Florencia Kirchner -hija de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)- pidió hoy ser sobreseída de una causa por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita que afecta a su familia y denunció “feroz persecución” contra ellos.
“Debo enfatizar que no tomé participación en ninguno de los actos de comercio que, insólitamente, han sido definidos como una maniobra de lavado de activos de origen delictivo. Es más, en la mayoría de las operaciones a las que se hace referencia tampoco pude haber intervenido, pues (...) ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad”, comenzaba el comunicado.
En el texto, difundido por la expresidenta Fernández en la red social Facebook, aseguraba que la acusación “no solo resulta falsa, sino además es manifiestamente irracional y vulnera los principios constitucionales de culpabilidad, legalidad y lesividad”.
La joven acudió a los tribunales federales de Buenos Aires minutos antes de la hora a la que le habían convocado para prestar declaración y, sin realizar declaraciones, le presentó al juez Julián Ercolini el documento con la petición.
Asimismo, la joven denunció una “feroz campaña de persecución política, mediática y judicial” contra su familia, “como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal”.
Florencia Kirchner, que permaneció apenas 15 minutos en el lugar y no respondió preguntas -tal y como hicieron su madre y su hermano en los días anteriores-, insistía en el texto en que “se pretende fundar un juicio de responsabilidad penal” contra ella en base a hechos en los que no participó ni en los que tampoco pudo haber intervenido.
El magistrado investiga supuestos pagos a la familia Kirchner por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por la exmandataria y sus dos hijos, Máximo y Florencia.
Además de Fernández y sus dos hijos, el juez también llamó a prestar declaración indagatoria al empresario Lázaro Báez -detenido desde hace un año y medio por otro caso de lavado de dinero- y a otros 20 imputados.
Por esta investigación, en 2016 la Justicia también embargó los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.000 dólares) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre, fallecido en 2010, y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.