La imputación de Rocha enreda aún más el rumbo de una Federación de Fútbol atrincherada en el rubialismo

Pedro Rocha se levantó temprano el viernes por la mañana, se puso el traje y se dirigió a los juzgados de Majadahonda. Allí le esperaba la jueza Delia Rodrigo para tomarle declaración como testigo en los casos de corrupción relacionados con Luis Rubiales y la Federación de Fútbol –posible blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, tráfico de influencias–. Cuando cruzaba el arco de seguridad, Pedro Rocha no sabía qué acontecería dentro de la sala pero ya había despejado su futuro profesional: iba a ser presidente de la RFEF por aclamación, ya que la anterior medianoche había sido el único de los tres aspirantes que había conseguido reunir los avales necesarios, avales que entrega la misma asamblea general que aplaudió sonoramente en pie a Rubiales cuando dijo cinco veces que no dimitía tras el beso a Jenni Hermoso. A efectos prácticos no hacía falta ir a elecciones y la RFEF proclamaría su presidencia provisional en las horas siguientes.

Declaró más de media hora ante la jueza y negó conocer detalles de adjudicaciones o la Supercopa pese a ser el máximo responsable de la comisión económica y luego vicepresidente de Rubiales, que tenía tanta confianza en él que lo nombró su suplente. Pero el interrogatorio del fiscal se detuvo después de varias respuestas evasivas y se le dijo que pasaba a ser investigado y que tendría que acudir otro día con su abogado. Había entrado como aclamado presidente del poderoso fútbol español y salía imputado, poniendo aún más caos en un proceso de supuesta regeneración de la Federación de Fútbol que no acaba de arrancar.

¿Resisten los estándares del fútbol español haber estado dirigido 30 años por el imputado Villar, cinco años por el imputado Rubiales y empezar un mandato con el imputado Rocha? Fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del gobierno, se muestran preocupadas, ya que lo ocurrido “agrava la crisis en la Federación”, e informaron este viernes que han hablado con la FIFA –ya se sugirió que el organismo internacional podría tomar medidas como la intervención de la RFEF– y las conversaciones “continuarán en las próximas horas”. Otras fuentes críticas con el sistema Rubiales y cercanas a otros candidatos remachan que no es una sorpresa, “se veía venir porque el proceso de cambio se ha cerrado en falso”.

¿Por qué? Pedro Rocha no es un recién llegado, ni mucho menos. Ha sido vicepresidente económico con Rubiales –y, por tanto, ha tenido responsabilidad en contratos que ahora están bajo sospecha y por los que le preguntó el fiscal– y posteriormente fue nombrado vicepresidente. Rocha, líder de la federación extremeña, fue el único que se salvó en la agónica y errática gestión del beso a Jenni Hermoso y a quien Rubiales eligió para que fuera su sustituto temporal un día antes de que la FIFA lo descabalgara del cargo. El actual candidato quedó así al frente de una comisión gestora que, según el artículo 31.8 de los estatutos de la Federación, tiene el único cometido de convocar elecciones para elegir presidente por el mismo tiempo que le quedaba a Rubiales de mandato.

Rocha no solo no lo hizo, sino que se puso los mismos 600.000 euros de sueldo, convocó la asamblea y pretendió convocar elecciones también asamblearias, además de cesar a Vilda o al exsecretario general. Le costó una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que, según el denunciante, Miguel Galán, ha resuelto que se excedió en sus funciones y lo contempla como “falta muy grave”, requisito esencial para que el CSD lo inhabilite como presidente, como dice la Ley del Deporte, cargo para el que estaría a punto de ser proclamado ya que es el candidato único. El CSD ha asegurado a elDiario.es que la resolución del TAD no les ha llegado, de manera que no ha especificado si lo inhabilitaría o no en caso de que se le abriera una sanción por falta muy grave y la RFEF lo proclamara como su nuevo líder. Galán ha adelantado que va a impugnar su candidatura, de modo que se alargará su proclamación unas semanas.

A esta posible sanción administrativa que lo podría dejar fuera de la presidencia hay que sumarle desde este viernes la imputación judicial. La comisión gestora de la Federación opta por no hacer declaraciones ni tomar ninguna medida y lo encuadran en un simple “cambio de situación procesal de un candidato”. Rocha, por su parte, tampoco da señales de que sus causas vayan a hacerle desistir de la presidencia de la RFEF y ha enviado un comunicado en el que dice ser el “primer sorprendido” por la imputación, apela al apoyo “del 75%” de la asamblea que ha recibido como candidato y sus portavoces dicen que “no tiene conocimiento ni, por tanto, responsabilidad alguna de los hechos que se están investigando. Por eso, avanza que defenderá su inocencia y su honradez hasta las últimas instancias”.

