Los obispos entran en campaña electoral. La próxima semana está prevista su asamblea plenaria de primavera en la que, salvo sorpresa mayúscula, la Conferencia Episcopal ofrecerá sus orientaciones para el voto católico. No es costumbre que la Iglesia diga a quién se puede votar, pero sí ofrece unas línea-guía, con “principios innegociables” que ayudan a desentrañar a quién no se debería confiar el voto.
En anteriores comicios, los obispos han marcado como prioritarios aspectos relacionados con la que llaman “defensa de la vida”, el no al aborto y la eutanasia, así como la defensa de la unidad de España, que tradicionalmente llevarían a los católicos a votar al PP. Sin embargo, la fragmentación de la derecha ofrece un escenario nuevo que afecta también a la Iglesia.
Al menos una decena de prelados han mostrado, en público o en privado, su cercanía a los postulados de Vox. Conocida fue la pastoral del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tras el resultado de las andaluzas. Hizo pública su alegría por el “vuelco electoral” que llevó, por primera vez en la historia de la democracia, a la extrema derecha a un parlamento autonómico.
Obispos en campaña
No es el único. Por ejemplo, el obispo de Cádiz-Ceuta, Rafael Zornoza, mantiene en su puesto como delegado de Fundaciones de la diócesis a Agustín Rosety, exgeneral de brigada de Infantería de Marina y número 1 de la lista de Santiago Abascal por la provincia. Es el mismo que quería prohibir a una personal transexual ser padrino de un bautizo. Otro prelado, el nuevo auxiliar de Cartagena-Murcia, permitó una misa en homenaje a Franco el pasado 20N en el seminario, donde se lanzaron proclamas a favor de Vox.
José Ignacio Munilla, en San Sebastián; Fidel Herráez, en Burgos; Jesús Sanz, desde Oviedo; o el siempre polémico Juan Antonio Reig, en Alcalá de Henares, también han mostrado, si bien en privado, sus preferencias por la formación de extrema derecha, como “única garante” (en palabras de uno de ellos) de la defensa de la vida y de la unidad de España.
Sin embargo, otros prelados, tradicionalmente alineados con las tesis más conservadoras de la derecha, están apelando al voto útil. Así lo hizo la semana pasada el arzobispo de Granada, Javier Martínez, que advertía de que apoyar a Vox da votos a la izquierda: “Por muy paradójico que parezca, votar a una cierta derecha es votar a una cierta izquierda, hasta el punto de que esa derecha parece a veces casi subvencionada. Desde luego, es esa cierta izquierda quien la provoca y la hace crecer y la alimenta gustosamente”, argumenta.
No a PSOE-Podemos, No a Vox
Esta postura está siendo mayoritaria en el seno del Episcopado español (la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de los obispos), que tiene dos temores: por un lado que un Gobierno del PSOE con el apoyo de Unidas Podemos haga que los socialistas adopten políticas de corte laicista como el recorte de las subvenciones a los centros concertados, o la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. Una medida que, en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurriera en anteriores comicios, no aparece en el programa electoral de Pedro Sánchez (sí en el de Pablo Iglesias). En su breve legislaura, el Gobierno de Sánchez ha pisado algunos callos en la jerarquía, a cuenta de las inmatriculaciones, la reforma educativa que saca la Religión como materia que cuenta para nota, el IBI o la exhumación de Franco.
El otro miedo de la jerarquía eclesiástica es que la ascensión de Vox pueda hacer emerger anteriores vinculaciones entre la ultraderecha y la Iglesia católica, que durante la Transición personajes como el cardenal Tarancón se empeñaron en desterrar y que, en los últimos años, y especialmente bajo el mandato de Rouco Varela, parecieron regresar. La cercanía de los sectores más ultraconservadores de la Iglesia –desde los 'kikos' al Opus Dei, pasando por formaciones como HazteOir– a los postulados de Santiago Abascal hace que muchos obispos prefieran apostar por un PP fuerte. En este sentido, la Iglesia contempla positivamente el endurecimiento de la postura de Pablo Casado en temas como el aborto, la familia tradicional o la que llaman “ideología de género”.
De hecho, un elevado porcentaje de los candidatos de Vox a las generales pertenecen a estos grupos de la ultraderecha católica, o son socios del entramado de las formaciones que giran alrededor de la órbita de Ignacio Arsuaga. De hecho, HazteOir acaba de publicar un manifiesto, dirigido a Vox, Ciudadanos y PP, con sus propuestas para garantizar el voto. Un conjunto de medidas que se encuentran mucho más cerca de Vox que de Rivera o Casado.
De Escrivá a Argüello: Opus Dei y 'kikos'
El Opus Dei, que está en sintonía con Vox, cuenta con unos 90.000 fieles en todo el mundo, entre sacerdotes, supernumerarios y afines. Durante el franquismo, buena parte de los ministros pertenecían a la Obra, que considera la santificación en el trabajo y en la vida cotidiana uno de sus frentes de batalla. Escrivá, canonizado pocas décadas después de su muerte, consiguió de Juan Pablo II algo que ninguna otra organización eclesial ha logrado en la historia: la concesión de una Prelatura Personal que hace que, en la práctica, este grupo funcione al margen de parroquias o diócesis, y sólo deba responder ante su prelado o al Papa.
En cuanto a los 'kikos', son el gran ejército de católicos conservadores en la actualidad, con más de un millón de fieles en todo el mundo. Liderados por otro español, el artista Kiko Argüello, tienen su mayor poder en las familias (consideran el aborto un “invento del demonio”) y en el auge de las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. De hecho, 14 de las diócesis españolas cuentan con seminarios 'Redemptoris Mater', pertenecientes al Camino Neocatecumenal, el nombre oficial de este movimiento eclesial.
Conservar los privilegios
La jerarquía, frente a la opción de Vox de estos grupos, está apelando al “voto útil” al PP porque la Iglesia católica sigue siendo la única institución religiosa en España con privilegios, y los quiere conservar. Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 continúan consagrando una relación de privilegio entre el Estado español –oficialmente aconfesional–, y la Iglesia católica, en materia educativa, sanitaria o de presencia en las instituciones públicas como hospitales, las Fuerzas Armadas o aeropuertos.
También en el ámbito económico: la Iglesia es la única institución que cuenta con una casilla propia en el IRPF, del que todos los años se detrae el 0,7% de los impuestos de los ciudadanos que marcan la casilla. El año pasado, una cifra récord: 267 millones de euros.
Del mismo modo, la Iglesia mantiene exenciones fiscales (no paga IBI, ni un impuesto llamado ICIO –aunque en las últimas semanas las negociaciones con el Gobierno podrían hacer que los obispos comenzaran a abonar esta tasa, sin tocar el Concordato– que cada vez son más cuestionadas.
La presencia de la clase de Religión en la escuela pública –con currículum que no pasa ningún filtro público y profesores seleccionados por los obispos, pero pagados por la Administración– o la poderosa red de colegios concertados son otro de los beneficios de una institución que sigue blindando su patrimonio y cuyas cuentas siguen siendo poco transparentes. Por ejemplo, el anunciado listado de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias a la una ley del Gobierno Aznar sigue sin hacerse público, aunque el Gobierno de Sánchez se comprometió a hacerlo llegar al Congreso, cuya disolución adelantada ha impedido tratar el tema.