La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) instó hoy al presidente de Brasil, Michel Temer, a vetar la ley aprobada el pasado martes por el Senado que garantiza una justicia privilegiada para militares acusados de delitos contra civiles.
El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y tan sólo depende de la sanción presidencial para entrar en vigor, transfiere a los tribunales militares el juicio de crímenes dolosos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de orden público.
La iniciativa ha generado una gran polémica en el país y duras críticas por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente por haber sido aprobada en momentos en que un decreto permite la participación de hasta 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en el estado de Río de Janeiro hasta finales de 2018.
Los militares han sido utilizados en las últimas semanas en diferentes operaciones para combatir a las bandas de narcotraficantes que dominan algunas de las favelas de Río de Janeiro.
“Temer tiene que rechazar la justicia privilegiada para las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley protege a los soldados acusados de homicidios de civiles”, aseguró HRW en un comunicado.
Según la organización internacional, el proyecto de ley retira de la Justicia común los juicios de miembros de las Fuerzas Armadas que puedan ser acusados incluso de ejecuciones extrajudiciales de civiles e impediría a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos obtener justicia.
“La ley restablece una práctica común de las dictaduras en América Latina, cuando los militares se juzgaban a sí mismos en los casos de homicidios de civiles”, alertó la directora de Human Rights Watch para Brasil, María Laura Canineu.
El comando de las Fuerzas Armadas de Brasil y los congresistas que defienden el proyecto alegan que la transferencia de esos juicios a tribunales militares es necesaria para ofrecer “protección jurídica” a los soldados en operaciones de orden público.
“Las normas internacionales de derechos humanos determinan que las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones no pueden ser juzgadas por tribunales militares. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la jurisdicción penal militar no es la jurisdicción competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de los derechos humanos”, asegura HRW.
El Ministerio Público de Brasil ya anunció su intención de cuestionar la constitucionalidad de la iniciativa ante la Corte Suprema en caso de que la ley sea sancionada por el mandatario.
Para Amnistía Internacional, el proyecto iguala la legislación a las normas del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y perjudica los juicios imparciales de los militares.