Igualdad acusa a Carmen Calvo de “bloquear” la llegada de las leyes trans y LGTBI y Moncloa dice que se tramitará “con rigor”

El Ministerio de Igualdad ha denunciado este lunes que la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo ha “bloqueado” la llegada de las conocida como ley trans y ley LGTBI al Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, tal y como había planificado el departamento de Irene Montero. Desde la parte socialista del Ejecutivo sostienen que el borrador refleja solo la posición de Unidas Podemos. “Es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos”, argumentan en Moncloa. Se eleva así un grado más la tensión entre Calvo y Montero, que chocan prácticamente desde que se pusiera en marcha el Gobierno de coalición a principios de 2020. Este martes, además, se debate en el Congreso la proposición de ley de Igualdad de Trato impulsada en solitario por el PSOE y que Unidas Podemos se inclina por no apoyar.

El pasado viernes, según fuentes consultadas por elDiario.es, Igualdad propuso ambos anteproyectos para su introducción en el orden del día de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios (CGSEYS), el paso previo para ser elevadas al Consejo de Ministros. Esta comisión se reúne los jueves y en ella se debaten y preparan los temas que irán a la siguiente reunión del Gabinete. Desde Igualdad sostienen que lo habitual es que Vicepresidencia no ponga objeciones a este paso y que sea la CGSEYS la que, en todo caso, decida si los textos están lo suficientemente debatidos y aceptados para llegar a la mesa de los ministros.

El ministerio de Irene Montero denuncia que la Vicepresidencia de Calvo ha impedido unilateralmente que las dos proposiciones que prepara Igualdad lleguen siquiera a esa comisión. “Es anómalo que se bloqueen debates de leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros”, señalan desde Igualdad.

Fuentes de Moncloa aseguran que se está trabajando en esa norma como en “cualquier otro anteproyecto de ley: con calidad normativa y seguridad jurídica y teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos”. El malestar es patente también en el sector socialista del Ejecutivo, que acusa a Igualdad de haber filtrado el borrador de la ley antes de que contara con el visto bueno del socio mayoritario. “El Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado, pero la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forma parte de este Gobierno no lo está haciendo posible, al igual que el establecimiento unilateral de unas fechas tope que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos”, señalan esas fuentes.

Desde el departamento que pilota Carmen Calvo ya avanzaron su rechazo al borrador elaborado por el ministerio y evitaron hablar desde un primer momento de fechas concretas para la aprobación de la ley. De hecho, las socialistas han mantenido en los últimos días reuniones con los colectivos LGTBI para abordar el asunto e incluso se plantean fusionar ambos proyectos legislativos. En Justicia, que es el ministerio coproponente de la ley trans, explican que el borrador les llegó hace tan solo una semana y que se está empezando a trabajar en él, mientras en Igualdad dicen que fue el día 4. La posición en este asunto dentro del PSOE, con todo, la marcará Calvo, que además de la número dos del Gobierno es la responsable de Igualdad del PSOE, informa Irene Castro.

“La decisión del Gobierno es firme para sacar adelante esta ley y su compromiso es que se haga lo antes posible, para que inicie rápidamente su tramitación parlamentaria y que no se vean frustradas las aspiraciones del colectivo LGTBI pero es necesario segur avanzando en su elaboración”, expresan en Moncloa.

Desde Igualdad califican de “sorpresa mayúscula” el “bloqueo” de la Vicepresidencia y apuntan a que este trámite permite “el debate con las comunidades autónomas, los demás ministerios y la sociedad civil, como pasa con todas las leyes que van al Consejo de Ministros”. Los anteproyectos de ley deben pasar dos veces por el Consejo de Ministros. Primero se aprueban los borradores, se remiten a los órganos consultivos, que emiten sus informes, y regresan después al Gabinete para su aprobación definitiva antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Por ejemplo, la ley del solo sí es sí, aprobada por el Gobierno en marzo de 2020, todavía no ha recibido todos los informes pertinentes.

