Una jornada tras otra desde el pasado 15 de mayo, grupos de personas —unos días más numerosos que otros— se concentran en las inmediaciones de la casa que comparten en el municipio de Galapagar (Madrid) el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la ministra Irene Montero y sus tres hijos menores. Haciendo sonar cacerolas, silbatos o equipos de sonido de alta potencia, los concentrados que cercan desde hace tres meses el perímetro de seguridad de la vivienda familiar expresan su objetivo de “no parar hasta que se marchen de España”, además de otros insultos, explican fuentes de Podemos.
Ambos políticos han intentado poner freno a esta situación por la vía judicial, aunque con poco éxito por el momento. Una jueza de Collado Villalba, capital de la sierra de Madrid y cabeza del partido judicial para Galapagar, archivó recientemente la querella por acoso y coacciones que Montero presentó contra Cristina Gómez, una de las tres concejalas de Vox en Galapagar y promotora de las concentraciones. La magistrada consideró que los hechos estaban amparados por la libertad de expresión y que la vía penal no era la oportuna para analizarlos.
Iglesias, por su parte, se ha querellado contra el que considera instigador de esas protestas, Miguel Ángel Frontera, al que atribuye seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los abogados del vicepresidente todavía no tienen constancia de si esa querella ha sido o no admitida a trámite. Además, la Guardia Civil presentó otra denuncia contra Frontera, que fue detenido el pasado 12 de junio por supuestos delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y descubrimiento y revelación de secretos por grabar la fachada del domicilio.
Fuentes de la formación aseguran que días después de esa detención, Frontera volvió a las inmediaciones de la casa del vicepresidente y la ministra, donde suele aparecer con su coche cargado con banderas de España, cacerolas y carteles donde se puede leer “Pablo Iglesias, hijo de terrorista” y desde donde reproduce el 'Cara al sol', himno de la Falange. Las redes sociales también recogen imágenes de esas concentraciones frente al perímetro de seguridad del domicilio, custodiado las 24 horas del día por la Policía Nacional.
Ese hostigamiento se trasladó la pasada semana al concejo asturiano de Lena, donde Iglesias, Montero y sus hijos estaban pasando unos días de descanso en la casa de Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos. Tras difundir la prensa local que la familia estaba allí de vacaciones, se publicó en redes sociales el lugar exacto en el que se encontraban. Allí se trasladaron a increparles varias personas que en su entorno vinculan con la extrema derecha de Vox. En la carretera de acceso al pueblo apareció la pintada “coletas rata” y un bar de la localidad denunció haber sufrido “comentarios ofensivos” por haberles atendido.
La familia decidió entonces regresar a Madrid. Y, a su vuelta, se encontraron de nuevo a “los mismos de siempre” en las inmediaciones de su domicilio, aseguran en la formación. “No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias de las tareas políticas de sus padres”, escribió este martes Iglesias en su cuenta de Twitter, donde advirtió de que las “amenazas” de la “extrema derecha” no frenarán su trabajo.
A preguntas del elDiario.es Santiago asegura que pondrá en conocimiento de la Justicia lo ocurrido en Asturias, si bien considera que al tratarse de hechos públicos tanto las fuerzas de seguridad como la Fiscalía deberían actuar de oficio. “Muchos funcionarios que deberían estar haciendo su trabajo tienen una permisividad sorprendente con la ultraderecha en este país”, señala el diputado, para quien Iglesias, Montero y sus hijos están siendo víctimas de “una campaña de acoso permitida por fuerzas de seguridad y, sobre todo, por el poder judicial” que está “inspirada” por la extrema derecha de Vox.
“Acoso permanente y constante”
El propio Iglesias califica de “acoso permanente y constante” en la querella que ha puesto a Miguel Ángel Frontera la situación que viven en su casa de Galapagar, cuya compra en 2018 generó una polémica que cuestionó la “credibilidad” de ambos, según afirmó entonces el hoy vicepresidente. La pareja justificó la adquisición de ese chalé —comprado por 615.000 euros, con una hipoteca de 540.000— porque buscaban un sitio en el que cuidar a sus hijos “con intimidad”.
