Illa abre su mandato con el objetivo de recoser Catalunya y frenar el populismo

Que un presidente señale como su primer y principal reto el de gobernar lo mejor que sepa podría ser una obviedad pero el desprestigio de la política ha alcanzado tales cotas (no solo en Catalunya) que el simple hecho de prometerlo ya se convierte en resaltable. Salvador Illa, a diferencia de algunos de sus predecesores, no vende épica y su toma de posesión como presidente de la Generalitat ha sido una muestra más de la sobriedad con la que encara esta nueva etapa. 

“Asumo emocionado y conmovido esta responsabilidad. Pero también con la humildad de quien quiere ser a partir de hoy el primer servidor público de Catalunya. Mi principal objetivo es gobernar lo mejor que sepa para todos”, proclamó tras un juramento en el que recurrió a la fórmula clásica, la que incluye la fidelidad tanto al rey como a la Constitución.

El nuevo president aspira a “unir”, el verbo que junto a “servir” más utiliza en sus intervenciones. Pretende restañar heridas, algo que con ERC se ha demostrado posible, y no ahondar más en la división entre independentistas y no independentistas. Los socialistas insisten en lanzar un mensaje conciliador, el de no “desmontar nada”, como resumió Illa en el Parlament. 

El PSC ha presumido siempre de ser el partido que más se parece a la sociedad catalana, por su transversalidad y por su capacidad de entente con otras formaciones. El procés lo trastocó todo, también esa cualidad de la que se vanaglorian los dirigentes socialistas, y la legislatura que ahora empieza les obligará a ponerla en práctica. No solo porque quieran sino porque el PSC tiene 42 diputados en el Parlament y deberá ganarse votación a votación los apoyos para alcanzar los 68 de la mayoría absoluta.  

Illa advirtió en su breve discurso de los planteamientos demagógicos, divisivos y populistas que ponen en peligro la convivencia. No citó a nadie pero el procés no se explica sin esos tintes y la muestra más reciente es el último episodio protagonizado por Carles Puigdemont, quien ha reaparecido a través de un vídeo desde Waterloo, a donde regresó el viernes, en el que acusa a ERC de “colaborar con la represión”. Arguye que decidió no asistir al pleno de investidura por el riesgo a ser detenido. Un peligro más que conocido puesto que la orden del juez Llarena seguía vigente y los Mossos ya explicaron los días anteriores que la iban a cumplir porque ejercen como policía judicial.

El PSC ha evitado entrar en la polémica por la actuación del expresident y tampoco se ha sumado a las críticas por el operativo de la conselleria de Interior. Ha dejado que Junts y ERC se despellejasen mutuamente y que el mandato de los republicanos concluya como empezó, con la gestión de este departamento puesta en entredicho. Había que frotarse los ojos para creer que el comisario Eduard Sallent, muy bien conectado con el mundo independentista y a quien se encumbró a jefe de los Mossos para apartar al major Josep Lluís Trapero, era quien estaba criticando a Puigdemont hasta el punto de compararlo con Jimmy Jump y sus troleos en los campos de fútbol.

La nueva titular de Interior será la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, mientras que Trapero será resarcido y ocupará por primera un cargo político, el de director general. Illa ha expresado en más de una ocasión su voluntad de despolitizar la cúpula policial y darle un perfil más técnico aunque no será fácil porque son muchas las rencillas acumuladas.

Los socialistas no solo quieren mejorar la imagen en la conselleria de Interior sino que pretenden hacer bandera de la gestión en todo el Govern tras más de una década en que la emotividad se ha antepuesto a la diligencia. Es una fórmula que les ha permitido mantenerse en muchos de los principales ayuntamientos del área metropolitana incluso en las horas más bajas del partido. Illa quiere hacerlo sin alentar nuevos enfrentamientos con las fuerzas independentistas y dando cumplimiento al pacto de financiación firmado con ERC pero sin crearle a Pedro Sánchez más problemas de los que ya tiene. Un encaje complicado cuya finalidad no es otra que evitar que un secesionismo dividido y debilitado se recupere y también combatir la regresión democrática que implica el auge de la extrema derecha representada por Vox y Aliança Catalana. 

Alicia Romero, la que ha sido la mano derecha de Illa en el Parlament y una de las forjadoras del pacto con ERC será la nueva consellera de Economía y la encargada de encarrilar la nueva financiación con la vicepresidenta María Jesús Montero. La ministra, que asistió a la toma de posesión del nuevo president, rompió este sábado su silencio para expresar su apoyo al acuerdo firmado con los republicanos y subrayar que incluye “la solidaridad” con el resto de comunidades.

La nueva consellera de Economía ya ha demostrado sus dotes negociadoras en los pactos presupuestarios alcanzados la pasada legislatura con el Govern de Aragonès. Ahora tendrá que arremangarse para lograr no solo que la vicepresidenta Montero facilite la concreción del nuevo modelo para Catalunya sino que en el Congreso puedan abordarse las reformas legislativas necesarias para implementarlo. Romero es de las dirigentes del PSC con mejor relación con el grupo parlamentario de Junts. Pero eso era en el Parlament. La cosa cambia y mucho en el Congreso, donde no está nada claro que el partido de Puigdemont vaya a remar a favor del acuerdo suscrito entre socialistas y republicanos.

La elección de Albert Dalmau, hasta ahora gerente del Ayuntamiento de Barcelona, como conseller de Presidència, ejemplifica también la importancia que Illa dará a la carpeta económica y a la mejora del funcionamiento de la Administración catalana. Durante su etapa como jefe de la oposición, el nuevo president ha encargado informes varios sobre cómo agilizar la Generalitat, desde los servicios que se prestan a los ciudadanos a los criterios para otorgar determinadas subvenciones. Deberá intentarlo sin romper el compromiso adoptado con ERC para que el nuevo gobierno no revierta medidas como las oficinas de la Generalitat en el extranjero (las mal llamadas ‘embajadas catalanas’) o el plan piloto de la renta básica universal. 

La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada en el mes de julio, apuntaba que los catalanes citaban como principal problema la “insatisfacción política”. La vivienda aparecía como el segundo, seguido de las relaciones entre Catalunya y España, la inmigración y la inseguridad ciudadana.

Este es el escenario que ahora deberá gestionar Illa, un país con ocho millones de habitantes en el que uno de cada cuatro catalanes está en riesgo de pobreza y en el que sectores como la educación y la sanidad reclaman desde hace tiempo las inversiones y la atención que se les prometió tras los años de recortes y la pandemia. Igual el pasado del nuevo president como profesor universitario y como ministro de Sanidad les ayuda en su empeño.