Iberdrola Generación, una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, y cuatro de sus altos cargos han afrontado la primera de las siete semanas que tiene previsto extenderse su juicio por presunta manipulación del precio de la luz, el primero de estas características al que se enfrenta una empresa del sector. Por la sala de vistas ubicada en la última planta del edificio que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) han desfilado hasta el momento una decena de directivos de la compañía, entre acusados y testigos. Y, sin matices, todos han defendido la misma versión: las maniobras que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción para inflar artificialmente el precio de la luz en 2013 y lograr un beneficio multimillonario en perjuicio de los consumidores nunca existieron.
“No hay ninguna conducta imputable a Iberdrola, que actuó de forma consistente en un mercado liberalizado. No ha habido ninguna manipulación”, afirmó desde el banquillo el director de los servicios jurídicos de Iberdrola España, que intervino en nombre de la eléctrica. Para sostener esa tesis, los implicados se parapetaron tras los “modelos matemáticos” que utilizan los equipos a su cargo para fijar las ofertas al mercado mayorista de electricidad y evitaron señalar a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a la ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”.
Por contra, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Y que fueron los directivos implicados los encargados de su “ejecución”. Esa supuesta maniobra consistió en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.
La “consecuencia” de este “artificio”, según el Ministerio Público, es que el precio de la energía se encareció en 7,2 euros el megavatio hora, lo que supuso para la “compañía” un beneficio de 21,2 millones de euros. Por estos hechos Anticorrupción solicita una multa de 84,9 millones para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para cada uno de los directivos.
Frente a la argumentación de las acusaciones, los altos cargos se esforzaron en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones y tratando de llevar a los interrogatorios a un terreno muy técnico, lo que provocó incluso que en ocasiones el juez se reconociera “ignorante” en la materia y les pidiera concreción en sus argumentos.
“¿Quién fijaba el precio entonces, una máquina?”, llegó a preguntar el fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, ante las explicaciones del directivo de más rango implicado, Ángel Chiarri, interrogado durante la primera sesión. “Prácticamente sí, una herramienta informática”, respondió el acusado. “No es una persona con un lápiz y un papel en blanco (...). Todo el proceso está armado para evitar la irracionalidad de una persona”, añadió después a preguntas de una de las acusaciones.
En las sucesivas declaraciones, el resto de implicados intentaron, en cierto modo, matizar esas palabras. Y, sobre todo, insistieron en que en esos cálculos automatizados tienen mucho que ver las previsiones meteorológicas, que sí realizan sus técnicos. Es una apreciación también hecha por Chiarri, que había destacado la “gran dificultad” de hacer esas estimaciones, y que va en la línea de apuntalar la versión de la eléctrica de que el aumento de los precios se debió sólo a criterios técnicos y factores externos.
De hecho, esa es otra de las líneas de defensa de Iberdrola: si la compañía ofreció entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 el agua de sus embalses a precios superiores a los que lo había hecho unos días antes y la dejó, en consecuencia, fuera del mercado, fue porque hizo una “gestión prudente” de ese recurso ante la “sequía persistente”, pues se habían encadenado 43 días sin llover. Y en un contexto en el que sus modelos de previsiones les decían que durante los meses siguientes las lluvias serían escasas. “La historia nos decía que siempre que diciembre era seco, el 100% de los eneros lo eran y el 85% de los febreros”, ejemplificó Gregorio Relaño, que durante el período de los hechos era responsable de Optimización.
Es una argumentación que choca con los datos acreditados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya multó a la compañía con 25 millones de euros por estos mismos hechos. Esa sanción está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal. Según el regulador, al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en los embalses de la compañía eran “superiores” a las que había en los años precedentes y este nivel superior se mantuvo durante todo el mes.
Pero ante el juez, los implicados defendieron que como el agua es un recurso limitado y no puede comprarse en el mercado, su uso viene determinado no tanto por las reservas sino por el llamado producible hidráulico, que son las aportaciones de agua de lluvia. Así que, aunque los embalses estaban llenos, el precio de la oferta se disparó ante las previsiones de escasas lluvias. En su expediente, la CNMC recuerda que los datos del producible de la primera semana de diciembre para el conjunto de las tres cuencas apenas eran inferiores en 2013 respecto a los años precedentes y que, en todo caso, su impacto podía considerarse “muy reducido” frente al volumen de reservas acumuladas.
Más allá de las constantes alusiones a los criterios técnicos, tanto acusados como testigos explicaron que la decisión sobre los precios se tomaba en las reuniones del llamado plan semanal, donde participan el trader, un cargo técnico rotatorio que se encarga de hacer la propuesta concreta, así como diferente personal de los departamentos de Mercados y Planificación. Y, a pesar de su insistencia, el fiscal no logró que ninguno de los acusados ni testigos señalara a ningún directivo en concreto como el responsable último de dar el aval definitivo a la oferta con la que la empresa acudía al mercado mayorista.
“¿Quién dice adelante con esa propuesta [de la reunión del plan semanal]?”, preguntó Romeral a Javier Paradinas, uno de los implicados. El ejecutivo respondió que se aprobaba “colegiadamente” y que después se enviaba a “toda la dirección”, con lo que se suponía su “aceptación tácita”, aunque no señaló a nadie en concreto.
Esta versión fue refrendada también por uno de sus subordinados que en el momento de los hechos hizo durante una semana las funciones de trader. Este directivo reiteró que, tras las propuesta técnica, la “decisión” se tomaba de “forma colegiada” por todos los asistentes a esa reunión y que si nadie estaba en contra se “circulaba” a la cadena de mando, que tenía como último eslabón al citado Ángel Chiarri. Después, a preguntas de la defensa de este último concretó que no es factible que “alguien” indique cómo proceder ante cada una de las ofertas, pues se trata de “miles de números”.
Durante las próximas semanas, está previsto que sigan compareciendo testigos propuestos por las partes. El próximo 25 de octubre está citado el exministro José Manuel Soria, que ya compareció en la fase de instrucción, cuando afirmó que había habido una clara manipulación de los precios. A partir del próximo 14 de noviembre, el juicio se adentrará en una nueva fase: la de los peritos propuestos por las partes. Las acusaciones dan total relevancia a las declaraciones de los técnicos de la CNMC, que confrontarán las tesis de la compañía. También comparecerán otros expertos que tratarán de apuntalar la versión de Iberdrola de que no hubo alteración de los precios.
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