El fin de la impunidad para un grupo de comisarios arruina la leyenda del rey emérito

Juan Carlos I fue proclamado rey de España en 1975, el año en que la Policía asignó su primer destino relevante a José Manuel Villarejo, la lucha contra ETA en Euskadi.  Cuarenta y dos años después el decadente final del todopoderoso comisario, encarcelado como cabecilla de una trama de corrupción, amenaza con arrastrar al monarca y arruinar lo que queda de la leyenda que acompañó durante casi medio siglo al rey de España. Los audios con los que el comisario jubilado intenta sacudirse las graves acusaciones en su contra han arrasado la imagen del rey emérito, aquella visión idílica del jefe del Estado ha quedado hecha añicos por la gravedad de las conductas que describe en esas grabaciones su presunta amante Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

¿Qué hacía un policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía entrevistándose con la amiga del rey en Londres con un importante empresario como testigo en la cita? La respuesta, o la falta de ella, resultan esclarecedoras. Villarejo se definía a sí mismo como “agente encubierto”, un cajón de sastre que le ha servido durante cuarenta años para justificar su presencia en escenarios y situaciones que desbordan la misión que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reserva a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Una situación que toleraron, cuando no fomentaron, todos los gobiernos de la democracia: desde UCD al PP pasando por el PSOE. A todos les resultaron útiles esos servicios de policías acostumbrados a vivir en el límite de la ley e incluso a salirse por fuera de ella ya fuese para misiones antiterroristas o cualquier otra misión de Estado que se les encomendase.  

Ocurrió recientemente con la Operación Cataluña, cuya legalidad siguió defendiendo Villarejo en sede judicial, a pesar de que la búsqueda prospectiva del delito en que consistía, la falta de control judicial y su intencionalidad política también sobrepasaban todos los cometidos de la Policía.

Tanto las maniobras contra el proceso soberanista como el viaje a Londres para entrevistarse con la comisionista amiga del rey se producen en el periodo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y del comisario Eugenio Pino al frente de esa Dirección Operativa, una de las etapas más oscuras del Cuerpo, según coinciden mandos de una y otra época. En esas alcantarillas del Estado se movía Villarejo con tres DNI distintos y otras tantas identidades falsas facilitadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esa libertad de movimientos que él defiende abarca gran parte de la carrera del comisario más famoso de España y sólo acabó tras su jubilación hace dos años. Villarejo estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993, año de su regreso con el socialista José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior. También con el PSOE en el Gobierno, el comisario recibió el encargo de investigar el ático de Ignacio González, uno de los dirigentes más poderosos del PP en Madrid y rival político de los socialistas en aquel momento.

Es el mismo Villarejo que sigue imputado por agredir a una doctora en Madrid, presuntamente por orden del empresario Javier López Madrid, el amigo o antiguo amigo del actual jefe del Estado, hijo de Juan Carlos I. Felipe VI y la reina Letizia trasladaron su apoyo a López Madrid en pleno escándalo de las tarjetas ‘black’ con unos mensajes cuyo contenido desveló en marzo de 2016 eldiario.es. Habían pasado cuatro años desde que su padre pidiera perdón a los españoles por romperse la cadera en una cacería de lujo en Botswana, junto a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, mientras la crisis económica devoraba a buena parte de sus súbditos.

Operación Tándem, el golpe definitivo

Villarejo es también el cupable de que un país entero asista ahora perplejo a un  espectáculo nunca visto. Programas en prime time y tertulias de radio que durante décadas cantaron las bondades de la monarquía y presentaron al Rey Juan Carlos como una figura intocable garante de la democracia y la unidad de los españoles, hablan ahora sin tapujos de sus amantes, de sus cuentas en Suiza y de los mismos testaferros que sirvieron a la red Gürtel para esconder el dinero de sus millonarios botines. 

