La operación de venta de un edificio de la familia de Iván Espinosa de los Monteros por 25 millones de euros en el centro de Madrid provocó al portavoz parlamentario de Vox un segundo problema con la Agencia Tributaria, adicional al descubrimiento de la “factura falsa” emitida por el estudio de arquitectos de su esposa, Rocío Monasterio. Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él.
Al igual que la participación del estudio de arquitectos de Monasterio, también la de las dos sociedades de Espinosa de los Monteros constituyeron “una simulación”, según consta en los procedimientos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a partir de los recursos presentados por el matrimonio. En este caso, según Hacienda, Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.
A la inspección de la Agencia Tributaria por la operación desarrollada entre 2015 y 2017 le siguió una liquidación a Iván Espinosa de los Monteros de la que resultó una deuda de 293.381,57 euros, equivalente a la suma de lo que había dejado de ingresar por IRPF más 24.704,78 euros de intereses de demora.
El portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado en redes sociales, tras la publicación de la exclusiva de elDiario.es, que después de que la Agencia Tributaria descubriera las irregularidades en 2019, pagó la cantidad que le impuso Hacienda “hace dos años”. Espinosa de los Monteros también ha confirmado que después de hacerlo presentó un recurso en la Justicia, sin precisar si está en fase del Tribunal Económico-Administrativo Central, tras la confirmación de las conclusiones de la Agencia Tributaria por su delegación en Madrid, o si ya ha saltado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el responsable “nacional” de prensa de Vox para conocer si además de la liquidación que motivó que Espinosa de los Monteros desembolsara, según él, los casi 300.000 euros que le reclamaba Hacienda, también se le abrió un proceso sancionador. Este medio no ha obtenido respuesta.
Como adelantaba la noticia publicada por este medio el martes, las secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid están pendientes de resolver los recursos presentados por la pareja de políticos en relación a las liquidaciones por el negocio de la venta del inmueble, un edificio de pisos de gran lujo en el corazón de la capital, y que han derivado en los procedimientos ordinarios 970/2022, 1166/2022, 1167/2022 y 1168/2022.
La Agencia Tributaria no informa de sus inspecciones ni del resultado de las mismas, por lo que resulta imposible conocer los motivos que llevaron a corregir la declaración que había realizado en su beneficio Espinosa de los Monteros. Expertos fiscales explican que uno de los criterios que utiliza Hacienda para concluir que un trabajo debe ser declarado como persona física y no por sociedades es que éstas no cuenten con trabajadores durante la realización del mismo. Esta circunstancia se da en el caso de las dos empresas inmobiliarias de Iván Espinosa de los Monteros.
Ni Premium Capital Management SL ni Citrum SL contaban con trabajadores asalariados durante los ejercicios de 2015, 2016 y 2017, según el balance público de ambas sociedades. Tras la publicación de la noticia, Rocío Monasterio alegó este miércoles que su trabajo de asesoría para la venta arrancó a finales de 2015.
Por su parte, Espinosa de los Monteros declaró unas ganancias de 90.000 euros a través de Premium en 2016; de 160.000 con la misma sociedad en 2017; y de 375.000 con Citrum, todos ellos ingresos derivados de la venta del edificio de la calle General Castaños, número 3 de Madrid.
En total, Iván Espinosa de los Monteros obtuvo 625.000 euros por la venta de un inmueble que un vehículo de inversión adquirió a la familia de Espinosa de los Monteros por 25 millones de euros, cantidad revelada este martes por Rocío Monasterio en reacción a la exclusiva de elDiario.es. De las cinco inspecciones que abrió la Agencia Tributaria, dos se corresponden al impuesto de sociedades de Citrum y Premium y una al impuesto de la renta de Iván Espinosa de los Monteros.
Irrupción en política y beneficios triplicados
Las dos empresas que Espinosa de los Monteros utilizó para facturar los 625.000 euros por la venta del inmueble de lujo multiplicaron sus ingresos en 2018, coincidiendo con la irrupción de Vox en el panorama político nacional. Tal y como publicó elDiario.es, entre las dos sociedades triplicaron aquel 2018 los ingresos que habían obtenido en 2017. Si ese año habían obtenido 660.000 euros de beneficio, en 2018 cerraron sus cuentas con 10 millones de euros en activos (un 68% más que el año anterior) y, como en la época en que tuvo lugar la venta del edificio de General Castaños, contaban con un total de cero empleados.
Las dos sociedades inmobiliarias de Espinosa de los Monteros tienen su domicilio social en dos números distintos de la calle Menorca, en el distrito de Salamanca. Una de ellas, Premium, comparte dirección con Rocío Monasterio y Asociados, el estudio de arquitectos que, según la Agencia Tributaria, giró una “factura falsa” por un trabajo de asesoría que no había realizado para las empresas de su marido en la operación de venta del edificio de la calle General Castaños número 3. Rocío Monasterio también ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid respecto a la inexistencia de aquel trabajo. En declaraciones a los medios, tras las revelaciones de elDiario.es trató de justificar la operación alegando que poco había cobrado a su marido porque su trabajo generó un negocio de 25 millones.
El comprador del edificio de los familiares de Espinosa de los Monteros, Mabel Capital, reformó el interior y puso a la venta las 11 viviendas en las que se dividió el inmueble. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del ex ministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 25.000 euros el metro cuadrado, según asegura la propia Rocío Monasterio.
Tanto la portavoz de Vox en la Asamblea, como su marido han atacado a elDiario.es por la publicación de las informaciones y han amenazado con una querella a este medio de comunicación, que ratifica en todos sus extremos las informaciones publicadas.
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