ha defendido que el Gobierno ha aplicado la normativa vigente para ejercer un “control reforzado y exhaustivo del gasto de la Generalitat”, después de que ésta haya “decidido vulnerar el ordenamiento jurídico vigente”, y lo hace después de que una sentencia del Tribunal Constitucional declarara “inconstitucional” la existencia de cualquier partida presupuestaria destinada a procesos “ilegales”.
“Hemos reforzado nuestro control para que ni un solo euro del presupuesto se destine a financiar un proceso refrendario ilegal e inconstitucional”, ha apostillado Fernández de Moya, quien ha recordado que la Ley de Estabilidad financiera, que permite que el Gobierno tome “el control de las finanzas” de la Generalitat, se aprobó con el voto a favor de CIU.
Asimismo, ha especificado que se ha trasladado al Fiscal General del Estado todos los correos y notificaciones en los que la Intervención General de la Generalitat se ha negado a facilitar la información requerida por Hacienda, para que el Misterio Público “deduzca las actuaciones penales que pudieran ejercitarse”.
“¿Cuánto va a durar esta situación? Eso corresponde a quien ha generado esta situación de excepcionalidad”, ha manifestado Fernández de Moya, que ha aseverado que, ante dicha situación, el Gobierno ha aplicado “un control financiero y presupuestario igualmente excepcional” y ha dado un plazo de 48 horas para que el Gobierno catalán “se avenga a cumplir la normativa vigente”.