La imputación de Rajoy en Andorra busca la X de la Operación Catalunya que la Justicia española se resiste a investigar

Ocho años después de la primera información sobre su existencia, la investigación de la Operación Catalunya se abre paso en los juzgados. La sordina que la Audiencia Nacional viene poniendo sobre la operación parapolicial para contrarrestar el proceso soberanista en Catalunya, de forma prospectiva y sin control judicial pero con fondos del Ministerio del Interior, se ha roto en un juzgado de Andorra, que investiga formalmente a varios mandos policiales y políticos, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La noticia llega tres semanas después de que el comisario al mando de aquellas maniobras, Eugenio Pino, haya sido condenado en un un tribunal de Madrid por intentar adulterar el caso Pujol.

Bautizada tiempo después de ponerse en marcha como Operación Catalunya, las maniobras policiales contra el procés arrancaron al poco de que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa. El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló que un grupo secreto de policías rastreaban información sobre supuestas corruptelas de líderes soberanista y sus entornos fuera de cualquier causa judicial. En ese contexto, Andorra se revelaba como un escenario clave y la familia Pujol como un objetivo prioritario.

La actuación de la justicia andorrana llega mientras en España la Operación Catalunya se ha convertido en el elefante en la habitación del caso Villarejo. El juez y la Fiscalía se resisten a que la gran causa de la Audiencia Nacional que investiga la utilización partidista de la Policía en el caso Kitchen, para borrar pruebas de la corrupción del PP en manos de su extesorero, se adentre en las maniobras contra el procés. En uno de sus autos, el juez instructor, Manuel García Castellón, defiende la legalidad de la actuación de Villarejo en la época de la Operación Catalunya porque consistía en “captar información” sobre corrupción en la citada comunidad autónoma.

Recientemente, El Periódico de Catalunya informó en exclusiva de que la actuación contra Xavier Vinyals, miembro de la esfera independentista, ha implicado la apertura de una pieza separada, y secreta por ahora, del caso Villarejo. Vinyals fue objeto de uno de los informes incautados al comisario que el juez García Castellón había apartado de la causa por considerarlo secreto de Estado. 

Las querellas que han propiciado la imputación de Rajoy y el resto de presuntos responsables de la brigada política fueron puestas hace casi seis años en Andorra, de un lado por el lnstitut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, exmáximo accionista de la BPA. Los escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, para obtener de forma irregular información bancaria de la familia Pujol en el país vecino. En su resolución, la magistrada cita los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.

A la entidad bancaria andorrana BPA pertenecerían los datos del dinero de Jordi Pujol y otros miembros de la familia que fueron publicados por el diario El Mundo y que provocaron que el expresident catalán admitiera que él y su familia escondían dinero en el extranjero, aunque aseguraba que la procedencia de 4,5 millones de euros era una herencia familiar y no la corrupción durante 23 años de gobierno autonómico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). 

Paradójicamente, ha sido la conocida guerra de comisarios, miembros todos ellos de la brigada política, la que había generado hasta ahora la información sobre las maniobras policiales en Andorra. El IDHA y la entidad Drets han solicitado a la instructora la testifical del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien ya ofreció explicaciones por escrito –estaba en la cárcel– a la Justicia andorrana en marzo 2019 sobre el episodio de la BPA en una de las causas abiertas por denuncia de Cierco.

Guerra de comisarios e inmunidad diplomática

Para entender el interés de Villarejo por colaborar hay que recuperar la lista de investigados, en la que figura uno de sus máximo enemigos, el también comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, la unidad sobre el terreno en la Operación Catalunya, y comisario enfrentado después al policía encubierto, coincidiendo con el choque entre este y el CNI.  

Otro instrumento útil para seguir el hilo de la Operación Catalunya en Andorra es otro policía, el inspector jefe Celestino Barroso, también imputado por la jueza. Fue agregado de Interior en la embajada española de Andorra entre julio de 2014 y junio de 2017. Higini Cierco señaló ante la jueza instructora a Barroso como uno de los policías españoles que le trasladaron las instrucciones respecto a las cuentas de los Pujol, pero también de otras supuestas de Artur Mas y Oriol Junqueras. 

Celestino Barroso estaba sustituyendo en el puesto de agregado de Interior en Andorra a Bonifacio Díaz Sevillano, uno de los mandos de la primera línea de esa brigada política que fue juzgado y absuelto por intentar introducir información robada a los Pujol en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y que en la actualidad está imputado por su presunta participación en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El pasado verano, el actual Gobierno advirtió al diputado de PeDeCAT Sergi Miquel que Barroso está protegido por la inmunidad diplomática de las acusaciones que le formula la justicia andorrana. 

Según han publicado varios medios españoles, Higini Cierco y Joan Pau Miquel entregaron la información sobre el dinero de los Pujol en un céntrico hotel de Madrid a Martín-Blas. Este y otros miembros de la brigada política les habían amenazado con intervenir el BPA de acuerdo con las autoridades estadounidenses por las sospechas de blanqueo de capitales procedentes del delito internacional que pesaban sobre la entidad. 

Pese a ello, los Cierco perdieron el Banco de Madrid, una entidad de la que poseían el 75% y que fue intervenida por el Banco de España a partir de una denuncia del Fintec, el departamento antifraude del Tesoro estadounidense, en marzo de 2015. Los hechos tenían suficiente relevancia penal como para que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella a partir de una denuncia del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. Tras años de investigación, la causa resultó archivada. Los Cierco reclaman 142 millones de euros al Banco de España por considerar que su intervención y la del Sepblac, “lejos de atajar la crisis vivida, precipitó su final en unos días”, según informó El País el pasado enero. 

Operación al más alto nivel político

Los querellantes consideran que a la operación parapolicial le acompañó otra de alto nivel político entre los gobiernos de Andorra y España. Además Drets y el IDHA quieren que testifiquen varios exresponsables políticos andorranos por el episodio en el que enmarcan las presuntas coacciones de los líderes españoles: la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 a Andorra, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano, Toni Martí, y los ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé.

Dos meses después, la autoridad financiera estadounidense emitiría un aviso de primer orden en materia de blanqueo de capitales que acabaría retirando menos de un año después. En el camino el Gobierno andorrano intervino la BPA y cesó a sus responsables en lo que supuso la mayor convulsión en décadas del sistema bancario del principado. Ahora la Justiica del Principado ha decidido investigar al máximo responsable del Gobierno bajo el que operó la policía politica, Mariano Rajoy, a quien los tribunales españoles han eximido de toda responsabilidad en la corrupción del PP y de los Ejecutivos que presidió entre 2011 y 2018.