“No se ha acreditado y no existe”. Ignacio González fue tajante durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que le interrogó por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los presuntos responsables de ese seguimiento han declarado ante la jueza que, cuando recibieron la orden de seguir a los rivales internos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, se les dijo expresamente que era por el “especial interés” que tenía en ese encargo el entonces vicepresidente madrileño.
José Oreja Sánchez y Antonio Coronado son agentes de la Guardia Civil y estuvieron destinados en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. El responsable de esa área, Sergio Gamón, les citó en febrero de 2008 a una reunión junto a otros cuatro agentes de Guardia Civil y Policía. Ante la jueza, han dicho que Gamón les dio unas instrucciones “ilegales” para hacer “seguimientos” a, entre otros, Alfredo Prada, Manuel Cobo o Cristina Cifuentes.
Los tres eran rivales políticos de Aguirre dentro del PP de Madrid. Ese año, el partido había convocado para el mes de mayo un Congreso que pondría prueba el liderazgo de Mariano Rajoy. La entonces presidenta regional, que gobernaba con una amplia mayoría absoluta e iba acumulando más poder situando a personas de confianza en instituciones y empresas públicas de Madrid, sopesaba presentarse para quitarle la silla a Rajoy.
González era entonces su mano derecha, su hombre de máxima confianza y al que luego dejó en herencia la presidencia autonómica. De su estrecha relación hay multitud de documentos gráficos y periodísticos, pero el más revelador es la intervención ante la prensa de Aguirre cuando González fue detenido por el caso Lezo. A la apodada como 'Dama de Hierro' de la política española se le quebró la voz: “Para mí, que he puesto mi confianza en él, es un palo muy muy duro”. Dimitió unos días después.
Según los acusados, en la reunión de 2008 Gamón -que había sido guardaespaldas de Aguirre y estaba colocado a dedo por ella con un sueldo de 90.000 euros- les dejó claro que los seguimientos respondían al “especial interés” de González. Los dos guardias civiles han dicho que aquella orden les escandalizó y no la cumplieron. Las acusaciones, sin embargo, creen que se prestaron a ello y espiaron a los rivales de Aguirre en sus lugares de trabajo y en sus domicilios particulares. Los partes de seguimiento y el posicionamiento de los teléfonos así lo acreditan.
El problema para González es que la alusión a su interés en el espionaje no es una nueva estrategia de los acusados. Uno de ellos ya confesó que el entonces presidente había dado la orden de hacer esos seguimientos. Lo contó en un encuentro privado cuando pensaba que nadie más estaba escuchando.
Ocurrió en 2012. Los agentes de la Guardia Civil implicados en los seguimientos acudieron a Francisco Granados, su hombre de confianza en el Gobierno de Aguirre. Tenían que declarar en fase de instrucción y se reunieron en el chalet del político para preparar ese trámite. Durante la conversación, grabada en el marco la investigación del caso Púnica, el agente José Oreja dijo que él tendría que decir la verdad ante la jueza, que todo respondía al “especial interés del presidente actual”, en referencia a Ignacio González. “La verdad es esa”, apostilla en esa grabación ante los reproches de Granados.
Al final no lo dijo en aquella ocasión, pero este miércoles sí que ha dicho lo que en 2012 definió como “la verdad”. Tras él, el también agente de la Guardia Civil Antonio Coronado ha dado la misma versión. Este jueves está previsto que declare Sergio Gamón, el entonces director general de Seguridad y quien supuestamente trasladó ese interés. González, por su parte, acudirá solo como testigo porque el caso se ha reducido a un posible delito de malversación de fondos, sin políticos acusados.
El antiguo hombre de confianza de Aguirre, que pasó por prisión preventiva por el caso Lezo, ya se ha pronunciado en multitud de ocasiones sobre el espionaje político, siempre para negarlo. En marzo de 2017, compareció por este asunto en la comisión de la Asamblea de Madrid que indaga en los casos de corrupción de los últimos años.
González repitió en varias ocasiones que el caso se había archivado en tres ocasiones, sin mencionar que otras tantas fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial. Cuando acudió a la Asamblea ya estaba presentados hasta los escritos de acusación para el juicio que ahora se celebra.
Durante aquella comparecencia le preguntaron específicamente por su “especial interés” en el espionaje a los rivales internos de Aguirre. “Todas las personas que han participado en esa reunión, que no fueron solamente esos dos, sino todos los demás, muchos más, por lo que he visto también en las actas, han dicho que eso es mentira”, respondió.
“Lo que han dicho todas las personas que han comparecido aquí, y lo que hasta este momento se ha comprobado, es que no ha existido ese espionaje; incluso, esos guardias civiles a los que usted cita, parece que en su comparecencia aquí dijeron que ellos no hicieron ningún espionaje”. Tiene razón en parte. Los agentes aseguran que no hubo espionaje, pero sí dicen que se les encargó. Y que ese encargo lo hizo González.