La libertad de expresión y creación y sus siempre controvertidos límites vuelven a ser objeto de debate en una sala de vistas. La Audiencia Provincial de Madrid acoge este lunes el juicio contra el humorista David Suárez por el tuit que escribió en abril de 2019 bromeando sobre las personas con síndrome de Down. “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”, fue el comentario que publicó en su cuenta de Twitter, en la que tenía alrededor de 70.000 seguidores, y que en su día le costó el despido del programa de radio en el que trabajaba y la anulación de diversos shows. El cómico se enfrenta a una petición de un año y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía, que considera que el mensaje es “humillante y vejatorio”.
El juicio es el último episodio de un periplo que se inició en mayo de 2019, cuando la asociación Plena Inclusión Madrid llevó el comentario a los tribunales por un delito contra la dignidad (artículo 510.2 del Código Penal). La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid, cuyo titular, Jorge Israel Bartolomé, la archivó cuatro meses después al entender que, aunque el mensaje era “desafortunado, grosero, zafio, repugnante y sin gracia alguna”, no podía considerarse delictivo.
A juicio del magistrado, no había constancia de que el tuit –del que decía que podía “herir sensibilidades” y “provocar reacciones”, como el despido del autor– se hubiera vertido “desde la animadversión al colectivo” y tampoco de que Suárez se dedicara a “difundir de manera reiterada mensajes peyorativos hacia dichas personas”. “El investigado pretendió hacer humor, sin sopesar las consecuencias que tan desafortunada frase podría acarrearle, y que la misma, lejos de obtener un reconocimiento y sonrisa, causaría gran repulsa y rechazo”, sostiene en su resolución.
La Fiscalía, que en un primer momento estimó procedente el archivo, se adhirió después al recurso de la asociación, personada como acusación particular. Y además de la citada pena de prisión reclama para el acusado una multa de 3.000 euros, cinco años de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión en las redes sociales durante el tiempo de la condena. El propio juez mostró en uno de sus escritos su sorpresa por el “cambio de criterio” del Ministerio Público.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó en abril de 2020 revocar el sobreseimiento de la causa al considerar que no podía quedar amparado por la libertad de expresión lo que era “un atentado contra la dignidad de todo un colectivo, mediante un acto de humillación y desprecio directo”. “No se castiga la expresión de una idea, se castiga la expresión cuando se haga de tal modo que ello suponga una llamada a la discriminación” y cuando “se infringen otros valores constitucionales como la propia dignidad humana”, sostiene la resolución de la sección segunda.
En su escrito de defensa, Suárez niega que existan hechos constitutivos de delito. “No cabe hablar de autoría ni de circunstancias modificativas ni de pena ni de responsabilidad civil derivada de un delito que no se ha cometido”, sostiene. La asociación que llevó el tuit a los tribunales, sin embargo, afirma que sus palabras son “manifiestamente atentatorias para la dignidad de un colectivo vulnerable” y que fue un mensaje de “hostigamiento y acoso hacia estas personas”. Al igual que la Fiscalía, solicita para el cómico un año y diez meses de prisión y eleva la petición de multa a 6.000 euros.
“Es un chiste, no hay debate”
Suárez dice afrontar la vista con la “conciencia tranquila”, aunque reconoce que el recorrido hasta aquí ha sido “agotador” al llevar sobre sus espaldas durante casi tres años “algo tan absurdo” como un procedimiento penal por un chiste. Afirma que esta situación le ha acarreado consecuencias laborales. La denuncia le costó en su día el despido del programa de radio en el que trabajaba y la anulación de diversos shows. Y asegura tener vedado el acceso a las grandes plataformas en las que, sostiene, las marcas no quieren exponerse a tener en nómina a un colaborador que les pueda generar algún problema. Sí está en plataformas internacionales como Twitch, Patreon o YouTube y también sigue haciendo bolos. “Afortunadamente, apenas me cancelan uno de cada diez”, declara.
El cómico se muestra muy crítico con la posición del Ministerio Público, que viró durante el proceso: pasó de pedir el archivo a solicitar una pena de cárcel. “Debemos plantearnos como sociedad si realmente tiene sentido que la Fiscalía se ocupe de decidir de qué cosas nos podemos o no reír los ciudadanos. No estoy en contra de que se persigan los delitos de odio, pero en este caso es un chiste y no hay debate”, dice el cómico. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que su mensaje muestra un “evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome Down”.
“Mi tuit no ataca a un colectivo, sino que habla de él. De hecho, estoy especialmente sensibilizado con personas con síndrome de Down, pues tengo un familiar con esta condición. El 95% del humor negro no coge a una persona de la calle y la intenta humillar con un intención malvada, sino que toma elementos del imaginario colectivo, sin hostigar a ninguna persona concreta, y permite atacar elementos esenciales de lo que somos como sociedad sin fastidiarle la vida a nadie. No solo creo que esto deba permitirse, sino que es esencial para una democracia”, confronta el humorista, que sitúa en el bullying contra personas concretas los límites del humor negro. “Son los insultos a una persona concreta y anónima los que nos tienen que repugnar, porque hay algo en eso que está más cerca de la maldad que de una intencionalidad de hacer reír a nadie”, añade.
Suárez admite que las personas que integran el colectivo al que aludió en su tuit “tienen todo el derecho del mundo a ofenderse”, aunque insiste en que “los sentimientos no están por encima de la libertad de expresión y creativa”. “Yo me siento en la obligación de pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido con el chiste, pero no voy a pedirlas por el ejercicio de mi trabajo. Voy a seguir haciendo lo que hago porque creo que es necesario. En el momento en el que vea que mi trabajo no genera risa y solamente trae dolor y sufrimiento, quizá debería parar. Pero sé que no es así”, afirma.
El auto de la Audiencia Provincial, del que fue ponente la jueza María Ángeles Montalvá, hacía alusión también a otros comentarios del cómico sobre personas con discapacidad física e intelectual que, en su opinión, prueban que no se trató de un “impulso único”. A juicio de los magistrados resulta “indigno” que se haga chanza sobre las personas que “desdichadamente sufren esa situación”. E incluso ponen el acento sobre el hecho de que el comentario se hiciera en Twitter, donde los contenidos se “viralizan” con facilidad.
En ese auto, los jueces también aluden al “riesgo” de que, si no se actúa contra estos comportamientos, la sociedad asuma que “en redes sociales todo vale, no hay límites, impera la ley del odio y prácticamente reina la impunidad”. Es por eso que el cómico se siente víctima de una especie de castigo “ejemplarizante”. “La intención de cara al futuro es que nadie se atreva a hacer chistes sobre estas cuestiones. El gran ridículo es que no se me puede echar en cara nada más que haber escrito una serie de palabras. Es absurdo que se persiga esto en cualquier país en 2021”, sentencia.