Cinco guardias civiles que pegaron una paliza a un ciudadano en Majadahonda (Madrid) en 2019 han sido condenados este mes de octubre tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpables y aceptar una condena que, en algunos casos, puede suponer el ingreso en prisión. Para que hayan sido condenados se han dado un cúmulo de circunstancias que los abogados especializados en casos de abusos policiales consideran difícil reunir, tales como la grabación de los hechos y testimonios coincidentes de testigos. En la mayoría de las causas se encuentran con tres factores que protegen al uniformado: la falta de controles internos en las Fuerzas de Seguridad, la reticencia de jueces y fiscales a cuestionar el testimonio de los agentes y un corporativismo mal entendido que se impone entre sus compañeros.
En un caso, todavía pendiente de juicio, varias personas que se manifestaron en 2013 contra la ley Mordaza en las calles de la capital fueron llevadas al banquillo acusadas de agredir e insultar a policías. Un vídeo inédito hasta el juicio grabado, y no emitido por HispanTV, demostró que había sucedido todo lo contrario: habían sido detenidos de manera desproporcionada sin que siquiera hubiera una provocación a los agentes. La Fiscalía pide cárcel para los policías por mentir en el juicio.
Otro caso similar, también desmontado a través de un vídeo, será juzgado en Barcelona el próximo mes de noviembre. La Fiscalía pide hasta ocho años de inhabilitación para un Mosso d'Esquadra por inventarse una agresión por parte de un joven durante el desalojo de un centro social ocupado en Fort Pienc. Un vídeo revelado por elDiario.es revela que el codazo que denunciaba el agente nunca existió y pasó de víctima a acusado. Grabar a policías, ha resuelto el Tribunal Constitucional, no siempre es ilegal; para que sea delito hay que difundir las imágenes de manera irregular.
Eric Sanz de Bremond, desde la Comisión Legal Sol, es el abogado que consiguió dar la vuelta al caso de la falsa agresión a un policía en 2013 y que, el próximo mes de marzo, tiene intención de acusar al agente por mentir. La clave, explica, fue encontrar el vídeo. Pero incluso con esa prueba disponible es difícil que el juzgado no decrete el archivo de la causa contra la manifestante y, por contra, se lance a investigar a los policías por mentir. “No ocurre o lo vemos muy poco. En el caso de este juicio tuvimos que ser nosotros los que interpusimos una querella. El sistema funciona a veces”, afirma a elDiario.es Sanz de Bremond.
Encubrir al compañero
Los obstáculos se incrementan cuando no solo se trata de demostrar la inocencia de un manifestante sino de probar la culpabilidad del policía. Anaïs Franquesa es codirectora de Iridia, una organización de defensa de los Derechos Humanos que trabaja en Catalunya. En conversación con elDiario.es, la letrada se refiere al caso de un joven víctima de agresiones e insultos racistas en Manresa en 2019 por parte de los Mossos d'Esquadra, representado por SOS Racismo. El caso cuenta con una grabación que muestra a los agentes llamando “negro de mierda” a la víctima o profiriendo frases del tipo: “Yo soy racista, mucho, pero si fueras blanco te hubiera pasado igual”. Los mandos de los agentes acusados aseguraron en fase de instrucción no reconocer las voces de sus subordinados. “El escándalo fue tal que tuvieron que rectificar su declaración”, recuerda Franquesa.
La codirectora de Iridia destaca la importancia de que los agentes tengan un “mecanismo de control externo” que evite la necesidad de que sea un compañero, aunque con rango superior, el que inicie las investigaciones internas. Pone como ejemplo que Asuntos Internos de los Mossos depende del director general, un político. Esto no sucede en Policía o Guardia Civil, cuyas unidades de investigación a policías dependen directamente del director operativo, un uniformado.
Con la ventaja de la necesaria opacidad que tienen esas unidades para que otros agentes no sepan que les están investigando, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo de Asuntos Internos de la Policía una pieza clave de la Operación Catalunya, realizando trabajo sobre el terreno de misiones sin control judicial y claramente prospectivas, que escapaban a cualquier fiscalización.
Los policías denuncian una cifra récord de ataques sufridos
La codirectora de Iridia apuesta por un incremento en las partidas presupuestarias que permitan dotar de más medios, humanos y técnicos, a las unidades de asuntos internos de las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado. En el seno de las mismas se pone, por contra, el acento en el aumento de agresiones a uniformados. Recientemente, la Confederación Española de Policía (CEP) lanzó la campaña 'Tiene delito', en el que ofrecía datos del Ministerio del Interior acerca del crecimiento de ataques que sufren los agentes en el cumplimiento de su labor: más de mil agresiones al mes durante 2022, año que reflejó 12.843 atestados que han cursado policías y guardias civiles por haber sido presuntamente agredidos, la cifra más alta en quince años.
