El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha rechazado hoy que en la ciudad autónoma haya una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos públicos, aunque sí ha reconocido que, como en cualquier institución, pueden haber “irregularidades administrativas”.
En una rueda de prensa convocada tras la detención ayer por parte de la Guardia Civil de 15 personas en distintas provincias relacionadas con contratos vinculados a la Ciudad Autónoma, Imbroda se ha quejado de lo que ha calificado como un procedimiento “desproporcionado”, alimentado también por distintas plataformas, como las redes sociales, que se han encargado de difundir informaciones “falsas”.
“Aquí no hay corrupción. Aquí nos hemos equivocado, seguro. Aquí habrá irregularidades administrativas, porque las hay, aquí, en el Gobierno nacional, en cualquier comunidad de España y en cualquier ayuntamiento, en todos los sitios, pero estamos elevando a la categoría de lo penal lo que es una irregularidad administrativa”, ha dicho.
Imbroda ha lanzado un mensaje de apoyo a todos los funcionarios de la Ciudad Autónoma, quienes, asegura, trabajan “bien y honestamente”, y que lo están pasando mal “inmerecidamente”, y ha descartado la posibilidad de que haya “connivencia” con empresarios para realizar presuntos fraudes en las contrataciones.
Ha aclarado que, de los quince detenidos en la denominada operación Tosca, sólo cinco tienen una relación directa con la Administración melillense, ya que el resto están vinculados a empresas.
“Mi confianza plena en las personas que dependen de esta casa -la Ciudad Autónoma- que ayer tuvieron problemas entre comillas y que ayer fueron detenidos o llamados por toda esta trama”, ha asegurado.
El presidente ha insistido en que, a diferencia de lo que se trasmitió ayer a la opinión pública, ningún miembro de su Gobierno fue detenido, aunque sí ha admitido que algunos de ellos, también altos cargos, se les ha comunicado su imputación y tendrán que prestar declaración en sede judicial.
Pese a que dice respetar y confiar en la justicia “con mayúsculas”, se ha quejado de su lentitud, ya que la operación Tosca deriva a su vez de la operación Ópera, que se remonta “tres años atrás”, y que también está vinculada a la adjudicación de contratos.
No obstante, se ha mostrado confiado en el “esclarecimiento de los hechos”, una vez que los detenidos y las personas que han sido llamadas a declarar puedan dar sus explicaciones.
Por ello, se ofrece a colaborar, aportando toda la documentación que sea necesaria y que sea requerida, para que la verdad se termine imponiendo.
También ha aludido al hecho de que se esté equiparando que el Tribunal Supremo le haya abierto un procedimiento por una presunta prevaricación en la contratación de un abogado con el caso de los ERE en Andalucía, algo que, a su juicio, no es comparable.
Según su criterio, en su caso se contrató a un abogado, que hizo un trabajo, por el que se le pagó “un precio justo”, mientras que en Andalucía se dio dinero “por la cara”, subvencionando cursos de formación que luego no se llevaban a cabo.