No ha sido precisamente eso lo que han encontrado. De Iglesias y Montero se publicaron imágenes robadas de la ecografía de sus futuros hijos y fotografías robadas de ellos paseando a sus perros en un parque y visitando su nueva casa; de la que incluso se conoció su interior antes de que se mudaran. Los últimos episodios de hostigamiento a su domicilio privado han originado un intenso debate sobre hasta qué punto esas protestas están amparadas en la libertad de expresión, especialmente al ser ambos cargos públicos toda vez que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos tiene declarado que “los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio”.
La jueza Marta García Sipols, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Collado Villalba, rechazó la querella de Montero contra la citada concejala de Vox al considerar que la vía penal no era la adecuada para investigar el asunto. Su argumento es que de los vídeos aportados por la ministra no se puede deducir que hubiera “violencia” en la conducta de la edil ni que sus acciones provocaran una “alteración grave” de la vida cotidiana de la titular de Igualdad. “Su contenido se enmarca dentro de una protesta ciudadana contra la gestión del Gobierno durante el estado de alarma”, señala la magistrada.
Según el auto, en su declaración ante la jueza, Montero explicó que llevaban ocho semanas realizando “reuniones ruidosas” fuera del perímetro de seguridad y que esta circunstancia le había provocado una situación de inquietud y miedo hasta el punto de cambiar hábitos, si bien la jueza asegura que cuando le pidió que concretara esas situaciones sus respuestas fueron “vagas, imprecisas y muy genéricas”. La ministra, que ha recurrido el archivo a la Audiencia Provincial de Madrid, admitió también que no se había producido ningún acto de violencia “ni contra ella ni contra el domicilio”, recoge la resolución judicial.
La jueza sí reconoce en su escrito que en los vídeos aportados en la querella se aprecian “expresiones que pueden resultar incómodas”, así como la emisión de “ruidos obviamente molestos por su transmisión a través de las caceroladas”, si bien insiste en que su “cauce adecuado de tratamiento” no es la vía penal, máxime cuando no se llega a escuchar ninguna frase de carácter intimidatorio.
El debate de los escraches
Estos episodios también se han vinculado con el respaldo de ambos dirigentes a los escraches que activistas en favor del derecho a la vivienda hicieron a políticos de otras formaciones durante los años más duros de la crisis económica.
Los escraches son actos de protesta en la vía pública contra políticos que, en ocasiones, pueden darse en sus domicilios privados. Se trata de una figura que no está expresamente regulada en el Código Penal y en la que se ponen en colisión el derecho de reunión y a la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los cargos públicos. En 2014, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que el escrache que había sufrido en su domicilio la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (PP) constituyó “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil” y fue “expresión del pluralismo de los ciudadanos”. Esa protesta se desarrolló durante unas horas de la tarde del 5 de abril de 2013.
En Podemos consideran que lo que está ocurriendo en las inmediaciones de la casa de Iglesias y Montero no es un escrache, sino una situación de “acoso continuado”. Así lo señaló la propia ministra en una entrevista en infoLibre: “Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, puede merecer censura social, pero es legítimo”, aseguró. Enrique Santiago también niega de manera tajante que lo que está sucediendo con el vicepresidente y la ministra sea un escrache. “No hay ninguna reivindicación política detrás, es solo odio inspirado por la extrema derecha de Vox”, asegura.
El pasado 18 de mayo una decena de personas se concentraron con cacerolas en la puerta de la casa del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de las caceroladas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Entonces, a pesar de que fue un acto puntual, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó la protesta. “Una cosa es el derecho de manifestación y otra muy distinta es que fakeperiodistas de ultraderecha manden a pijos maleducados y agresivos a intimidar y acosar a tu esposa y a tu hija. Lo que no entiendo es por qué no actúan las autoridades”, escribió en su cuenta de Twitter.