La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber autorizado las marchas del 8M. Le llama a declarar el próximo día 5 de junio por un delito de prevaricación.
Según ha publicado El País y ha confirmado eldiario.es, ese Franco acudirá a declarar como imputado, y le acompañarán en condición de testigo tres miembros de su gabinete: Fernando Talavera Esteso, secretario general, Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete del Delegado del Gobierno y José Luis Correas Díaz, director de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
En el auto, la jueza reclama a la Delegación del Gobierno que le entre todas las resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de manifestaciones que dictó entre el 5 y el 14 de marzo de este año. También aquellos expedientes que estaban pendientes de resolución.
Al Ministerio de Sanidad, la jueza le pide que detalle la difusión que tuvo su “Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19” y si lo envió a la Delegación del Gobierno, así como la distribución que se hizo de un comunicado de la directora general de Salud Pública sobre celebración de reuniones multitudinarias.
Rodríguez-Medel incluye en su auto que ha constatado que algunas de la diligencias de investigación “están difundiéndose en los medios de comunicación”, por lo que advierte a Fiscalía y Abogacía del Estado, así como al personal de este órgano judicial, “que la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal”.
En ese punto, también advierte a la Policía Judicial de que debe “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas”.
La jueza decidió abrir una investigación tras la denuncia realizada por el abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por haber permitido las manifestaciones del 8M que tuvieron lugar en las principales ciudades españolas.
En una providencia de hace unas semanas, la jueza decidió retirar la acusación de lesiones contra el delegado del Gobierno en Madrid al no ver “causalidad” entre las marchas del 8M y el aumento del número de contagios por coronavirus. Eso sí, mantuvo la acusación de prevaricación por haber permitido las movilizaciones y por la que ahora le cita.
La jueza tomo aquella decisión después de recibir un informe forense que descarta que se pueda establecer una relación entre las manifestaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno y un aumento en el número de casos positivos de COVID-19.