Hacienda y Trabajo salvan el choque del salario mínimo con un acuerdo para que los beneficiarios no paguen IRPF

María Jesús Montero y Yolanda Díaz esquivan el choque in extremis. Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar registrarán en el Congreso de los Diputados una propuesta conjunta para que los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional queden exentos de tener que pagar el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), una disputa que había escalado en el seno de la coalición hasta convertirse en un auténtico incendio político.

Según ha podido confirmar este periódico, después de la reunión del Consejo de Ministros de este martes se produjo un encuentro entre las titulares de Hacienda y de Trabajo. El propio presidente del Gobierno había trasladado su preocupación sobre la disputa entre las dos alas de la coalición en un asunto de tanto impacto en la opinión pública. El resultado de ese encuentro en la Moncloa entre Montero y Díaz fue el compromiso de sentar a los equipos de sus respectivos departamentos hasta encontrar una salida pactada. Y durante toda la jornada se prolongaron esas negociaciones en busca del acuerdo.

Ya el lunes por la noche la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anunció que había trasladado una propuesta a Hacienda en busca de una fumata blanca que frenase el descarrilamiento definitivo. Porque los plazos legales fijaban este próximo viernes como fecha tope para que el Gobierno presentara formalmente un veto a la propuesta de Sumar de eximir el IRPF. Veto que estaban dispuestos a levantar los de Yolanda Díaz con la unión de sus votos a los del PP en la Mesa del Congreso.

En un contexto político difícil para la Moncloa, con discusiones internas y externas sobre el gasto en Defensa y sin una mayoría parlamentaria estable que permita siquiera debatir unos Presupuestos, esa imagen de ruptura total en el seno de la coalición a cuenta del Salario Mínimo es la que evita ahora el Ejecutivo con fórmulas para “compensar” el IRPF que ahora, por decisión de Hacienda, ya pagan quienes cobran el salario mínimo.

“Estamos trabajando en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo, son pocos pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI. Esto es lo que estamos hablando. Estamos trabajando en ello”, dijo María Jesús Montero este martes en los pasillos del Senado a preguntas de la prensa y tras muchas semanas de asegurar públicamente que estaba dispuesta a “llegar hasta el final” con la decisión de su ministerio de que los perceptores del salario mínimo tributen.

“Siempre soy optimista en las negociaciones. Lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Me gustaría que alcanzásemos un acuerdo”, sintetizaba poco después Díaz desde Bruselas. Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno mantenía en público y en privado su voluntad de agotar todas las vías parlamentarias para conseguir esa exención, incluso juntando sus votos a los del PP en la Mesa del Congreso para levantar el veto de Hacienda, Sumar no solo nunca descartó la opción de un acuerdo en el seno de la coalición, sino que lo alentó.

“Me gustaría que encontremos un acuerdo en el seno del Gobierno. He conversado con la ministra de Hacienda esta mañana y por la tarde le hemos enviado una propuesta para intentar alcanzar un acuerdo en esta materia. Llevamos desde el día que anunció esta posición en los medios intentando alcanzar un acuerdo. No es justo que rentas tan pequeñas tributen como se pretende por parte de Hacienda”, dijo Yolanda Díaz en una entrevista en Televisión Española el lunes por la noche. “Lo anómalo era no hablar”, insistió.

La reciente subida del SMI aprobada por el Gobierno de coalición supuso situar el indicador en los 1.184 euros en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda confirmó el pasado mes de febrero que, por primera vez, el salario mínimo estaría sujeto a tributación por el impuesto de la renta. Una decisión que va más allá de quienes cobran este SMI y que provocó las quejas de Sumar, cuya líder en el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha capitaneado las sucesivas subidas del salario mínimo.

“La propuesta que lanzamos desde Sumar es que las rentas salariales que se engloban en las cuantías del SMI este año, 16.500 euros al año, queden exentas de tributar el IRPF. Hemos acompañado un documento para negociar sobre el mismo y mientras estamos en Bruselas los equipos están trabajando”, ha asegurado este martes Díaz, que repite al mencionar este asunto que Sumar siempre va a trabajar por “garantizar la justicia fiscal”.