Pugna por la autodeterminación de género

El conflicto principal se encuentra en la llamada autodeterminación de género, que implica que las personas trans puedan modificar su sexo legal en el Registro Civil sin necesidad de contar con un informe diagnóstico y haber pasado dos años de hormonación, como les exige la ley actual. El borrador propone que sea suficiente con la “declaración expresa” de la persona, algo a lo que se ha opuesto Carmen Calvo, que en una entrevista reciente mostró su rechazo a que el cambio pueda hacerse “sin más que la mera voluntad o el deseo”. La vicepresidenta insistió en que el borrador debe contar con “seguridad jurídica”, pero desde Igualdad defienden que el texto ya cumple con ese objetivo y que “son textos trabajados”.

Las mismas fuentes aseguran que ambos borradores fueron puestos oficialmente a disposición del resto de ministerio el pasado 4 de febrero. Desde entonces, apuntan, “no se ha hecho constar en estos 10 días ninguna aportación o modificación por ningún ministerio”.

En las últimas semanas, desde la Vicepresidencia primera del Gobierno sí han admitido que no se exigirán informes médicos o psicológicos, como ocurre actualmente en virtud de la ley 3/2007, pero aseguran que están buscando una manera de “certificarlo” sin, de momento, concretar ninguna alternativa. Para ello, afirman que están estudiando legislaciones europeas, entre ellas la danesa o la portuguesa, que ya reconocen la autodeterminación de género –en la primera, hay un periodo de reflexión de seis meses y en la segunda, los menores sí deben contar con un informe, aunque no diagnóstico–.

Sin embargo, el asunto no solo levanta polémica en el seno del Gobierno, sino que es objeto de un profundo y virulento debate en el movimiento feminista. Un sector considera que estas leyes tienen “nocivas consecuencias” para los derechos de las mujeres, según afirma la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en una carta enviada a Carmen Calvo el pasado viernes, a la que piden que apueste por mantener los informes médicos y psicológicos como filtro. Un tipo de requisitos que los colectivos trans consideran patologizantes y un paradigma que varios organismos internacionales reclaman superar.

En este sentido, desde Igualdad apuntan a que el impulso a la Ley Trans se basa en “en los acuerdos de los grupos parlamentarios en 2019”. Entonces, el Congreso estuvo a punto de dar luz verde a la modificación de la ley en el mismo sentido que plantea ahora el borrador y en base a una iniciativa que había impulsado dos años antes el propio PSOE. El informe de la ponencia que se debatió en la Comisión de Justicia contó con el apoyo de todos los grupos, pero decayó con la convocatoria anticipada de elecciones. En diez comunidades autónomas, además, rigen leyes que en el ámbito de sus competencias reconocen la autodeterminación de género y que se basan en este principio para permitir a las personas trans modificar, por ejemplo, sus datos en la tarjeta sanitaria o en el abono transporte.

Diferencias por la ley de igualdad de trato

Los roces entre Calvo y Montero no son nuevos y se remontan a la propia constitución del Gobierno, en enero de 2020. Entonces, el Ministerio de Igualdad promovió la reforma del Código Penal para incluir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y sumar en un solo tipo delictivo el abuso y la agresión sexual. Entonces, la vicepresidenta primera también mostró diferencias con el contenido e intentó posponer su aprobación, aunque finalmente estuvo lista para la fecha prevista: el 8 de marzo.

Las tres leyes (solo sí es sí, LGTBI y trans) forman parte del paquete legislativo plasmado en el acuerdo de la coalición que forman PSOE y Unidas Podemos. A ellas se suma una cuarta ley, la de igualdad de trato. Las partes acordaron que se tramitara por los grupos parlamentarios, con intención de descargar al Gobierno de proyectos legislativos. Pero tras negociaciones infructuosas, el PSOE optó por registrarla en solitario y sin introducir las modificaciones reclamadas tanto por Igualdad, ministerio competente en la materia, como por el grupo confederal.

Esta proposición de ley socialista llega este martes al Congreso, donde se debatirá y votará su admisión a trámite. La tensión entre los socios de Gobierno es tal que el Ministerio de Igualdad emitió un informe “desfavorable” a esta proposición de ley, algo poco habitual. Al cierre de esta información en Unidas Podemos apostaban por no apoyar al PSOE en la votación, lo que dejaría la aceptación o no de la propuesta en manos de los demás grupos y mostraría la profunda división en el seno del Ejecutivo a cuenta de las políticas en materia de igualdad.