Imputado por agresión sexual en una ONG el político del PP balear condenado por abusar de menores
El político que fuera promesa del Partido Popular en Baleares, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, vuelve a estar imputado por delitos sexuales. En esta ocasión, De Santos figura como investigado en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid por haber utilizado presuntamente su puesto en una ONG para coaccionar a presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su libertad a Instituciones Penitenciarias y que no volvieran a salir, han informado a eldiario.es fuentes del caso.
Javier Rodrigo de Santos ya había sido condenado a dos años de cárcel por gastar 50.000 euros con la tarjeta oficial del Ayuntamiento de Palma en prostíbulos masculinos, donde contrataba servicios sexuales y gastaba en cocaína importantes sumas de dinero. También fue condenado a 13 años y medio de cárcel en la Audiencia de Palma por abusar sexualmente de dos menores, amigos de sus hijos. El Tribunal Supremo rebajó la condena a cinco años porque consideró probado, entre otras cuestiones, que cuando abusó de un menor de 14 años este no se opuso explícitamente.
Las víctimas de los abusos en el domicilio del político pertenecían, como De Santos, a la organización católica ultra Camino Neocatecumenal. Rodrigo de Santos, casado y con cinco hijos, trasladó a la política sus extremistas posiciones religiosas y desde el Ayuntamiento de Palma se negó a celebrar matrimonios homosexuales. Hasta que se destapó la malversación de fondos públicos, Rodrigo de Santos estaba llamado a las más altas responsabilidades en el Partido Popular de Baleares. Con el escándalo llegó su expulsión del partido y después los años de cárcel.
El pasado 5 de diciembre Javier Rodrigo de Santos volvió a ser detenido por las presuntas agresiones sexuales en el seno de la ONG, según las citadas fuentes. La consistencia de los indicios contra él llevó a la Fiscalía a solicitar su ingreso en prisión incondicional, pero el juez Juan José Escalonilla prefirió rebajar la medida cautelar a una prohibición de acercarse a menos de 500 metros a las dos víctimas que denunciaron y a las cuatro casas de acogida de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
Según el magistrado no existía riesgo de fuga por el arraigo de Rodrigo de Santos y además justificaba tener “cierta prevención” por que uno de los jóvenes le hubiera denunciado después de que informara en su contra a Instituciones Penitenciarias. Esa decisión del juez Escalonilla fue adoptada a pesar de los testimonios coincidentes de las víctimas, de otros testigos y del intercambio de mensajes aportado por uno de los presuntamente agredidos. La causa sigue en fase de instrucción en el Juzgado número 42 de Madrid siete meses después de que fuera abierta y Rodrigo de Santos se mantiene en libertad con las medidas cautelares citadas.
Uno de los denunciantes es un joven latinoamericano, de 29 años en el momento de los hechos, que acudió a la Policía el 19 de octubre de 2017. Ante los agentes del Grupo XXII de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Madrid explicó su historia. Benjamín (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) había sido condenado a 6 años y 1 día de cárcel por intentar introducir cocaína desde su país. Sin arraigo en España, Benjamín estuvo tres años en la cárcel sin un solo permiso y la ONG del Padre Garralda constituyó su oportunidad para poder empezar a salir de la prisión.
En sus días en libertad, Benjamín comía y dormía en la casa que tiene en el madrileño barrio de Entrevías el Programa Javier, proyecto de la ONG Nuevos Horizontes para facilitar la reinserción de los presos. La ONG ofrece a Instituciones Penitenciarias y a los reclusos el entorno del que éstos carecen fuera de la cárcel, requisito para poder salir de permiso o alcanzar el régimen abierto.
Benjamín contó a la Policía que mantuvo relaciones sexuales en ocho o nueve ocasiones con el expolítico del PP “bajo la coacción de que en caso contrario le quitaría el aval, esto es, efectuaría informes desfavorables para Instituciones Penitenciarias, lo que podría tener un efecto negativo en la concesión de permisos penitenciarios”, según consta en el auto contra Javier Rodrigo de Santos al que ha tenido acceso eldiario.es.
Una semana después de que Benjamín acudiera a la Policía, lo hizo otro joven del centro, Rachid (nombre igualmente ficticio), que también ronda la treintena. Rachid explicó que Rodrigo de Santos tiene un piso en Alcobendas y que le invitó a la vivienda en varias ocasiones, que en una de ellas le intentó tocar sus partes íntimas y que el joven hiciera lo propio con él. Como ocurrió con Benjamín, Rodrigo de Santos le amenazó con retirarle el “aval” si no mantenían relaciones íntimas, a lo que Rachid no accedió. El joven marroquí aportó unos mensajes de whataspp con el denunciado que hace que su versión quede “indiciariamente adverada” por los mismos, según el auto del juez Escalonilla.
Más víctimas que no han denunciado
En sede policial compareció una tercera persona, un hombre de nacionalidad española, de más edad que los denunciantes y que había estado alojado en el piso de Entrevías. Este testigo dijo no haber sufrido el acoso, pero sí conocer cómo otros lo habían padecido. Calificó la actitud de Rodrigo de “muy posesiva” con los reclusos en semilibertad, confirmó el sistema de amenazas denunciado por Benjamín y Rodrigo y añadió que éste venía produciendose desde agosto de 2015. Este tercer testigo facilitó a la Policía el nombre de otras presuntas víctimas de Rodrigo de Santos.