“Una compensación específica”

María Jesús Montero señaló este martes que hay dos debates que no hay que confundir. Uno, qué ocurre con “el pequeño grupo” de trabajadores solteros y sin cargas que cobra el salario mínimo y que en este 2025, tras la última subida, le tocaría pagar IRPF por primera vez (unos 300 euros repartidos durante todo el año). 

Para estos, medio millón (el 20% de los 2,5 millones de asalariados que perciben el SMI en total), se ha diseñado “una compensación específica”. Muchos de ellos son jóvenes, en sus primeros empleos. En la hostelería y la agricultura, principalmente. 

El otro debate es dónde se sitúa el umbral de ingresos exento de pagar el impuesto de la Renta, que este año se quedaría en 15.876 euros. Es el mismo umbral que en 2024, cuando se adaptó al salario mínimo bruto de ese ejercicio. Ahora, todos los ingresos por encima de esa cantidad pagarían IRPF (también los pensionistas), excepto los asalariados del SMI si se sale adelante finalmente “una compensación” o deducción específica.

El umbral exento beneficia a los pensionistas y otros sueldos cercanos a esa barrera sin obligación de hacer la declaración —es obligatorio a partir de los 22.000 euros, pero también depende de si se tiene más de un pagador u otras fuentes de ingresos—. De esta manera, elevar este umbral supone un coste de cerca de 1.500 millones de euros que asumen las arcas públicas (todos los contribuyentes). Una “compensación” para los solteros sin cargas, trabajadores, que cobran el SMI tiene un coste de unos 300 millones.

En este debate sobre nuestro sistema fiscal, y sobre si es justo o no que el salario mínimo pague impuestos mientras hay agujeros en Sociedades o en las rentas del capital, muchos expertos detectan dos problemas económicos de fondo. El primero, que somos un país precario en general, en el que muchas personas tienen ingresos cercanos al SMI después de las subidas de los últimos años, según se explica en esta información. El segundo, que el IRPF necesita una simplificación, y no más 'parches', para cumplir con los mandatos constitucionales de universalidad (todos debemos contribuir) y progresividad (los que más ganan deben contribuir más).

Algunos ejemplos de personas con ingresos por el salario mínimo pero que no son trabajadores sirven para respaldar esta postura. Hay que tener en cuenta que se trata de supuestos teóricos, la realidad es mucho más compleja. Además, contemplan un IRPF estatal, igual para todos los españoles, pero las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre una parte de este impuesto, y las diferencias se pueden agrandar, por tanto, según el lugar en el que una vive y trabaja. Incluso más en los casos de Euskadi y Navarra, que tienen conciertos económicos propios.

Pensionista sin más rentas ni pagadores: 41 euros 

Un pensionista que ingresa 16.576 euros y que no tiene más fuentes de ingresos pagará en IRPF 41 euros, que le retendrán cada mes. Este perfil tampoco está obligado a hacer la declaración de la Renta, aunque en este caso es irrelevante, porque la retención coincide con la cuota que debe pagar. El tipo sobre su pensión es del 0,25%.

Propietario de una vivienda arrendada: 205 euros 

Un propietario de un piso o una casa alquilada para vivienda habitual con exactamente 16.576 euros de rendimiento neto de este arrendamiento, y sin otras rentas, pagará 205 euros en IRPF al año. Este perfil sí tiene que hacer la declaración de la Renta, pero tiene una reducción por arrendamiento de vivienda habitual del 60%.

Autónomo en estimación directa: 340 euros 

Por último, un autónomo que pague IRPF por los ingresos por su actividad en método de estimación directa pagará 340 euros al año, un tipo del 2,05% de los 16.576 euros de rendimiento neto, siempre que no tenga otras rentas.