La investigación abierta a mediados de 2018 al secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, entra en una fase decisiva. Ante las evidencias acumuladas de que presuntamente gastó el dinero de sus afiliados y las subvenciones del Ministerio del Interior en llevar una vida de lujo, la jueza Rosa María Freire ha ordenado una auditoría completa del sindicato durante su mandato, según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Duque y otro dirigente del sindicato están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por un delito de malversación que se habría cometido desde 2015 y hasta mediados de 2018.
La Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla recopila ahora toda la documentación incautada en los registros en la sede del sindicato y diversos domicilios particulares para que comience su trabajo el perito judicial, momento previsto para finales del presente mes de mayo, han precisado las mismas fuentes. La diligencia se produce en un momento especialmente delicado toda vez que las elecciones sindicales tendrán lugar a finales del presente año. En las mismas, los policías eligen a sus representantes en el Consejo de la Policía, el órgano de representación ante la Administración.
Un informe aportado a la causa hace un repaso de los gastos detectados a Duque, que fueron cargados por éste al sindicato y que tienen difícil encaje en la actividad sindical. “Son muchos los pagos realizados en restaurantes de alto standing, tipo asador y marisquería, en los que se consume marisco, carne, pescado, vinos y copas de alto valor económico que no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, demostrando este consumo un gastos desmesurados en beneficio propio”, recoge un informe policial al que ha tenido acceso eldiario.es.
Por orden judicial, y de acuerdo con la Fiscalía, la jueza Freire ordenó los registros el 10 de septiembre de 2018. En el informe posterior de la Policía Judicial, los investigadores afirman que han encontrado numerosa documentación de gastos, pero no los “justificantes” ni de esos gastos ni de cheques cobrados en los años 2016 y 2017 por valor de 146.500 euros en el primero de estos ejercicios y de 140.000 en el segundo. “Ante la falta de facturas se sospecha que han debido cuadrar las cuentas, por lo que si se realizara una auditoría, no superaría la misma”, decía ya ese informe.
Los policías ponen el acento en que muchos de los gastos se producen en locales de ocio “fuera del horario considerado por labores sindicales” y especifican “copas de ron, ginebra, whiskey”. En un prestigioso asador de Madrid se les hace descuento, sospechan los policías, “por ser buenos clientes”. Tanto Duque, como el secretario de Organización y Finanzas, Juan Manuel Heredia, gastaban con la tarjeta del sindicato hasta 10.000 euros mensuales cada uno.
Y no solo en copas y cenas, también en la “compra de casa”, según la expresión de los investigadores, que han encontrado una factura de vino de 10.257,82 euros. En joyerías se han encontrados gastos cargados al sindicato de hasta 850 euros. Duque declaró ante la jueza que las copas que pagaba, sobre todo en Algeciras (de donde procede aunque vive de alquiler en Madrid en un piso pagado por el sindicato), respondían a las invitaciones a delegados sindicales y que el viaje a un hotel de cinco estrellas de estos dos imputados junto a sus mujeres responde a un congreso de la UFP en Canarias a los que es costumbre ir acompañado de las esposas.
El líder de la UFP también pagó con la tarjeta de crédito del sindicato la página de contactos badoo.com. Duque declaró que esos pagos se debieron a un error. elindependiente.com detalló que se trata de 69 abonos a la página de contactos badoo.com entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, por un importe total de 700 eutros. Esos pagos se hicieron con una tarjeta asociada a una cuenta de la UFP en el Banco Popular.
Los dirigentes de la UFP tampoco reparaban en gastos en tecnología. Los investigadores han encontraron en los registros siete teléfonos Iphone por valor de 1.530 euros cada uno y otros siete con un precio por unidad de 1.100 euros. A ello hay que sumar dos tabletas digitales y dos ordenadores portátiles por valor de 6.629,18 euros. A los delegados sindicales que viajaban a Madrid se les repartieron 120 tarjetas de gasolina a 15 euros cada una. Las reparaciones de los vehículos de lujo de Duque también eran cargados al sindicato. El asegura que su alquiler era de 28 euros al día fuera el modelo o marca de lujo que fuera.
Los investigadores creen igualmente que Duque realizó regalos e invitó a comidas y copas al hermano de su antigua amante, otra dirigente sindical también imputada. Este llegó a declarar que Duque le había invitado a Tánger y que allí había pagado el servicio de prostitutas, algo que el secretario general de la UFP niega. La Policía Judicial cree que incluso le abonaba carreras inexistentes del taxi en el que trabajaba el invitado para cubrir el tiempo que estaba con él de celebración y no trabajaba.
A pesar de la investigación y de las informaciones sobre el caso, Víctor Duque sigue al frente del sindicato y pilota la campaña electoral para las próximas elecciones sindicales. Algunos comités provinciales se han personado en la causa como perjudicados, pero Duque sigue manteniendo otros apoyos internos. La Policía Judicial sospecha que repartía “sobrsueldos” entre otros dirigentes, de entre 150 y 600 euros mensuales, “siendo mayor la cuantía cuanta más responsabilidad se tiene en el sindicato”.
En el momento de que explotara la investigación, la UFP tenía 9.800 afiliados, según el propio Duque, que aportaban con sus cuotas entre 110.000 y 120.000 euros mensuales. Otros 40.000 euros procedían de las subvenciones que por ley tiene asignadas del Ministerio del Interior. Duque defendió en su declaración que el Ministerio nunca les había abierto expediente por el gasto de las subvenciones.
Los policías de la investigación encontraron un documento en el registro del sindicato en el que se admite la existencia de “una cuenta para meter el dinero que sobra al mes y que nadie lo fiscalice” y pueda así ser gastado “sin control” por el comité provincial de Madrid de la UFP.
La Unión Federal de Policía es uno de los sindicatos que se implicó en las maniobras policiales contra el separatismo catalán, ya con Duque al frente. Es una de las dos centrales –con el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que firmaron una querella contra Artur Mas y otros por el referéndum del 9-N, pese a que la iniciativa no era suya sino de la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, el artífice de la brigada política al que el sindicato arropó cuando fue requerido por el Congreso y al que prestó asistencia legal.