Historias de indultos: la exministra Mariscal de Gante y el narco

Si el indulto es un derecho de gracia, no hay ministra más graciosa en la democracia española que Margarita Mariscal de Gante, que lo fue de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar. Unas cifras históricas: sumó una media de 900 indultos al año desde 1996, con un acelerón de 1.744 en el año 2000.

Entre sus más de 3.500 indultos –de los 5.948 de Aznar en ocho años de gobierno–, hubo, claro, de todo; entre ellos, a 59 condenados por delitos de corrupción que, sumados a los 76 que concedió su sucesor, Acebes, son más del 60% de los 231 beneficiados desde 1996, cuando Felipe González, en vísperas del derrumbe de la larga etapa socialista, indultó a diez corruptos, de sus 5.944 indultos en catorce años de gobierno. Comparados con los cuatro indultos por corruptelas del presidente Sánchez, de 146 hasta ahora, es una cifra modesta, según los datos del portal CIVIO.

Este derecho de gracia, discutido por los especialistas, tiene, sin embargo, arraigo en la tradición histórica del derecho español y figura en colecciones legislativas de los reinos peninsulares desde el siglo VII, dicen los tratadistas. Aunque tal como lo conocemos hoy data de 1870, que establecía que se concederían por motivos de “justicia, equidad o utilidad pública” y mediante “decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros”.

¿Alguien se imagina a los gobiernos democráticos redactando alrededor de 16.000 “motivaciones”? Lo resolvió de un plumazo-ley el respetado jurista Fernando Ledesma, ministro de Justicia de González de 1982 a 1986. Como en el chiste de los dos guardias civiles que levantan acta de un accidente –“La cabeza, en el arcén”; “Perdone, mi cabo, ¿arcén se escribe con h?”. El cabo le da una patada a la cabeza: “La cabeza, en el sembrao”–, reformó la ley vieja para trocar el mandato de “decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros” por “Real Decreto”. Muerto el perro motivacional, se acabó la rabia de las explicaciones.

Que tampoco se obedecían. Si se repasan los reales decretos, los sucesivos ministros de Justicia se limitan a informar que “previa deliberación del Consejo de Ministros” se ha concedido el indulto y los tribunales, a tomar nota. Hasta que, en noviembre de 2014, el Tribunal Supremo rechazó avalar el de un conductor kamikaze, autor de un accidente que costó la vida de una persona, por omitir el ministro Alberto Ruiz-Gallardón “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” que exige la ley.

El gobierno del PP lo solventó con otra patada al arcén, añadiendo a los decretos de indulto una muletilla invariable: “Estimando que (o atendiendo a) las circunstancias del/la condenado/a concurren razones de justicia y equidad”.

Hubo un antecedente de esta rebelión del Supremo: el bochornoso indulto que el presidente Zapatero concedió en el último Consejo de Ministros, en 2011, a aquel trueno vestido de banquero que fue Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, condenado por delitos de acusación y denuncia falsa cometidos en 1993 cuando era presidente de Banesto. Zapatero, en su tardío afán por congraciarse con el todopoderoso Botín, presidente del Santander –por el forillo flotaba la condonación de deudas del PSOE de 60 millones de euros–, pretendió borrar los antecedentes penales del delincuente para que pudiera seguir en su cargo.

El Supremo puso pie en pared y lo rechazó, no tanto por la ausencia de “justicia, equidad o utilidad pública” sino porque el indulto no tiene prerrogativa para anular una norma administrativa, como son los antecedentes penales, “que ni siquiera tiene carácter sancionador”. Botín mantuvo en su puesto al penado durante dos años más –el cinismo fue la tónica: “Se entendió que era razonable y punto”, fue la 'explicación' pública de Zapatero ante el escándalo–, que dimitió poco antes de que lo cesara el Banco de España, llevándose un obsceno regalito de 88 millones de euros. Estamos en 2013; el crimen había sido perpetrado en 1993. Yo di de baja mi cuenta en el Santander.

Indulto del “mayor narco español”

Pero ésas fueron otras historias. La que nos ocupa hoy fue la protagonizada por la recordwoman de los indultos, Margarita Mariscal de Gante. Hija de un jefe de la policía política de la dictadura, la nunca suficientemente denostada Brigada Político-Social, que devino en juez del tampoco bastante denigrado Tribunal de Orden Público, nuestra heroína tuvo una anodina carrera profesional hasta ser sorpresivamente nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1990 a propuesta del PP y convertirse en 1996 en la primera mujer en ser ministra de Justicia en España.

En su memorial de indultos, hubo otros sonoros: los del ministro del Interior José Barrionuevo y otros condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL y el del juez Gómez de Liaño, perseguidor-prevaricador del editor Polanco y del director de El País, Cebrián, por cuenta de La Moncloa de Aznar y un grupillo de conspiradores.

Pero también firmó algunos tan sorprendentes como el que concedió el 28 de agosto de 1998 al narcotraficante gallego Daniel Baúlo Carballo, calificado por la policía como el mayor traficante español y uno de los más prolíficos de Europa. En 1995, había sido condenado a 12 años de cárcel y fue liberado, “previa deliberación del Consejo de Ministros”, con apenas cumplida una cuarta parte de la pena.

Todavía no habíamos llegado al paripé de la coletilla justificadora y no se saben las razones que inspiraron el indulto de tan señalado capo del tráfico de drogas. Se dibujan, también por el forillo, las sospechas de financiación ilegal del PP, a través del PP de Galicia, por las mafias del contrabando, primero las antiguas del tabaco, con Fraga, y luego por la siguiente generación, reconvertida al narcotráfico. Las fotografías de sus delfines con amistades peligrosas remachan esas sospechas.

Pero, ya digo, cuando el indulto de Baúlo, aún no había muletilla. Y en ello seguimos, en la arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad. El único paso dado por los siguientes gobiernos ante la opacidad del ejercicio del derecho de gracia, la polémica de su legitimidad y las alarmas de las organizaciones internacionales, lo dio en 1995 el ministro Belloch: “El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados”.

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