Los tres altos cargos del régimen de Teodoro Obiang —incluido uno de sus hijos— citados a declarar este martes en calidad de “querellados” en el marco de la causa abierta por secuestro y torturas a opositores a la dictadura de Guinea Ecuatorial han eludido su cita con la Justicia española. Ninguno de los tres han comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
La incomparecencia de los tres querellados se ha producido después de que, en las últimas horas, el Gobierno de Guinea Ecuatorial haya remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores español una nota de verbal [comunicación oficial escrita] en la que rechaza la competencia de la Audiencia Nacional para instruir esta investigación contra los dirigentes del Ejecutivo ecuatoguineano, según fuentes conocedoras de su contenido.
La causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se dirige contra el círculo de seguridad del presidente Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de seguridad exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado y responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial. Son los tres altos cargos que estaban citados y no han comparecido ante la Justicia española. La acusación popular pedirá que se emita una orden de detención internacional y sean declarados en rebeldía.
Los tres están supuestamente implicados en el secuestro y las torturas infligidas a cuatro destacados opositores de origen ecuatoguineano residentes en España que pertenecen al Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República. Se trata de Martín Obiang Ondo Mbasogo, Bienvenido Ndong Ondo, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman. Este último falleció en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) el pasado 15 de enero en circunstancias aún no aclaradas. Efa Mangue y Obama Mefuman tienen nacionalidad española, según los informes policiales que constan en la causa.
El Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, al que pertenecen los opositores, afirmó en un comunicado que Obama Mefuman y los otros tres militantes de este movimiento “habrían sido torturados dentro de la prisión en venganza por la presentación de la querella en la justicia española”. El juez Pedraz ordenó la repatriación del cadáver, pero las autoridades del país ecuatoguineano no han dado curso hasta el momento a la petición formulada a través de la Dirección General de Asuntos Consulares.
Informes policiales sitúan a los tres en el avión presidencial en el que los opositores fueron trasladados a Malabo (Guinea Ecuatorial) desde Sudán del Sur. Los cuatro opositores habían viajado de Madrid a Sudán del Sur en noviembre de 2019 para reunirse con supuestos líderes políticos africanos con el objetivo de ganar apoyos a su causa. Pero allí fueron capturados y trasladados en un jet privado a la capital de Guinea Ecuatorial. Las víctimas aseguran que durante el trayecto fueron esposados de pies y manos y les pusieron un saco en la cabeza y un paño en la boca. También les habrían puesto una inyección con una sustancia desconocida. Tras aterrizar fueron trasladados a la prisión de Oveng-Azem, situada al este del país.
Por videoconferencia
El pasado 6 de marzo, la defensa del hijo de Obiang y de Ngema Endo solicitó que ambos declararan por videoconferencia. Alegaron que sus “compromisos públicos” les impedían realizar el viaje a España en los próximos meses “debido a la situación política y sanitaria que vive la República de Guinea Ecuatorial”. “Es totalmente desproporcionado hacer venir a un alto representante de un gobierno a realizar manifestaciones cuando es viable realizar la misma a través de un sistema de videoconferencia”, decía el escrito presentado. El juez lo acordó y, pese a ello, tampoco han comparecido este martes.
Por su parte, el tercer investigado, Nicolás Obama Nchama, alegó en otro escrito la falta de competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo esta investigación. En ese documento, su defensa recalca que “ni es español, ni reside habitualmente en España, con independencia de que sea portador de un permiso de residencia”, por lo que al no encontrarse en territorio español “falta un requisito básico” para que el tribunal especial sea competente.
El escrito también subraya que el presunto secuestro “no se produce en un ámbito que pueda calificarse de terrorismo”, pues la supuesta detención de los opositores “no tuvo como finalidad alterar el orden vigente en un país soberano (...)”, si no “detener y poner a disposición de las autoridades judiciales de dicho país a los presuntos autores de un delito contra el orden constitucional de Guinea Ecuatorial”. Y añade que fueron las autoridades de Sudán del Sur quienes rechazaron en frontera a dichos individuos, si bien admite que “otra cosa es si las vías utilizadas para llevar a efecto dichas detenciones se ajustan o no a la legalidad o si en el proceso se observaron irregularidades”.