El juez imputa al BBVA por corrupción en el caso Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha accedido a la petición de Anticorrupción y ha imputado al BBVA en el caso Villarejo por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según informan fuentes jurídicas. El magistrado ha acordado también requerir al banco que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad en el proceso al tiempo que rechaza la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado.
La Fiscalía había pedido la imputación del BBVA “como persona jurídica” por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó la entidad al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.
Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasa en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubila en 2016.
En el escrito que la Fiscalía presentó ante el juez Manuel García Castellón, el ministerio fiscal asegura que de la documentación analizada quedarían acreditados pagos “presuntamente ilícitos” a la mercantil CENYT, empresa desde la que operaba Villarejo. Fiscalía responsabiliza al BBVA de la contratación de esos “servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito”.
El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Varios medios han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA a través del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.
El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.
El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.
La reforma del Código Penal del año 2010 introdujo la posibilidad de imputar a las empresas y otras organizaciones como personas jurídicas. Las penas que prevé la ley van desde sanciones económicas a la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para contratar con el sector público, pasando por el cierre de locales o la suspensión de actividad por un tiempo. La más grave es la disolución de la persona jurídica y la prohibición para que realice cualquier actividad, aunque esta sea legal.