Todo eso sucede porque el futuro del comisario Villarejo se torció definitivamente el 3 de noviembre del pasado año, cuando fue detenido por Asuntos Internos acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

No era la primera investigación desde que, en poco tiempo y después de años en el anonimato, distintos casos lo han colocado continuamente bajo el foco. Las pesquisas a raíz del caso del Pequeño Nicolas, que lideró su antiguo compañero de la policía política y hoy enemigo, el comisario Marcelino Martín Blas, fueron rechazadas por Fiscalía y jueces por inconsistentes. Pero esta vez la Audiencia Nacional asumió las tesis de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos y ordenó detener y encarcelar provisionalmente a Villarejo como pieza principal de la llamada Operación Tándem.

El grueso de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa secreta ocho meses después. De lo conocido hasta ahora se desprende que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa comenzaron a tirar del hilo que proporcionó un empresario para desmontar toda la trama liderada por el comisario, una organización dedicada a vender a un alto precio dossieres para desacreditar a rivales empresariales, políticos o para torpedear procesos judiciales o blanquear dinero.

Escuchas y fondos reservados

La investigación apunta que esa organización criminal estuvo liderada por Villarejo también durante su periodo en activo. En ella desempeñaron distintos papeles otros dos comisarios, según la investigación, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño, conocido éste último en ambientes policiales como El Gordo. Ambos fueron jefes de una de las unidades más sensibles de la Policía, la Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de los seguimientos y escuchas en materia antiterrorista, de la captación de fuentes, del manejo de fondos reservados, el lugar donde recaían los “encargos especiales” de los distintos gobiernos, el eufemismo habitual para las misiones sin control judicial.

Como en el caso de Villarejo, los dos comisarios entraron en la Policía en plena Transición. García Castaño dos años después que el anterior, en 1975; Salamanca, en 1979. La carrera en la Policía de los tres, ahora manchada por la Operación Tándem, ha corrido paralela al reinado del monarca. A su manera, todos han disfrutado del beneplácito político y mediático o al menos de su silencio. La lacra de tantos años de terrorismo, el intento de golpe de Estado, y las supuestas necesidades de una democracia incipiente contribuyeron a que algunas instituciones quedaran fuera del control del Parlamento, de los medios de comunicación y a veces también de la Justicia. 

Juan Carlos I fue el símbolo del sistema político construido tras la dictadura. Los comisarios recibieron cuarenta años de cobertura a una forma de actuar por el bien superior que implicaba el combate del terrorismo y más recientemente la gravedad del desafío soberanista catalán.

La prensa no fue ajena a todo ello y ahí está el papel que desempeñaron algunos medios de comunicación en la Operación Cataluña, con la publicación de informes “de inteligencia”, apócrifos, construidos para ser difundidos cuando convenía y no para entregarlos a un juez.

La relación con los jueces: “Baltasar es amigo”

De aquella era de los grandes despliegues humanos y de medios para combatir el azote de ETA procede la estrecha relación entre los comisarios y jueces de la Audiencia Nacional. “No te preocupes, Baltasar es amigo”, le dijo García Castaño al comisario condenado por el caso Faisán en un pinchazo telefónico. El mismo Baltasar Garzón que a través de su despacho de abogados se ha hecho cargo ahora de la defensa de García Castaño, como lo hace desde noviembre de la de Carlos Salamanca. El juez defendió los servicios al Estado de Villarejo en el programa de Jordi Évole dedicado al comisario.

El abogado considerado mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, quien permanece junto a él en la cárcel de Estremera, es socio de un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que hace una década montó una escuela jurídica por la que pasaron, cobrando, una larga lista de magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y en la que tuvo una participación de promoción activa el fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado invierno. 

Los indicios reunidos por Anticorrupción señalan que los tres mandos detenidos en la Operación Tándem habrían compaginado su trabajo de funcionarios con la práctica del delito, sirviéndose precisamente de su impunidad para enriquecerse. Su historia se cruza ahora con la del rey Juan Carlos I, a quien la archifamosa Corinna  presenta ahora en esas cintas como un comisionista y un defraudador fiscal. “Yo estaba delante cuando pedía dinero para Nóos. No distingue lo legal de lo ilegal”, aparece diciendo su presunta amante en las grabaciones realizadas por Villarejo.

