HRW afirmaque el secuestro de bienes de un diario panameño atenta contra la democracia

Panamá, 4 jul (EFE).- El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivancos, dijo este sábado que la medida judicial de secuestro de bienes del diario La Prensa de Panamá constituye un atentado a la democracia y a la libertad de expresión.

“Un juez que ordena secuestrar los bienes de un medio poniéndolo en imposibilidad de cumplir su función, por la publicación de una información de interés público sobre un expresidente, es un juez que atenta directamente contra la libertad de expresión y la democracia”, escribió Vivancos en su cuenta de Twitter.

El diario La Prensa informó hoy de que sus cuentas y acciones por valor de 1,3 millones de dólares fueron secuestradas por el expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en el marco de un litigio civil de hace ocho años por daños y perjuicios en el que reclama 5,5 millones de dólares.

“La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información ya que reprime la continuidad operativa de la empresa, en vista de que con ella congelan los fondos para cumplir con nuestras obligaciones contractuales”, dijo en un comunicado el presidente de la Corporación La Prensa (Corprensa), Diego Quijano.

Añadió que con los fondos congelados se realiza “el pago de bienes y servicios y, sobre todo, los salarios de los 240 asociados de la corporación”.

UNA DEMANDA CIVIL ADMITIDA EN 2012 Y AÚN NO RESUELTA

El secuestro fue decretado formalmente el pasado 22 de junio por la juez Décimo Quinta Civil, Lina Castro de León, por una demanda civil admitida en marzo de 2012 y que aún no se ha resuelto, indicó este sábado el rotativo.

Pérez Ballaradares reclama 5,5 millones de dólares por notas periodísticas sobre procesos por presunto lavado tramitados por la Fiscalía, las cuales consideró como parte de una campaña de desprestigio que, a su juicio, se inició en 2009 con la publicación de documentos que daban cuenta de fondos provenientes de casas de juego que fueron beneficiadas con concesiones durante su Administración, explicó el diario.

La Prensa recordó que en 2009 la Fiscalía contra la delincuencia organizada abrió una investigación a Pérez Ballaradares porque “la empresa Lucky Games, que obtuvo un contrato de concesión para operar 500 máquinas tragamonedas, enviaba dinero sin ninguna justificación a la Shelf Holding, una sociedad familiar del expresidente”.

“La demanda se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011, en las que se informa que Pérez Balladares 'podría ser objeto de una segunda investigación penal' por presunto blanqueo de capitales, 'por supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas'”, indicó el diario afectado.

El Juzgado Noveno Penal ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa contra Pérez Balladares en abril de 2011, un fallo que fue ratificado en agosto de 2017 por el Segundo Tribunal de Justicia de Panamá,agregó La Prensa.

EMPRESARIOS INSISTEN EN UNA NECESARIA REFORMA JUDICIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo por su parte en un comunicado que la acción contra Corprensa no solo es un “atentado contra la libertad de expresión” sino que “evidencia las debilidades del Sistema de Administración de Justicia” del país.

Para la CCIAP la acción judicial “es de suma preocupación” por el “peligro que sus consecuencias pueden representar para la continuidad operativa de un importante medio de comunicación del país y por ende para la libertad de expresión”.

“Sirve la oportunidad para nuevamente llamar la atención al sistema de administración de justicia, que no ha logrado resolver este caso civil en ocho años, confirmando las necesidades de reformas profundas en este Órgano del Estado”, añadió la Cámara, que aglutina a más de 1.800 empresas de 15 sectores económicos del país.