El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado por la filtración de los correos en los que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber defraudado más de 350.000 euros. Por primera vez en la historia, un tribunal investigará a la cúpula de la Fiscalía por un delito de revelación de secretos y lo hará por una causa que arrancó con un bulo salido del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha implicado personalmente en su defensa.
elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo de este año que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía por un doble fraude fiscal de 350.951 euros cometido entre 2020 y 2021. El empresario del sector sanitario urdió un entramado de facturas falsas para reducir drásticamente la factura fiscal de su empresa y pagar mucho menos dinero del que debería por el Impuesto de Sociedades después de cobrar varios millones de euros en comisiones salidas de operaciones de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia de coronavirus.
Un día después, varios medios de comunicación publicaron una información falsa que daba a entender que el fiscal que le había investigado y denunciado, Julián Salto, había ofrecido un pacto a González Amador. Otros añadían que la operación había sido paralizada “por órdenes de arriba”. Es decir, que la Fiscalía General había frustrado un acuerdo que habría permitido que el caso fuera cerrado mucho más rápido, con mucho menos ruido y sin que la pareja de Díaz Ayuso se arriesgara a entrar en la cárcel.
La información sobre la oferta de pacto fue publicada por medios como El Mundo, Libertad Digital, El Debate o Vozpópuli, que citaban fuentes “del entorno” de Díaz Ayuso. Tal y como explicó este periódico, horas antes había sido Miguel Ángel Rodríguez quien había remitido a varios periodistas un correo electrónico amputado para hacer ver que el fiscal que investigó a González Amador trató de llegar a un acuerdo con él para evitar el juicio pero que fueron “órdenes de arriba” las que frenaron esa conformidad.
Casi en paralelo, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña inició una ofensiva contra los medios que informaban del caso: amenazó con cerrar elDiario.es y se inventó que unos periodistas de este medio habían acudido encapuchados al domicilio de la presidenta y señaló también a dos reporteros de El País.
Las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal eran reales pero todo había sucedido al revés. Había sido el empresario el que se había dirigido por correo al Ministerio Público para ofrecer un pacto mucho antes del momento habitual para hacerlo. Y el fiscal del caso, Julián Salto, le había explicado que eso era factible incluso si el resto de denunciados no quería pactar. Pero ni el ofrecimiento había surgido de la Fiscalía ni ese posible acuerdo de conciliación había sido abortado desde las altas instancias para buscar un proceso largo y tortuoso para González Amador.
Diversos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, publicaron cómo habían ocurrido los hechos y también parte del contenido de los correos que habían cruzado. Fue horas después, a las 10:22 de la mañana del 14 de marzo, cuando la Fiscalía de Madrid remitió un comunicado detallando cómo habían sido estas conversaciones. Desde entonces, el Ministerio Público siempre ha defendido que su objetivo no era revelar datos confidenciales del caso sino desmentir informaciones falsas que arrojaban sospechas sobre su actuación. Todo terminó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando la defensa de González Amador presentó una querella contra la Fiscalía por el comunicado.
Una investigación contra la Fiscalía
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se unió a una ofensiva penal contra el Ministerio Público, que en ningún momento abordó la posibilidad de que una primera filtración parcial de ese correo procediera precisamente del entorno de Isabel Díaz Ayuso y en concreto de su jefe de gabinete. El Tribunal Superior de Justicia abrió unas diligencias a lo largo de las cuales el juez Francisco José Goyena rechazó la posibilidad de investigar más allá del comunicado.
En el marco de esas pesquisas acudieron a declarar como testigos varios fiscales. Entre ellos, el fiscal Salto, que declaró que en la noche del 13 de marzo recibió dos llamadas de la fiscal jefa provincial, que le comunicó que el fiscal general había llamado preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad. Y que ésta le pidió todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador, que él le facilitó. Esta fiscal ratificó esos hechos y aseguró que a ella le habían reclamado los correos desde la Fiscalía General del Estado y que se encargó de remitirlos.
Por su parte, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada desde hace meses a García Ortiz, entregó mensajes de WhatsApp que éste le envió el 13 de marzo y en los que le ordenaba sacar un desmentido ante los bulos publicados en varios medios de comunicación. Además, en su declaración como testigo, afirmó que ella se había negado a asumir la nota al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal Salto y la defensa de González Amador, pero que entendió que el fiscal general le dio una orden, de carácter imperativo “hay que sacarla ya”.
No se investiga el comunicado
Las diligencias han caído en manos del magistrado Ángel Hurtado, una de las últimas incorporaciones a la Sala de lo Penal del Supremo, procedente de la Audiencia Nacional donde se opuso a que Mariano Rajoy testificara en el caso Gürtel y a que el Partido Popular fuera condenado como partícipe a título lucrativo de la trama. La causa, en línea con lo afirmado por la Fiscalía estos meses, no investigará el comunicado del Ministerio Público sobre el caso de Alberto González Amador, pero sí la filtración previa de los correos que su defensa cruzó con el fiscal Salto.
Para la Sala que ha firmado la admisión de la exposición razonada, el comunicado del 14 de marzo no incluía ningún dato que no hubiera sido publicado ya por los medios de comunicación. Pero la certeza de que horas antes el fiscal general había exigido tener los correos electrónicos, según los jueces, hace obligatorio investigar si fueron García Ortiz o la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los que filtraron esos correos a los medios.
El Supremo ha dejado en manos del juez Hurtado la única diligencia a la que apunta claramente y es la citación como imputado del fiscal general y la dirigente del Ministerio Público en Madrid. A la espera de saber si en algún momento la publicación inicial y parcial de esos contactos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía en medios que citaban fuentes del entorno de Isabel Díaz Ayuso también es investigada.
El proceso judicial ha contado con la intervención externa de Miguel Ángel Rodríguez, autor del bulo inicial con información salida de esos mismos correos. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso usó su cuenta de la red social X para vaticinar varias veces la imputación del fiscal general, la última tan solo una semana antes de que el Supremo dictara la apertura de diligencias contra él. Unas palabras que no gustaron nada en la Sala de lo Penal del Supremo. Este miércoles, minutos después de trascender la decisión del tribunal de abrir su propia investigación, lanzaba otro mensaje: “Va pa’lante”.
Por el momento el juez instructor no ha movido ficha ante la diligencia más previsible: la citación como imputado de Álvaro García Ortiz. Pero el fiscal general del Estado ya ha anunciado en un comunicado que no tiene intención de dimitir y que estas diligencias se plantean como una batalla para defender el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz de la Fiscalía, y de la capacidad de este organismo para defenderse de “bulos o falsedades” que comprometen “la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”.