Ninguno de los protagonistas ha desmentido lo que se dice en esas cintas. Zu Sayn Wittgenstein ha emitido un comunicado para lamentar que se haya montado una campaña de desprestigio contra ella. Y la defensa de Villarejo ha confirmado, a través de otra nota de prensa, que las grabaciones difundidas son parte del archivo secreto del comisario, incautado en los registros de la Operación Tándem, que ya ha originado otras piezas separadas y detenciones contra clientes del negocio de Villarejo. En la nota del letrado Ernesto Díaz Bastien se sugiere que la Policía podría haber filtrado las grabaciones.

Desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía Anticorrupción guardan silencio a la pregunta de si esos audios han sido localizados ya entre el abundante material requisado al comisario y si son objeto de alguna investigación. Sobre las publicaciones en los medios, una fuente de las pesquisas se limita a señalar: “Villarejo no nos va a marcar los tiempos”. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió este viernes a través de su portavoz Isabel Celaá que las grabaciones “afortunadamente no afectan a Felipe VI” y subrayó tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo ni las considera.

En el sumario que ha permitido airear todo el escándalo figura también el comisario Carlos Salamanca que llevaba muchos años fuera de la lucha antiterrorista cuando fue detenido en noviembre. Antes de su último destino al mando de una unidad central contra la inmigración irregular fue el jefe policial del aeropuerto de Barajas. Allí habría protagonizado distintas corruptelas a cambio de dádivas de ciudadanos guineanos a los que facilitaba la entrada en España, según los investigadores.

El policía conducía dos Porsche que los investigadores creen recibió a cambio del trabajo para los guineanos. Fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería por un grupo de agentes de Asuntos Internos que encabezó para la ocasión el comisario jefe de la Unidad, quien tuvo que lidiar con la oposicion inicial del entonces jefe de Extranjería, Juan Carlos Ortiz, a que el arresto se produjera en sus dependencias.

La investigación a García Castaño continúa secreta, pero desde la Audiencia Nacional se comunicó el viernes que está acusado de cobrar por facilitar datos protegidos de personas para los dossieres que elaboraba Villarejo. Su pareja y su hija están también imputadas. Ambas conducían sendos BMW a nombre de empresas de Villarejo, según fuentes jurídicas. También un hijo de Salamanca figura como investigado. La detención de García Castaño representó un choque entre el juez Diego de Egea y los fiscales del caso. El primero no acordó el arresto, que se hizo a instancias de la Fiscalía. Después, el Ministerio Público solicitó prisión incondicional y el magistrado decretó la libertad con medidas cautelares. 

“Encargos que nadie se atrevía a hacer”

En el centro de todo está el comisario Villarejo quien asegura que su fortuna procede de la recalificación de unos terrenos familiares en Córdoba y del trabajo que realizó en la década que se mantuvo en excedencia fuera de la Policía, entre 1983 y 1993. Precisamente, defiende que regresó al Cuerpo porque el Estado necesitaba una estructura empresarial ajena para dar cobertura a determinadas operaciones. También asegura que nunca ha cobrado de fondos públicos por su utilización. Desde el entorno de los policías defienden sus éxitos policiales: “Hacían lo que les encargaban y lo que nadie se atrevía a hacer”.

El comisario jubilado afirma en un texto, publicado por elespanol.com, que también la visita a Corinna constituía una misión de Estado. Que viajó a Londres a ganarse la confianza de la amiga del Rey por encargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que quería averiguar el nivel de amenaza para el Estado y la Corona que era la comisionista alemana. La carta habría sido redactada por el comisario para ser entregada al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero como siempre acabó en los periódicos.

El CNI guarda en este asunto el silencio oficial de costumbre. Un silencio que solo rompió cuando Villarejo, en una de sus “notas informativas”, acusó a la Inteligencia española de negociar con Jordi Pujol para que éste no revelara las supuestas cuentas del rey en Suiza. El Mundo publicó esa nota en enero de 2017, once meses antes de la detención de Villarejo. Un portavoz del servicio secreto español hizo entonces un comentario sin precedentes al mismo periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.