El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares en la sierra de Madrid (8.032 habitantes, según el último padrón) tiene Gobierno y ha aprobado dos presupuestos gracias a que la única concejal de Ciudadanos, Elena Talavera, vota junto al PP en los plenos importantes para deshacer el empate: seis concejales populares frente a otros tantos de la oposición (dos de PSOE, dos de IU y dos de una agrupación independiente, Unidos Por Hoyo, que nació de una escisión del PP).
Lo estrambótico en este municipio del noroeste de Madrid es que la edil que sirve de bastón al Gobierno municipal, Elena Talavera -también con pasado en el PP- mantiene un pleito en el juzgado contra su alcalde, Ramón Regueiras, al que acusa de desobediencia, usurpación del poder, y pide tres años de cárcel, además de una indemnización de 25.000 euros. La Fiscalía ya ha solicitado dos años de prisión para el regidor por los mismos delitos al final de la instrucción y el próximo paso es el banquillo.
La portavoz y única concejal de Ciudadanos explica a eldiario.es por teléfono que no ve incompatibilidad en solicitar cárcel en el juzgado y apoyar su gestión municipal. Defiende Elena Talavera que ella no avala al alcalde ni al Gobierno sino que vota políticas que benefician al pueblo: “Mi función como concejal responsable que soy es realizar propuestas beneficiosas para el municipio. Si no lo son, voto en contra. Yo al apoyar una serie de propuestas o un presupuesto estoy apoyando al municipio no al alcalde. Tampoco se puede decir que apoye los presupuestos, voté a favor de las cuentas en 2016 y 1017 [las de 2018 todavía no se han sometido al Pleno] porque si no salen se pierden un montón de millones de euros en ayudas del plan de infraestructuras de la comunidad. Era lo que tenía que hacer. En cuanto a la denuncia, la mantengo porque la presentamos cuatro personas y aunque yo la retirase los otros iban a seguir adelante”.
Talavera desvincula sus apoyos al Gobierno de la dedicación parcial -de 14.000 euros anuales- que cobra del Ayuntamiento, la única de la que disfruta un edil de la oposición. “Fue una posibilidad que se le dio al resto de grupos y que rechazaron pero eso no condiciona mi voto, yo apoyo políticas que convienen a los vecinos”, sostiene.
El conflicto que motivó la querella viene de hace una década atrás y solo se entiende por el constante baile de siglas y saltos de un partido a otro de varios de sus protagonistas. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares empezó a salir en las noticias en 2008 por ser el único pueblo de España con dos alcaldes. En realidad, solo uno era legítimo tal y como certificaron varias sentencias judiciales. El culebrón empezó el 18 de enero de 2008 durante una moción de censura fallida, según acabaron resolviendo años después los tribunales.
Por aquella época, a principios de 2008, gobernaba el Ayuntamiento Antonio Antolínez Sousa, del Partido Popular, en minoría. Y Regueiras -el regidor de hoy bajo las siglas del PP- era el líder de una agrupación pequeña, Partido Independiente Popular de Hoyo, que se unió a PSOE y Ciudadanos para desbancar a los populares. Los tres partidos cerraron un acuerdo pero el día del Pleno una edil de los independientes, compañera de Regueira, votó en el último momento en contra de su partido y de la censura al PP. La alternativa fracasó en la sala de plenos y el asunto se judicializó. Varios jueces dedicaron meses a estudiar si aquello fue un “lapsus linguae” o un cambio de posición política de la concejal. El secretario municipal optó por esta segunda vía pero una primera sentencia de un juzgado contencioso-administrativo corrigió la decisión y convirtió en alcalde a Regueira.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en sentido contrario y en febrero de 2010 el Supremo acordó que Regueira debía devolver el poder a Antolínez en tanto no hubiese una sentencia firme.
El alcalde no solo no lo hizo sino que siguió cobrando su sueldo y sus dietas y adoptando resoluciones desde el Ayuntamiento hasta el final de su mandato en 2011. Así que el grupo municipal del PP, Antolínez y el resto de concejales decidieron denunciarlo por desobediencia y usurpación de funciones. Entre los que firmaron aquella querella que investiga el juzgado número 11 de Madrid estaba Elena Talavera, entonces en las filas del PP, y hoy única concejal de Ciudadanos en el municipio y socia en la práctica de Regueira, su denunciado.
Desde el Gobierno municipal tratan de dar apariencia de normalidad a esa convivencia. Habla su teniente de alcalde, Juan de Lózar: “Si lo miras desde un punto de vista visceral, de enfrentamiento no tiene sentido esa relación pero lo que yo pienso es que a veces la política se enreda y se llega a una denuncia en la que un concejal acompaña al resto de miembros de su partido. Pero aquí lo que nos preocupa a todos es el pueblo, no el poder. ¿Debes dejar de pensar en positivo por que esta mujer haya presentado una querella? Son apoyos puntuales los que obtenemos de Ciudadanos. ¿Y ella va a votar contra un parking para que los vecinos puedan acceder a los comercios de forma más cómoda? No tendría ningún sentido”.
Ciudadanos en Hoyo del Manzanares es ella y poco más. Media docena de militantes, entre los que están su marido y varios amigos del matrimonio.
Desde Unidos Por Hoyo, otra de las escisiones del PP y el grupo más beligerante en el Ayuntamiento, aseguran que la relación es de mera conveniencia. “Es una coalición de intereses. Por un lado el PP quiere seguir aguantando en el Ayuntamiento. Y a la concejal de Ciudadanos le interesa estar en el Ayuntamiento y mantener las dedicación parcial y la presencia en las comisiones municipales, por lo que ingresa unos 18.000 euros. Todo se puede decantar en la sentencia que pueda producirse después del verano. Si el alcalde es inhabilitado, el PP no podrá mantenerlo hasta las elecciones porque con una sentencia en la vía penal, nosotros no vamos a permitir que siga al frente del Ayuntamiento”.
Ciudadanos tampoco está en condiciones de imponer exigencias dado que no ha firmado un pacto de Gobierno en Hoyo. Y menos por las implicaciones judiciales del alcalde, la propia Talavera además de aparecer como denunciante en este caso está imputada (junto a los concejales del Gobierno municipal) por votar a favor de una recalificación de unos terrenos a la Universidad Antonio de Nebrija que acabó parando la Comunidad de Madrid.