Escenario de futuro

Así las cosas, el futuro de Rocha depende de lo que quiera hacer Rocha. Y de la presión que pudiera ejercer el CSD –limitada porque la RFEF es una entidad privada aunque de “utilidad pública”–, que sí podría actuar si el TAD ve falta muy grave. La propia Federación no ve motivos para mover ficha y la FIFA, de quien depende de la Federación y que ha estado manteniendo entrevistas, no ha interferido ni ha comunicado que pretenda intervenirla. También los presidentes de las territoriales, miembros natos de la asamblea y con gran poder, podrían hacer presión a Rocha para que desistiera y se iniciara una transición. Por la parte de la imputación judicial, solo con una sentencia firme se puede inhabilitar a un candidato, según la reciente orden electoral aprobada dice en su artículo 17. Todo ello con la Eurocopa a las puertas y un Mundial por organizar en 2030. Si Rocha se marcha o lo suspendiera el CSD, la Federación quedaría en un proceso electoral a medias y de nuevo sin líder ni renovación.

Como presidente interino –desde la dimisión de Rubiales tras el Mundial femenino hasta que convocó elecciones la pasada semana– Rocha prometió “una revisión de las actuales estructuras directivas de la organización, que sigue en marcha”. Sin embargo, fue el último líder institucional en publicar un comunicado contundente condenando a Rubiales, de quien nunca pidió su dimisión. Lo hizo el 5 de septiembre y con Rubiales ya fuera de la Federación. También fue cuestionado cuando obligó a las jugadoras a acudir a la concentración de la selección española, lo que generó su primera crisis y se saldó con los pactos de Oliva, ya que la RFEF cedió y se acordó celebrar una comisión mensual a tres bandas y con el CSD implicado. “Ahora escuchan”, destacaban entonces las portavoces de las jugadoras, que encontraron en Rocha una actitud más respetuosa que en su antecesor.

Salvo cuatro ceses y la dimisión, la estructura de la RFEF siguió funcionando con Rocha igual que con Rubiales. Prácticamente mismas personas, mismos cargos pero con la energía puesta en arreglar una salida a la interinidad y que el siguiente presidente fuera él mismo, intención que nunca ocultó.

Pero si una foto le ha hecho daño ha sido la de los agentes de la UCO de la Guardia Civil, la división anticorrupción, entrando en la sede de la RFEF para llevarse miles de mails y discos duros y detener a siete personas. El motivo: que la Federación no estaba colaborando con la jueza que este viernes le ha imputado. Entre la información que se estaba reteniendo está la estructura y los responsables de las comisiones que dieron luz verde a la Supercopa de Arabia o a contratos con Gruconsa, la empresa sospechosa de dar mordidas en obras como la reforma del estadio de La Cartuja. El presidente de una de esas comisiones por las que preguntó la jueza cuando se aprobaron los contratos sospechosos era el propio Rocha, que negó tener nada que ver ante el fiscal.

Medidas a medias

Como reacción tras los registros, Rocha anunció que apartaba de sus cargos –no ha despedido ni suspendido de sueldo– a dos directivos imputados (el de recursos humanos y el de servicios jurídicos), así como a Tomás González Cueto, abogado y mano derecha de Rubiales que ha seguido gobernando la Federación hasta hace un mes con el beneplácito de Rocha. También mantuvo en sus puestos a dos directivos imputados por coacciones a Jenni Hermoso, Albert Luque y Rubén Rivera. Después de saberse que van a juicio, tampoco los ha despedido y siguen cobrando de la RFEF, aunque apartados de sus funciones.

¿Cómo es posible que el delfín de Rubiales, denunciado al TAD, ahora imputado por una jueza con la que no colaboró y que ha mantenido a otros directivos también imputados sea el único y mejor candidato para regenerar el fútbol español? La respuesta está en la Asamblea General, la que avala candidatos y vota al presidente. La actual está formada por las mismas personas que aplaudieron a Rubiales en su comparecencia tras el beso a Jenni Hermoso: 140 miembros de los cuales seis son mujeres.

Como explican fuentes conocedoras de la Federación, la clave está en que los asambleístas “vienen ya cocinados” y son personas de la máxima confianza de los presidentes de las territoriales (que recibieron del rubialismo sobresueldos de 100.000 euros anuales gracias a un convenio especial). elDiario.es ha podido comprobar en las candidaturas de años anteriores cómo coincide prácticamente siempre el número de plazas a la asamblea según la circunscripción y estamentos (árbitros, jugadores, entrenadores, clubes…) con el número de candidatos que se presentan. Es decir, no hay casi nunca competencia. Iker Casillas fue claro en un tuit sobre por dónde debía empezar la tan demandada transparencia de la RFEF.

Después de verano se celebrarán elecciones para renovar este órgano asambleario, que a su vez volverá a elegir presidente (Pedro Rocha se presenta si nada lo impide para acabar el mandato Rubiales, como dice el artículo 31.8 de los estatutos de la Federación). Pero hasta entonces, el futuro para el órgano que gobierna el fútbol español y la persona que aspira a dirigirlo es incierto, ya que solo la dirección de la RFEF y la asamblea pueden tomar decisiones de peso. Las presiones de algunos presidentes territoriales se hace notar, así como el disgusto del CSD con la nueva gobernanza en la era post Rubiales, muy similar en estructuras y opacidad a la era Rubiales.

La solución, como pasó en el caso del beso de Jenni Hermoso, pasa por los estándares éticos que se imponga el propio candidato imputado, que el CSD pudiera suspenderlo o el marco de futuro que imponga la FIFA, a quien los más críticos con Rocha miran, una vez más, como tabla de salvación.