Tanto Red Jurídica como Iridia coinciden en destacar la relevancia de las posiciones de fiscales y jueces. “Por sistema y por desgracia se ponen del lado de los policías y no apoyan que se investigue”, explica Sanz Bremond, abogado del despacho madrileño. Iridia, por su parte, publica todos los años una memoria de los casos en los que interviene. En la última, correspondiente a 2022, de 57 casos de presuntos abusos policiales, en dos de ellos la Fiscalía adoptó “un papel proactivo”, fomentando la investigación; en 27 actuó de forma contraria, negándose a que se practicaran diligencias o pidiendo el archivo; y en 28 causas adoptó una posición “pasiva”, a remolque de lo que las acusaciones particulares o populares propusieran.
40 días en la cárcel por un montaje
Existiría un segundo bloque en el que se producen “descuidos” por parte de los policías que permiten que sus compañeros conozcan sus irregularidades y que, de forma extraordinaria, denuncien y hagan prevalecer el buen nombre del Cuerpo frente a las actuaciones irregulares de algunos de sus miembros. Así ocurrió en el caso del montaje policial que llevó a una vecina del barrio madrileño de Moratalaz a pasar 40 días en la cárcel de Alcalá de Henares. Su expareja pagó a dos policías nacionales para que le introdujeran droga en el maletero y acusar en falso a la mujer de haberles apuntado con un arma.
El montaje logró pasar el filtro de un juzgado y provocó que la mujer pasara más de un mes en prisión. Hasta que algunos compañeros de los policías se dieron cuenta de que algo no cuadraba: los perros no habían detectado la droga en el coche, la pistola no aparecía por ninguna parte y las sustancias encontradas estaban en la taquilla de uno de los policías. Los agentes cumplen una condena firme de 11 años de prisión cada uno.
En la localidad malagueña de Coín, un guardia civil estampó su cabeza contra la ventanilla de un coche para después afirmar en el atestado que había sido agredido por un detenido. “Esto me lo has hecho tú”, le espetó.
La escena fue presenciada con todos sus detalles por varios agentes de la Policía Municipal de Coín. Uno de ellos se atrevió a romper el silencio y acudió pocos días después al juzgado a contar la verdad. Lo hizo, dijo, por su “confianza” en “la Justicia”. La sentencia condenó al guardia civil a tres años de cárcel y a dos policías locales a dos años más por firmar el atestado pese a saber de las falsedades que incluía.
En su sentencia, el Tribunal Superior de Andalucía lamentó las dificultades a las que se enfrenta los agentes para dar el paso y denunciar abusos policiales. Los magistrados entendieron que el hecho de que el agente tardara varios días en contar la verdad era algo “perfectamente entendible” por el “temor” a “posibles represalias o al enfrentamiento con sus compañeros”. Esa sentencia alertaba de una tendencia de los cuerpos policiales a “lavar los trapos sucios en casa” o incluso a “ocultar la suciedad bajo la alfombra”.
El peso de las palabras y los informes médicos
La sentencia referida no es habitual. “Los agentes jurídicos dan más credibilidad a un policía que a gente de la calle, que a un testigo que ha visto la detención frente a los compañeros del policía. Se da más credibilidad a los policías. Eso dificulta mucho cualquier acusación”, asegura el abogado Sanz de Bremond.
Anaïs Franquesa, de Iridia, se rebela contra la afirmación de que la palabra de un policía tenga mayor valor probatorio que la de un ciudadano, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional en varios fallos. “La presunción de inocencia –continúa Franquesa– es un principio básico, también cuando los policías son los acusados. Pero existe un doble rasero cuando quien se defiende de las acusaciones es un policía y cuando no”, en referencia a lo que ocurre en la justicia ordinaria. Sanz de Bremond se posiciona en la misma línea: “los policías no gozan de presunción de veracidad en procedimientos penales” pero, en la práctica, “gozan de más credibilidad que un testigo normal”.
En este contexto, las cámaras y grabaciones se tornan fundamentales para acreditar un abuso. “Si no hay testigos o cámaras es muy difícil probar que ha habido maltrato en sede policial. Es básico el informe médico, pero es muy importante que se haga bien. Siempre existe la dificultad de que los policías, por protocolo, sean quienes trasladen al detenido, bajo custodia, a ese reconocimiento forense. Y quién va a explicar al facultativo lo que ha pasado con un agente de policía al lado”, explica la codirectora de Iridia.
Sobre las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el abogado Sanz de Bremond afirma que “en la mayoría de ocasiones,”, la propia policía responde a su requerimiento: “Lo siento, esas imágenes están borradas”. Desde Iridia, Franquesa se congratula de que los avances de la tecnología hayan puesto en la mano del ciudadano un teléfono móvil con el que poder grabar.
Junto a la disponibilidad de imágenes, la codirectora de Iridia cita las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por negarse a investigar presuntos casos de maltrato y la labor periodística, que ha empezado a poner el foco en este tipo de casos, respondiendo así a una creciente demanda social.