La representación legal de Pablo Iglesias ha recurrido el cierre de la instrucción del caso Dina decretado por el juez Manuel García Castellón antes incluso de oír en declaración a los últimos tres testigos que ha citado. Uno de ellos es el comisario Eugenio Pino, jefe de la brigada política y receptor de una copia de la tarjeta robada a Dina Bousselham, según declaró el comisario Villarejo, quien aseguró que fue él mismo quien se la entregó, antes de que su contenido fuera publicado por varios medios de comunicación.
El abogado de Iglesias denuncia, en este sentido, que la pieza del caso Villarejo “está huérfana de investigación” en cuanto a esa entrega de la tarjeta por parte del comisario al responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Contrasta, añade, con la atención que ha prestado García Castellón a unas “hipótesis” que carecen de “base indiciaria”, en referencia a la insistencia del magistrado por dirigir las diligencias de investigación hacia Pablo Iglesias como supuesto autor de los daños que presentaba la tarjeta que le entregaron los responsables de Interviú y que guardó durante meses.
El letrado Raúl Maíllo recuerda al juez instructor que la orden europea de invetigación que cursó a Gales, con dirección al técnico que intentó recuperar el contenido de la tarjeta del móvil, dio como resultado que éste declarara que cuando recibió dicho dispositivo “estaba físicamente intacto” y que ha sido la propia Policía española quien ha informado al juez de que los daños que presenta la tarjeta se deben a “un exceso de lijado, compatible con la técnica utilizada por los laboratorios especializados en recuperación de información”.
García Castellón se centró en la supuesta participación de Iglesias en los daños a la tarjeta en lugar de investigar la “principal hipótesis” de la pieza que le señalaban la Fiscalía Anticorrupción y la Sala de lo Penal, instancia superior al citado juez. Estos le pusieron de manifiesto que la primera línea de investigación debía abordar que la “organización criminal” de Villarejo, a quien se le encontró copia del dispositivo en el registro de su casa, estaría detrás de la filtración de una información que podía perjudicar a Podemos en 2016.
“Es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del señor Villarejo como coincidente con las publicaciones que está realizando Okdiario, señala el escrito del abogado de Iglesias, que tuvieron ”el claro objetivo de desprestigiar su imagen en momentos electorales clave, de forma directa“.
Iglesias figura como personado en la causa después de que el juez García Castellón le retirara esa condición y la Sala de lo Penal le obligara a devolvérsela, decisión que no fue impedimento para que el juez solicitara la imputación del entonces vicepresidente segundo del Gobierno al Tribunal Supremo, que también rechazó la pretensión del magistrado instructor.
La pasada semana, la Policía Científica contestó al juez que no es posible acceder al contenido de la tarjeta, lo que eliminaba la posibilidad de atribuir a Iglesias los daños que presenta el dispositivo. Fue entonces cuando en menos de 48 horas el juez decretó que ya no era necesario seguir investigando y acordaba no prorrogar la investigación.
En su auto, García Castellón llegaba a decir que de las diligencias pendientes, entre ellas la declaración del jefe de la brigada política, no era de esperar que “surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación”. Las otras dos declaraciones corresponden a Dina Bousselham, que lleva año y medio queriendo trasladar en persona al juez que no se siente perjudicada por la actuación de Iglesias, y de la expareja de ésta, que fue quien envió la tarjeta a Gales.