Los siete imputados de la brigada política fueron premiados durante el gobierno de Rajoy con una medalla pensionada

Los trabajos parapoliciales de los agentes que ocuparon la primera línea de la brigada política tuvieron recompensa económica. En los primeros cuatro años de Mariano Rajoy en el Gobierno, periodo en el que se efectuaron los principales encargos contra los independentistas catalanes y Podemos, seis de los siete imputados en la Audiencia Nacional fueron condecorados con una 'medalla roja', que supone una asignación mensual de por vida del 10% de su salario. Para el séptimo, Eugenio Pino, el jefe de todos ellos, Fernández Díaz reservó la más alta condecoración para un policía en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial que el director adjunto operativo recibió al jubilarse, con el aumento de un 15% vitalicio que conlleva. 

Los siete inspectores jefes y comisarios están imputados en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo, en la que se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Dos de ellos, además, el jefe Pino y Bonifacio Díaz, se sentarán en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. Los nombres de la mayoría aparecen también vinculados a la Operación Catalunya o, como en el caso de José Ángel Fuentes Gago, a las maniobras policiales contra Podemos. Fuentes Gago es el policía que dice en abril de 2016, en una grabación publicada ahora por Moncloa.com, que tiene un “mandato” de Rajoy para ofrecer residencia y protección a un exministro chavista a cambio de información contra Pablo Iglesias y otros líderes del partido. El ofrecimiento fue una maniobra extrajudicial, pero sirvió para levantar acta de unas afirmaciones y que las publicara el diario Abc.

La concesión de medallas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sometida a una ley franquista de 1964. Una Cruz al Mérito con Distintivo Rojo, la 'roja', está reservada a servicios en los que el policía ha puesto en riesgo su vida, según el texto legal. En la práctica se utiliza para reconocer relevantes intervenciones, aunque no haya habido riesgo físico, y también para recompensar lealtades o afinidades personales o políticas. La subida salarial de una medalla roja se suma a otra, es decir, tres medallas rojas suponen que un policía cobre un 30% de su salario extra. Las unidades de investigación y los puestos de dirección siempre han sido más proclives a recibirlas. Un policía de la calle solo puede aspirar a una si demuestra su pericia o valentía en una situación excepcional de riesgo.

La Dirección General de la Policía siempre ha negado a los medios de comunicación el motivo por el que se concede una medalla roja o de cualquier otro tipo. Ocurrió, por ejemplo, cuando eldiario.es desveló en 2015 que el comisario José Manuel Villarejo, entonces en activo, había sido recompensado por su participación en la Operación Catalunya. Sin embargo, la comisión de investigación del uso partidista de la Policía por el Gobierno del PP obligó a la Dirección General de la Policía a remitir un documento al Congreso que confirma la perversión del sistema de premios.

Uno de los casos más escandalosos es el del hoy comisario Andrés Gómez Gordo. El policía ha dejado en varias ocasiones el servicio activo para irse a trabajar con el PP. Gómez Gordo, al que la investigación sobre la Operación Kitchen sitúa como el captador del confidente en casa de los Bárcenas, regresó a la Policía con esa valiosa pieza en su poder. A los seis meses de reingresar fue recompensado con una 'roja' y la Policía alegó ante el Congreso que había premiado su “meritoria trayectoria profesional”.

Lo decía de un policía que hacía años que no vestía el uniforme, mientras se embolsaba un sueldo de 6.000 euros mensuales como director de seguridad de un proyecto, la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que no llegó a arrancar. Se fue con una indemnización de 100.000 euros y pasó a ser asesor de Francisco Granados antes de convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Hoy le defiende en la Audiencia Nacional uno de los abogados más caros de Madrid.

Las últimas revelaciones sobre el espionaje a Podemos con funcionarios y recursos públicos han provocado que la formación denuncie la situación de estos policías y pida la retirada de sus medallas. El Gobierno se enfrenta al mismo problema legal del que se percató después de que Pedro Sánchez prometiera retirar todas las condecoraciones al torturador Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. La Ley 5/1964 establece los requisitos para otorgar las medallas, pero no incluye un apartado con los motivos para retirarlas, explican desde Interior. Después de un intenso debate jurídico, el Ejecutivo socialista se planteó incluir una disposición adicional en la Ley de Memoria Histórica, que podría haber sido aplicada para todos los policías aludidos en esta información, pero la reforma no ha llegado a ser aprobada.

Estos son los policías imputados en la Audiencia Nacional a los que distintos sumarios y revelaciones periodística atribuyen un papel en la brigada política y la condecoración que recibieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Al patrimonio millonario del comisario, fruto de su investigada actividad empresarial, hay que sumar su pensión –se jubiló en agosto de 2016– con un 20% más de lo que le correspondería al haber sido condecorado en dos ocasiones con la medalla roja. Cada una de esas cruces corresponden a un gobierno de distinto signo. El del PSOE se la impuso en 2009, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior; y el del Partido Popular lo volvió a hacer en 2013. Con la primera, Villarejo estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial, como agente liberado, y había suministrado información relevante en operaciones anticorrupción, según cuenta un superior suyo de la época. El motivo de su última medalla roja, ya adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, es su participación en la Operación Catalunya. La explicación oficial remitida al Congreso dice que ésta última condecoración se debió a su “meritoria trayectoria profesional”.