Con las denuncias en comisaría arrancó una investigación policial. Los investigadores de la UFAM recabaron numerosos testimonios de reclusos en la casa de acogida, trabajadores de la ONG, voluntarios... Con los indicios acumulados, la Policía elaboró un extenso informe que entregó al juez. El 5 de diciembre se procedió a la detención de Rodrigo de Santos.
En la vistilla que solicitó la Fiscalía para solicitar prisión incondicional, la defensa de Javier de Rodrigo Santos presentó un informe de una educadora del centro para descargar de culpa al presunto depredador sexual. El juez, sin embargo, asegura que ese informe “no solo desacredita todo lo anterior sino que, contrariamente, lo ratifica”.
En dicho informe, la educadora reproduce las confesiones que le había hecho Benjamín el día antes de acudir a la Policía y en las que describe con detalle en qué consistían las relaciones sexuales a las que le forzaba supuestamente Javier Rodrigo. Todo empezaba con una visita del expolítico a la habitación de Benjamín. “Subía a la habitación, le tocaba la pierna y le hacía bajar al despacho, donde se llevaban a cabo los encuentros”, dice el citado informe. eldiario.es se ha puesto en contacto con la defensa de Rodrigo de Santos que ha optado por no haces comentarios.
El padre Jaime Garralda, fundador de Horizontes Abiertos, falleció el pasado 30 de junio a los 97 años tras varios enfermo, motivo que le apartó de la gestión directa de la Fundación y ONG. Con una vida dedicada a las personas más desfavorecidas, el jesuita creó en 1978 la Fundación Horizontes Abiertos, concebida para ayudar a los presos a rehacer sus vidas al salir de prisión. Las administraciones de distinto signo han reconocido en la ONG un valioso colaborador en el complicado proceso de reinserción. Con el tiempo, Horizontes Abiertos amplió su trabajo con reclusos a enfermos de VIH, madres presas con hijos y enfermos mentales.
La Fundación que controla la ONG se financia a través de subvenciones, contratos de gestión pública, la casilla del IRPF y donativos. El padre Garralda tejió una red de colaboradores que financiaban su proyecto entre los miembros de la alta sociedad, muchos de los cuales acudieron al funeral que se celebró la pasada semana en Madrid. El Patronato de la Fundación tiene, en cualquier caso, un claro signo político: está mayoritariamente compuesto por personas del Partido Popular, en el que militó Rodrigo de Santos hasta su expulsión, y concretamente a la corriente más conservadora en asuntos de moral.
Un Patronato con mayoritaria presencia del PP
La detención de Rodrigo de Santos provocó un seísmo en la dirección de la Fundación. Su entonces presidenta, María Dolores Navarro Ruiz, exconcejal del PP en los ayuntamientos de Madrid y Torrejón, se vio forzada a dimitir. Rodrigo de Santos había llegado a Horizontes Abiertos recomendado por una religiosa y comenzó de voluntario, según fuentes de la Fundación. Después fue contratado para cubrir una vacante de forma temporal y más adelante ascendió a responsable del Programa Javier por una decisión de Navarro, según aseguran esas mismas fuentes.
Los miembros del Patronato conocían que De Santos colaboraba con Horizontes Abiertos y algunos de ellos sabían que después cubrió una vacante, pero todos desconocían que había sido contratado para dirigir el proyecto con los reclusos, aseguran desde la fundación. Al frente del proyecto, Rodrigo de Santos cobraba 22.000 euros anuales.
La primera reunión del Patronato con la nueva directora general de la Fundación, Celia Ordoñez, fue para informar a sus miembros de los hechos acaecidos en el periodo anterior. Varios patronos abandonaron la fundación cuando conocieron lo ocurrido, afirman las citadas fuentes. Uno de ellos, según ha podido saber eldiario.es, fue el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz. En esa reunión del 20 de diciembre se acordó el despido del imputado. Otros miembros del Patronato continuaron en el mismo.
La vicepresidenta del Patronato en el momento de los hechos era Beatriz Elorriaga, ahora mismo en el Grupo Municipal de los populares en la capital y que acaba de dejar la Fundación por una cuestión de incompatibilidad con sus portavocías en temas sociales. En el Patronato estaba y sigue Luis Peral Guerra, senador del PP y exconsejero de Educación con Esperanza Aguirre. La actual dirección insiste en que ninguno de ellos sabía de la contratación de De Santos.
En el último congreso del partido, Peral abanderó una enmienda para cambiar la Ley del aborto y “reforzar el derecho a la vida”. Su iniciativa llevaba la firma, entre otros, de su antigua compañera en el patronato Beatriz Elorriaga y la de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid, que continúa a día de hoy en el Patronato. En el Patronato de la Fundación del padre Garralda hay un político de otro partido que no milita en el PP, José Bono. La Fundación ha evitado hasta ahora personarse en la causa como acusación particular.
