El presidente canario, Fernando Clavijo, le ha hecho la propuesta al ministro Cristóbal Montoro en la reunión que han mantenido este miércoles en Madrid y, según ha dicho a la salida, es una posibilidad que el Gobierno va a estudiar.
En concreto, se trataría de reformar el artículo 15 de esa ley, el que fija cómo se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit, deuda y regla de gasto) para el conjunto de las administraciones. La propuesta canaria es introducir una salvedad para que en una situación excepcional como la de un gobierno en funciones, las Cortes Generales puedan sin embargo aprobar estos objetivos.
“Quiero montar una conferencia de presidentes o reunión para ponernos de acuerdo”, ha dicho también Fernando Clavijo, quien este mismo miércoles se reúne con su homólogo de Castilla-La Mancha para tratar este asunto.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Según mantiene Hacienda, el Gobierno en funciones no puede aprobar un techo de gasto, los límites de estabilidad que deben cumplir todas las administraciones y con los que se elaboran los presupuestos para el año siguiente. No cabe por tanto aprobar los de las comunidades autónomas, que sin embargo no están en funciones y se disponen a preparar sus cuentas para 2017.
A este problema se suma el de cerrar incluso el ejercicio 2016; la previsión de déficit para las autonomías aprobada y oficial es del 0,3%, pero el gobierno aceptó en abril elevarlo al 0,7% si Bruselas lo autorizaba. Sin embargo, la ampliación no se ha podido ratificar porque en este tiempo no se ha elegido nuevo gobierno y uno en funciones no puede hacerlo.
Esta es la razón de que Hacienda tenga retenido el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica con el que se iba a cubrir ese nuevo déficit y que no puede distribuir, unos 4.000 millones que las comunidades acogidas a esa vía de financiación este año no recibirán.
En el caso de Canarias, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha explicado que su situación es mucho mejor: su gobierno y el de Galicia fueron los dos únicos del régimen común que cumplen los objetivos de estabilidad, no necesitan financiación externa y podrán aprobar sus presupuestos para 2017 con un déficit previsto del 0,1% y una regla de gasto del 1,8%, ha dicho.
Pese a ello, la consejera ha defendido también el cambio en la Ley de Estabilidad porque la situación actual es de inseguridad jurídica. “Deberíamos poder dotarnos de alguna regulación que pueda darnos garantías”, ha dicho.
CIERRE ANTICIPADO DE LAS CUENTAS
Por otro lado, en la reunión de hoy se ha acordado también que el cierre anticipado que se produjo del Presupuesto del Estado de 2016 no afecte a las transferencias pendientes para las islas de 324 millones, especialmente, las de Empleo y de Carreteras, de casi cien millones cada una.
El Gobierno tendrá para ello que aprobar el desembolso excepcional de estas partidas en Consejo de Ministros, previo informe a favor tanto de la Abogacía del Estado como de la Intervención General.
Fernando Clavijo ha explicado que dada esta situación, su gobierno va a aprobar también el cierre anticipado de su presupuesto de 2016. De esta forma, si el dinero llega según prevé Hacienda, Canarias lo empleará según lo previsto; si surgen problemas jurídicos y el Gobierno no lo puede transferir, no se ejecutará “y no se pondrá en riesgo la estabilidad de la comunidad autónoma”.
La consejera Dávila ha insistido por su parte en la necesidad de que se forme ya gobierno, porque aunque se prorroguen los Presupuestos del Estado, en el primer trimestre de 2017 se podrían aprobar unas cuentas nuevas y evitar estos problemas el año que viene.
“Hay comunidades que se plantean ir a una prórroga presupuestaria también, otras plantean recortes de más de 600 millones de euros. Este es el escenario actual. Es inaplazable un gobierno”, ha concluido.