Por haber “sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo” y “haber protagonizado una actuación que ha redundado en el prestigio de la Corporación”, el ministro Fernández Díaz otorgó al director adjunto operativo de su Policía la Medalla de Plata al Mérito Policial en junio de 2016, el mes de su jubilación. La actuación de la justicia dibuja un panorama diferente de la aportación de Pino a la imagen de la Policía. El comisario está pendiente de que se fije fecha para el juicio contra él por haber intentado introducir información robada de los Pujol en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. El comisario responderá por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos. En la pieza 7 del caso Villarejo, la del espionaje a Bárcenas, Pino está imputado por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. La medalla le supone una paga de 3.725 euros al año que se deben sumar a las de otras condecoraciones.

Se ha jubilado recientemente después de un periodo prolongado de baja por razones médicas. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, escuchas y captación de fuentes, entre otros cometidos. Está imputado en dos piezas del caso Villarejo por haber suministrado presuntamente información confidencial con la que el comisario en prisión elaboraba dosieres que luego vendía. También es investigado por el espionaje a Bárcenas. Recibió una medalla roja –tiene varias– en 2013 por “detención miembros ETA”, según la documentación remitida a la comisión de investigación. La unidad que dirigió durante más de dos décadas es clave en la lucha antiterrorista y presta servicio a grupos que investigan otros delitos especializados.

Condecorado en 2013 con una medalla roja por su “meritoria trayectoria profesional”. Desde principios de 2012 era jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, utilizada por Pino para trabajar sobre el terreno en la Operación Catalunya. Con Fernández Díaz se ampliaron irregularmente las funciones de la unidad destinada a investigar delitos cometidos por policías y se la implicó en encargos políticos, como rastrear información sobre presunta corrupción de líderes independentistas. Martín-Blas fue destituido como consecuencia de su enfrentamiento con José Manuel Villarejo y está jubilado. Recientemente ha sido imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.

“No hay propuesta”. Así consta en el apartado donde deberían justificarse los méritos para la medalla pensionada que recibió en 2014, en la documentación remitida al Congreso. El inspector jefe está de máxima actualidad tras la publicación de la grabación del encuentro mantenido con un exministro chavista en Nueva York en abril de 2016. Fuentes Gago dice que la oferta para que colabore es un “mandato” de Fernández Díaz y del mismo Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.

Mano derecha de Eugenio Pino, el 10% de aumento con la medalla roja no fue la gratificación económica más importante que recibió Fuentes Gago. Antes de que Pino se jubilara fue enviado como agregado de Interior en La Haya para que coincidiera con su mujer, a la que el director adjunto operativo había destinado esa ciudad meses antes. Ambos estuvieron cobrando 10.000 euros brutos mensuales hasta que el actual equipo de Interior les cesó al poco de tomar posesión. Cuando viajó a Nueva York ya estaba destinado en La Haya y cobraba dietas por sus desplazamientos dentro de la brigada política. También está imputado por la Operación Kithchen.

Con una trayectoria paralela a la de Fuentes Gago, este inspector jefe fue condecorado con la medalla roja en 2014. En su caso se justificó con “investigación tramas dedicadas a evadir dinero de Andorra”. Díez Sevillano había sido agregado de Interior en la Embajada española en el país vecino. Según han denunciado los dueños de Banca Privada de Andorra, fue uno de los policías que participó en la campaña de amenazas en la primavera anterior a la condecoración para que los banqueros facilitaran los datos con las cuentas de los Pujol o la entidad sería intervenida. El inspector jefe Díez Sevillano se sentará en el banquillo junto a Eugenio Pino por el caso de los pendrive de los Pujol y está imputado por la Operación Kitchen. Después de ejercer como el jefe de gabinete de Pino fue enviado a la Embajada española en México con un sueldo bruto de 11.000 euros mensuales.

La “meritoria carrera profesional” que alegó Interior ante la comisión de investigación al referirse a Gómez Gordo es digna de repaso. El recién ascendido a comisario -aprobó bajo el mandato de Zoido- se fue de la Policía para trabajar, por este orden, para Alfredo Prada, Francisco Granados y María Dolores de Cospedal. Regresó al Cuerpo apenas unas semanas antes de que ésta última perdiera el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pino le puso a dirigir las vigilancias de la UDEF aunque le tenía la mitad del tiempo en la Dirección Adjunta Operativa para participar directamente en los manejos de la brigada política. A los seis meses de regresar, fue premiado con una medalla roja.

Imputado en la Operación Kitchen, los investigadores creen que fue el policía que reclutó a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, con el que había coincidido cuando ambos estaban al servicio de Granados en la Comunidad de Madrid. El objetivo era que el chófer vigilara a la familia y robara documentación susceptible de perjudicar a los dirigentes del Partido Popular. A Ríos le pagaron 48.000 euros de los fondos reservados e ingresó después a un destino privilegiado de la Policía con 42 años. El topo también está imputado en la pieza 7 del caso Villarejo.